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Uno de los aspectos que en la hora actual requieren mayor definición es el de las relaciones entre el Gobierno central y las entidades territoriales, tomando en cuenta la elección de nuevos gobernantes departamentales y municipales. Varios de ellos no son de la línea del Gobierno nacional, por lo que no comparten sus ideas e iniciativas.
La cuestión es, considerando algunas actuaciones del presidente de la República y de algunos de sus ministros, que hay cierto regreso al modelo centralista, donde las autoridades nacionales intentan imponer sus criterios y puntos de vista a las autoridades regionales. Para ello recurren al más burdo de los expedientes, cual es la utilización de los recursos nacionales para hacer que esos gobernantes se sometan a sus ideas y puntos de vista. La situación del metro en la ciudad de Bogotá ha dejado claro que el presidente intenta usar los recursos nacionales para presionar abiertamente a la alcaldesa, para que se someta a sus pretensiones. Declaraciones posteriores a las recientes elecciones dejan entrever que va a tratar de imponer esa línea de conducta a los mandatarios seccionales.
El presidente olvida o no quiere aceptar que la Constitución consigna de manera expresa la autonomía de las entidades territoriales, por lo cual pueden disponer libremente sobre los asuntos propios de esos entes territoriales. Esto impide que otras autoridades, sin importar su orden o su función, intervengan en sus asuntos. Dada la notoria falta de recursos de las entidades territoriales, deben recurrir al apoyo del Gobierno nacional. El suministro de estos recursos tiene ciertas limitaciones, en lo que tiene que ver con condiciones técnicas previamente establecidas, en el manejo y destino de las inversiones que tienen vigilancia de la Contraloría en su utilización, según las formas de contratación establecidas, cuyo control ejercen la Procuraduría y eventualmente la Fiscalía. Pero si a estas condiciones se suman requerimientos o imposiciones del Gobierno nacional, como la que ha planteado el señor presidente en relación con el metro de Bogotá, es claro que se trata de un abuso de poder.
La elección del presidente no da, como él cree, para imponer su voluntad sin otra consideración. Esa es una forma de democracia equivocada. En la práctica, su votación solo comprende una tercera parte del total de posibles sufragantes, cuestión que no es despreciable, pero que no lo convierte en la voz única de todos los colombianos. De otra parte, es un concepto de democracia decimonónica recogido hace décadas. No se impone la voz de la mayoría, como el pretende. Tiene que respetar los intereses de las minorías, así no sean de su agrado. No debe olvidar que es presidente porque las minorías que representaba se hicieron respetar. Lo que predicaba debe aceptarlo ahora como una realidad. No puede gobernar a su antojo ni pasar por encima de quienes no están de acuerdo con él. Ese no es un modelo de democracia.
Fernando Brito Ruiz. Pereira.