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La teoría política considera que existen condiciones favorables a la democracia cuando las tres ramas del poder público actúan de manera equilibrada, cuando se ejerce control de unas sobre otras y cuando funcionan de manera coordinada, con independencia y autonomía. La teoría también enseña que quien dispone de poder tiende a abusar de él, con miras a imponer sus iniciativas y sus puntos de vista.
En un régimen como el presidencial, el presidente dispone de una gran fuerza y de mucho poder que proviene de su amplia fronda burocrática, de su posición descollante dentro del sistema, de su condición de cabeza visible y única dentro del entramado gubernamental, y de la gran cantidad de funciones y atribuciones que tiene asignadas.
Con la Rama Legislativa y la Judicial no ocurre lo mismo. Por definición están conformadas por unidades independientes, con suficiencia y autonomía para actuar, lo que les dificulta lograr acuerdos frente a las múltiples decisiones que deben tomar. En el caso del Congreso, por esencia un cuerpo político, las diferencias ideológicas y políticas llevan a amplias discusiones acerca de la manera de tratar un asunto. Esas diferencias de criterio, distintas posturas, formas diferentes de encarar los problemas y sus posibles soluciones, cuando son bien ejercidas, constituyen prenda de garantía para sus electores y hacen posibles decisiones que beneficien a la mayoría de los habitantes. Lo anterior obliga a que los congresistas entiendan su papel, la importancia que tienen dentro del libre juego democrático y que, sin dejar de lado su ideología ni sus convicciones, apunten a soluciones que representan un interés general.
Pero cuando los congresistas desatienden la responsabilidad que tienen y se transan por cargos burocráticos o por los denominados auxilios regionales alteran gravemente el equilibrio democrático. La situación es peor cuando los elegidos no tienen el menor conocimiento sobre los asuntos que deben resolver, cosa que es frecuente en nuestro medio. La situación se agrava cuando las UTL, que deberían estar conformadas por expertos dispuestos a ayudarles a entender los asuntos de difícil solución, las integran con personas que simplemente actúan como mandaderos u oficiantes políticos, o que nombran por razón de compromisos electorales. Si a esto se agregan las acciones del Gobierno, que, con el propósito de conseguir los apoyos que necesita para sacar adelante sus reformas, recurre a los medios que tiene a su alcance para obtener el respaldo de unos congresistas, debe hablarse de un grave quebranto del sistema democrático.
En todos los gobiernos aparecen teodolindos, yidis, anatolios que comercian con su voto, que no saben lo que deben votar, simples peleles de la democracia. Bajo la perspectiva constitucional que nos guía, las propuestas aprobadas en esas condiciones resultan espurias, por lo que las leyes o reformas adoptadas deberían ser declaradas inconstitucionales.
Fernando Brito Ruiz. Pereira.
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