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A raíz del debate electoral del pasado 25 de octubre, el editorial de El Espectador (27-10-2015) propuso discutir la conveniencia de implementar la segunda vuelta para las elecciones locales y regionales, sustentando la propuesta con los siguientes datos: En Bogotá fue elegido alcalde con 33,10%, contra el segundo con 28,50%; en Medellín, con el 35,64%, contra 34,32%; en Cali con el 38,15%, contra 25,33%; en Cartagena con el 37,27, contra 29,48%; en Cúcuta con 35,42%, contra 30,15%; en Ibagué con 30,72% contra 24.80%. Ninguno con más del 40%.
Sostiene que, con este mecanismo, se eliminaría el voto útil para la primera vuelta; se evitaría el escándalo de las encuestas para la segunda vuelta; se daría poder a las minorías a través de las alianzas al incluir políticas puntuales, y se ganaría legitimidad con gobiernos locales y regionales más incluyentes y mayoritarios.
En la pasada elección presidencial los sectores democráticos inclinaron la balanza a favor de la paz en la segunda vuelta presidencial. No obstante, hay que situar la discusión en su debido contexto, es decir, en el marco de una reforma electoral de fondo. Las pasadas elecciones locales y regionales sí que nos brindan argumentos para enfocar la discusión. Mientras no haya una profunda reforma electoral, la segunda vuelta sigue siendo un mecanismo importante pero no suficiente para la apertura democrática.
Si no superamos las “cuatro murallas” que tiene el sistema electoral vigente, la segunda vuelta no pasa de ser un mecanismo para resolver los intereses de las clases dominantes. En otras palabras, mientras no se desmonte el paramilitarismo que elige a los barones electorales para repartirse los presupuestos municipales y departamentales; mientras no se democraticen los medios de comunicación —prensa, radio, televisión e internet—; mientras las encuestas manejen la intención de voto y formen la opinión pública; mientras el umbral y la cifra repartidora impida la participación de las minorías políticas; mientras no se permitan las alianzas y coaliciones entre partidos afines para las corporaciones públicas; mientras no haya participación democrática en el Consejo Nacional Electoral; mientras los gremios de la construcción, de la industria, del transporte, de los terratenientes y de las finanzas sean los que financian las campañas electorales, es muy difícil que la segunda vuelta tenga un significado esencial en las elecciones locales y regionales, aunque mirada en el contexto de una reforma electoral integral, podría ser un elemento progresista en la democratización de este país.
José Tiberio Gutiérrez Echeverri.
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