Que las empresas extractivas extranjeras se pronuncien a favor de la paz total

Las inversiones de las mineras y las petroleras canadienses en Colombia el año pasado fueron considerables. Muchas de estas empresas operan en pueblos y zonas donde se ha recrudecido la violencia contra los líderes sociales, las mujeres y los jóvenes en estos últimos meses. En 2021, la organización Somos Defensores registró 996 agresiones contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos, la cifra más alta desde 2010. Integrantes de juntas de acción comunal, líderes y lideresas indígenas, ambientalistas, hombres y mujeres estigmatizados, víctimas de asesinatos y atentados, de amenazas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Y si es cierto, como suelen afirmar muchos analistas, que el mapa de esta violencia corresponde en gran medida a los grandes enclaves de cultivos ilícitos en el país, también es cierto que en casi todos hay presencia de grandes empresas extractivas de mi país y de otros. Hay mineras canadienses en el Nordeste Antioqueño y el Bajo Cauca, en el sur de Córdoba, Nariño y Chocó, y hay petroleras en Arauca, el Bajo Putumayo y Caquetá, lugares de masacres recientes y de amenazas y agresiones constantes contra líderes y lideresas sociales. De hecho, en tantos pueblos hoy de luto se encuentran empresas extranjeras —canadienses, chinas, inglesas, sudafricanas, estadounidenses—. Sin excepción han endosado instrumentos internacionales de derechos humanos y se han comprometido a guiarse por los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero, dicho esto, ¿cuántas han tomado una posición inequívoca y pública frente al asesinato de más de 160 líderes y lideresas sociales en lo corrido del año? ¿O frente a las decenas de comunidades aisladas y confinadas por el miedo y el terror, muchas de ellas en zonas donde operan o exploran? Como muestra de su responsabilidad corporativa social suelen enumerar las inversiones que hacen en microproyectos, en becas y donaciones a diferentes causas. Pero el verdadero compromiso a favor de las comunidades no se mide sólo en dólares. Es tiempo de dejar de pensar en facturas y gastos, y hacerse al lado de las comunidades. Por las influencias que mueven y el peso económico y político que tienen en las regiones, será muy difícil consolidar un plan de desarrollo sostenible sin la vinculación explícita de esas empresas a la letra y al espíritu de la política de paz total. Ahora más que nunca es hora de que se pronuncien a favor de la paz, públicamente y sin ambigüedades. Lo deben al país y el país se los debe exigir.

Daniel Bland. Canadá.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com