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Impresiona a veces que en el discurso técnico, económico y político alrededor de la política minero-energética de Colombia el debate corra el riesgo de ignorar detalles fundamentales sobre cómo funcionan los sistemas energéticos, una de las bases materiales sobre las que funciona cualquier sociedad. Este es definitivamente el caso de la carta “La Pulla del carbón”, publicada recientemente en este diario.
Esos detalles empiezan en diferenciar entre el sistema energético y el sistema eléctrico. El primero reúne toda la cadena de valor de la extracción, el transporte, la transformación y el uso de la energía en todas sus formas. En su expresión más sencilla, se resume bajo el rubro de “extracción primaria de energía”, es decir, la energía que se extrae sin procesar en un país. En Colombia, el petróleo, gas, carbón, agua, biomasa, etc. De acuerdo con los balances energéticos colombianos, más del 92 % de la extracción primaria de energía en Colombia es de origen fósil. Dado que el 90 % del carbón y alrededor de un 60 % del petróleo que se extraen en Colombia se exportan, dejan relativamente rápido el sistema energético colombiano.
En cuanto a la energía que efectivamente se utiliza en Colombia y que, entre otros, está directamente asociada con lo que el autor de la mencionada carta llama “desarrollo”, esta se refleja bajo el rubro “consumo final de energía”. Acá, de nuevo, parece que se están ignorando hechos fundamentales. La electricidad tan solo representa un 17 % de la energía final que se consume en Colombia. Esta puede verse como baja en emisiones —aunque no en impactos socioambientales (ver caso Hidroituango, por ejemplo)— al ser mayoritariamente hídrica, pues casi el 80 % de la electricidad generada en 2019 provino de hidroeléctricas. No obstante, falta un 83 % de la energía que se consume en Colombia, que no es eléctrica. Es la energía que se utiliza para el transporte, los hogares y la industria, y que en todos los casos genera emisiones de gases de efecto invernadero. Si se suma la electricidad fósil más la energía de combustibles fósiles (derivados del petróleo, gas natural, etc.) y la biomasa que se utiliza en el país, casi el 90 % de la energía final que se consume en Colombia contribuye a empeorar la crisis climática, además de ser relativamente cara y poco confiable.
Y es así como llegamos a la nuez del asunto: la carta de marras desconoce que estamos en 2021. Primero, y en consonancia con lo que sugiere el autor de la carta, después de 40 años de extractivismo carbonífero es cada vez mayor la evidencia de que se vendió el carbón y Colombia se quedó con la pobreza, enfermedades holandesas y pasivos socioambientales en aumento. Estos daños o costos de la extracción carbonífera se los han impuesto desproporcionalmente a las comunidades indígenas wayuu y yukpa, población afro y campesina en La Guajira y Cesar. No hay ningún indicio que sugiera que continuar o incluso aumentar la extracción de carbón, y ni hablar de la combustión, vaya a cambiar esto.
Segundo, hoy es considerablemente más barato generar electricidad y energía con el sol y el viento que con cualquier termoeléctrica con carbón o gas. Es más, estudios recientes indican que Colombia podría, si quisiera, apuntar a tener un sistema eléctrico 100 % basado en sol, agua y viento, en la próxima década. El resultado: menores precios de electricidad, mayor seguridad del abastecimiento y menores impactos ambientales (tanto estrés hídrico como emisiones de gases de efecto invernadero).
Ese es precisamente el objetivo que varias organizaciones de la sociedad civil y la academia llevamos adelantando en cooperación desde 2020. Por eso es fundamental entender y proponer desde los hechos y conocimientos del 2021, no desde los postulados del siglo XIX.
Felipe Corral. Investigador asociado al Grupo de Trabajo sobre Política de Infraestructura (Technische Universität Berlin).
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