Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
A diario en Cartagena se realizan batidas contra los vendedores callejeros que se instalan en el espacio público, pero dejan tranquilos a los dueños de restaurantes y bares que funcionan en las plazas y parques de la ciudad vieja, con el pretexto de que proporcionan empleo formal a sus trabajadores, lo que está por comprobarse en qué medida es cierto. A duras penas los administradores y jefes de cocina trabajan bajo contrato a término indefinido, ganando más del salario mínimo, pero los ayudantes de cocina y los meseros trabajan por menos del salario mínimo, que deben completar con propinas, y su ocupación es inestable porque depende del movimiento de las temporadas turísticas, que tiene meses flojos cuando más del 50% de la gente queda cesante.
De ninguna manera creo que el personal que enganchan estos establecimientos compense la pérdida de ingresos que tienen varios cientos de informales que abastecen de productos básicos a los compradores como verduras, frutas, comidas rápidas, prendas de vestir, herramientas, repuestos para electrodomésticos y muchos otros elementos útiles a bajos precios. Causa grimas escucharlos preguntarse unos a otros si las cuadrillas del espacio público han pasado por un lugar, amedrentados por las sanciones previstas por infringir las normas del ordenamiento urbano, que conllevan el decomiso de sus mercancías y de sus instrumentos y medios de trabajo.
En esto debiera regir el principio de “todos en la cama o todos en el suelo”. Lo peor es que la medida solo se presta para que los agentes del espacio público hagan su agosto cobrándoles mordidas a los vendedores que se instalan en los andenes, en el borde de las vías, en pasajes baldíos o transitan con sus carretas por las calles del centro, imponiéndoles una carga que agrava más su situación de trabajadores informales.
Se alega que hay quienes son propietarios de muchas carretas y controlan muchos puestos instalados en las aceras, que no hacen más que explotar a los vendedores callejeros y privatizar el espacio público. Pero la mayoría de las plazas y parques de la ciudad hace tiempo han sido tomados por negocios en los que hay invertidos grandes capitales y se dice que los restaurantes y bares que funcionan al rededor de las plazas de Santo Domingo y San Diego casi todos pertenecen a dos propietarios. No se justifica que los habitantes de la ciudad declinen el disfrute de estos bienes públicos para asegurar ganancias a los comerciantes y satisfacción a sus comensales, quienes se regodean consumiendo exquisitos platos y bebidas a la vista de los transeúntes que no tienen donde reposar sus posaderas.
Hernando Pareja. Cartagena.