Reubicar cultivadores de coca y reforestar

Los habitantes de las regiones productoras de coca viven en una economía ilegal que determina su tejido social. Son cerca de 200.000 familias —según la ONU— que viven de su producción y que hoy sufren los efectos del hambre por la caída de los precios y la falta de compradores, según informó El Espectador en su edición del pasado 3 de abril. Los efectos se sienten también en el bajonazo de la economía legal, cuyos ingresos provienen del flujo de recursos de la pasta base. Entre las causas se cuenta la sobreoferta, cuyas cifras de 2021 alcanzaron un máximo histórico de más de 1.400 toneladas. Dos fenómenos de mercado subyacen: por una parte, el crecimiento del consumo interno auspiciado por el microtráfico y, por otra, una correlativa disminución de su consumo en Estados Unidos que hizo caer la cocaína al cuarto lugar entre las drogas más demandadas.

Catatumbo, Nariño y Putumayo albergan más del 50 % de la producción total. Son zonas alejadas de centros urbanos donde los cultivadores tumban bosque y expanden los cultivos. Anteriormente el control de precio y producción era ejercido por las Farc. Las rutas de salida forman parte del contexto social. Son corredores destinados principalmente para la circulación de dicha economía ilegal, que convive con el intercambio de productos legales.

Desde el Estado se intenta implementar una política de transformación económica a partir de la sustitución de cultivos, especialmente con cacao y café, y el apoyo para su comercialización. El desafío es que estos logren competir con los atractivos financieros que ofrece la coca. Como dice el informe de Colombia +20 de El Espectador citado, “acá han llegado muchas inversiones de cooperación internacional y del Estado (…), pero no han sido efectivas ni duraderas”.

Se habla mucho de la incidencia que tiene el narcotráfico en el conflicto armado. Se piensa a veces que acabando dicha economía ilegal se reducirá la violencia, pero no se repara en que las economías ilegales se sustentan en un dominio armado sobre el territorio cuyo patrón es la extorsión y la disputa violenta entre bandas. El problema más bien es de una economía subterránea de armas que fortalecen estos dominios territoriales y que persiguen la captura de toda clase de rentas legales e ilegales. La minería ilegal y la tala de bosques florecen bajo la protección de estas armas. Ni hablar del comercio de recursos naturales más sofisticados como las ranas venenosas. Tristemente, acabado el narcotráfico, no se acabará la violencia.

¿Siendo tan apartadas estas zonas cocaleras es posible lograr competitividad de los productos legales sustitutos?

Pareciera que en algunos lugares lo mejor sea reforestar y reubicar colonos en zonas cercanas a los circuitos comerciales donde los servicios sociales del Estado puedan prestarse a mejores costos. Pero para ser real esta propuesta se requiere un fondo público de tierras que permita reubicar en tierras más productivas y transformar los tejidos sociales de las familias que convivieron por tantos años con la economía ilegal.

Sergio Roldán.

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