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No comparto la aplicación de esta medida y fundamento mi postura en los siguientes argumentos, que considero certezas: el primer argumento que esgrimo es que constitucionalmente los ciudadanos tenemos derecho a defender nuestra vida, bienes y honra, y por encima de este derecho constitucional no puede pasar político de turno alguno, sea alcalde o gobernador, y ni siquiera un señor comandante militar o de Policía puede faltar a la Constitución…
El segundo argumento que presento es que las autoridades no han estado, no están, y jamás estarán en capacidad de garantizar a todos y cada uno de los ciudadanos la debida y oportuna defensa de sus vidas, bienes y honra, por lo que no es civilmente responsable pretender negar a cada ciudadano la posibilidad de hacerlo por sus propios medios y ceñidos a la ley; una prueba dolorosamente evidente, costosa y contundente de esta probada incapacidad histórica del Estado es la llamada Ley de Víctimas…
El tercer argumento que pongo sobre la mesa para justificar mi postura en contra de los planes de desarme es que los delincuentes y criminales ni obedecen ni respetan las leyes, al tiempo que no temen violarlas dada la rampante impunidad, la probada ineficacia de la Rama Judicial, así como la inocultable debilidad y laxitud del actual Código Penal… Como cuarto argumento invoco el hecho de que la gran mayoría de las heridas y muertes causadas con armas de fuego son producto de disparos hechos con armas que no han estado, no están y seguramente jamás estarán en la legalidad… El quinto argumento que presento en contra de los planes de desarme tiene que ver con la probada imposibilidad que tienen las autoridades de garantizar la igualdad de condiciones, es decir, que todos los ciudadanos estén desarmados; al no estar las autoridades en capacidad de garantizar esto, lo que terminan haciendo es poniendo en muy conveniente y probadamente rentable ventaja a aquellos criminales y delincuentes que siguen armados y ahora con mayores posibilidades de intimidar a una población respetuosa y obediente que está total y absolutamente desarmada… Para terminar, y ya no a manera de argumento que considero certeza sino como reflexión, someto a consideración lo siguiente: ¿Realmente creen las autoridades que pueden controlar el porte de esas relativamente pequeñas y fácilmente mimetizables armas, cuando no se ha podido controlar la circulación de esos enormes, contaminantes y fácilmente detectables vehículos de transporte público que operan en la ilegalidad?
Aunque entiendo y respeto la intención de esos planes de desarme, desapruebo y no comparto que además de negarnos a los ciudadanos el derecho constitucional de poder defender nuestras vidas, bienes y honra, también se les facilite a esos desvergonzados criminales y delincuentes su sangriento, cobarde, y abusivo proceder.
Francois Roger Cavard. Bogotá.
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