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En ejercicio de las excesivas atribuciones que le confiere la norma constitucional, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, determinó destituir del cargo e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego.
Es verdad que los fallos de los jueces y los pronunciamientos de los entes de control deben acatarse y respetarse, pero también es cierto que en un Estado Social de Derecho, como lo es Colombia, resulta necesario y oportuno protestar pacíficamente en contra de las decisiones antidemocráticas y antijurídicas, vengan de donde vengan.
La sanción que el procurador Ordóñez impone al alcalde Petro, argumentando que incurrió en graves irregularidades disciplinarias en el tema de la recolección de las basuras en el 2012, como que atentó contra la “libertad de empresa”, es una rampante defensa a los “monopolios” que durante décadas manejaron a su antojo el aseo del Distrito Capital. Ese es el quid del problema.
El alcalde Gustavo Petro, fue uno de los abanderados denunciantes del “cartel de la contratación” de la administración anterior, asumiendo incluso valerosamente el costo político de tener que renunciar a su otrora partido el Polo Democrático y, por ende, fundar el movimiento Progresistas, alcanzando por el voto popular la Alcaldía Mayor de la capital de la República, bajo el eslogan de una “Bogotá Humana”.
Pese a tan parcializada decisión, no se empaña ni se puede desconocer la labor que hasta hoy ha hecho el alcalde Petro: por la educación gratuita, la salud para los del Sisbén, el arte y la cultura, la nueva política de convivencia y seguridad ciudadana, entre muchas otras. En fin, su profundización en la política social.
Empero, lo más vergonzoso y preocupante, es presenciar cómo un procurador que se ha declarado confeso de la fe católica y exponente de las más ortodoxas ideas conservadoras, pretende y amenaza con su omnímodo poder, exterminar y acallar a los dirigentes políticos que profesan ideas antagónicas, prestándole un flaco servicio a su propia investidura y a la misma sociedad que representa.
Basta ya, señor inquisidor. El país democrático y las instituciones necesitan en cargos de tanta responsabilidad, a personajes incólumes y transparentes. Sus frenéticas decisiones son una afrenta contra la paz y la democracia. Es la hora de que se pronuncien las organizaciones sociales y políticas, elevando su airada voz de protesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su fallo es a todas luces una grotesca y pendenciera decisión política.
Orlando Morales. Bogotá.
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