Licencias ‘light’ para un país cuadriculado

Dicen que la ANLA se está tomando demasiado tiempo para tramitar una licencia. La experiencia indica que son trámites complejos que requieren mucha información técnica y tienen numerosos imponderables que es necesario prever, máxime si se considera que los proyectos estudiados por la ANLA son de gran envergadura económica, física, social y ambiental. Este tipo de proyectos merecen un tratamiento especial en el momento de su formulación y estructuración y sus gestores están obligados a considerar con “responsabilidad” sus impactos y efectos en el país real que buscan transformar, para que no sea el Estado el obligado a “descubrir” con enormes costos cuáles serán esos impactos y si los efectos se pueden mitigar y a qué precio. Esto y una política muy clara en cuanto a las condiciones (ejemplo, no fracking) para que los proyectos tengan viabilidad, combinada con infraestructuras técnico-científicas de evaluación y monitoreo, conduciría a un mayor cuidado con la naturaleza y la sociedad, a mayores rendimientos económicos y menores tiempos de ejecución.

Esta compleja situación no se soluciona con un decreto exprés, ni menos alimentando la macrocefalia de la ANLA que, dadas las circunstancias, tiende a desbordar al Minambiente, supeditar a las corporaciones y realizar tareas de los institutos de investigación. El problema no es jurídico. Se trata de que las macrodecisiones sobre el desarrollo y los megaproyectos se hagan con fundamento científico y no se basen sólo en su rentabilidad y en políticas improvisadas y “aceleradas” con efectos ambientales irreversibles y cuyos costos pagamos todos.

Pablo Leyva. Bogotá.

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