Sembrar derechos campesinos

Sin créditos especiales ni subsidios, el campesinado colombiano tiene que bregar para sacar sus cosechas —en medio de esta pandemia— a lo largo de la dispersa ruralidad colombiana que no cuenta con vías ni infraestructura adecuada. Esa es la realidad de una población que, de acuerdo con la Encuesta de Cultura Política realizada por el DANE en 2019, sería la tercera parte de los colombianos que habitamos el país. A ciencia cierta, no sabemos cuántos son porque nunca han sido contados.

El panorama no puede ser más crítico para ellos: abandonados por el Estado, sin tierra donde producir, obligados por la violencia a dejar sus pedazos de parcela, asesinados de forma sistemática por buscar condiciones dignas en medio de un Acuerdo de Paz incumplido, sin créditos especiales en medio de esta pandemia, porque las empresas se quedaron con lo que el Gobierno destinó para esta población.

En medio de estas difíciles circunstancias, el Gobierno tiene hoy una ventana de oportunidad en materia de política pública y legislativa que permita saldar la deuda histórica que Colombia tiene con esta población. Y esta ventana se puede traducir en desarrollo rural integral si se logra que el campesinado sea sujeto de derechos de especial protección estatal.

Ya hay un avance que logró conseguir el campesinado en medio de una agenda de movilización y se llama artículo 253 del actual Plan Nacional de Desarrollo, “Política pública del sector campesino”. Ahora hay que volver materia viva este artículo ampliando su perspectiva hacia el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

Este Gobierno tiene el momento oportuno para sacar adelante la política pública y sus instrumentos. Contaría con las mayorías en el Congreso (impulsando a los partidos de gobierno y una bancada de oposición que muy seguramente apoyaría este tipo de iniciativas), si está dispuesto a incluirlo dentro de su agenda política en el Legislativo. Cuenta con los centros de investigación, la academia y, sobre todo, con las grandes mayorías del país. También con las sentencias de las cortes y el apoyo internacional luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara solemnemente la “Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales”.

Mejor momento no puede tener. Construir la política pública para el campesinado como sujeto de derechos es, entonces, el primer paso para apuntar a una nueva normatividad y sus posteriores reformas institucionales, de lo contrario este Ejecutivo será servil a la crisis que vive el país y responsable de lo que viene en materia de alimentos y de empobrecimiento de la población rural y urbana.

Juan Carlos Muñoz.

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