Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Regularmente sus editoriales llaman la atención sobre temas sensibles de la vida pública con independencia y equilibrio. Sin embargo, no es el caso de su editorial titulado “Estigmatizar desde el poder a quien vigila no es democrático”.
Los llamados de atención a una actuación democrática de los gobernantes, basados en la función social de control político del periodismo, no se pueden reducir a un esquema simplista de solidaridad gremial. El marco de referencia ético para desarrollar críticas tan objetivadas y tan poco argumentadas como esta no puede ser la armadura de la libertad de expresión, sin una ponderación de otros derechos en juego.
Voy a poner un caso hipotético. Un grupo de empresarios que han manifestado públicamente sus posiciones homofóbicas y su poca confianza en la democracia compran uno de los medios de comunicación más fuertes del país. Este medio inicia una línea editorial consecuente con las convicciones políticas de sus propietarios, utilizando todo tipo de estrategias de comunicación (no periodísticas), las cuales incluyen el uso sistemático de fake news. Este medio fortalece la visión del Gobierno Nacional de turno, que coincide ideológicamente con sus postulados. Sin embargo, en la capital del país gobierna un hombre gay de posiciones abiertamente progresistas, que incluso genera fuerte controversia y que por tal razón es fuertemente estigmatizado. Pese a que sus resultados de gobierno son ambiguos, pero aceptables, este medio en mención inicia una carrera de desprestigio público en un contexto ciudadano conservador y poco informado. La información independiente tiene poca difusión y el medio en cuestión domina el espectro de opinión, valga decir, sustentado en el poder económico del grupo empresarial dueño y de las amplias alianzas políticas que tienen un anclaje en el poder político central. Les pregunto, en estas condiciones, ¿dónde se ubica el poder político? ¿Quién vigila al que dice vigilar, pero que en realidad ejerce poder ideológico? ¿Quién representa la voz ciudadana en esta tensión de poderes? ¿Toda expresión libre es democrática o debe ponderarse con otros derechos? Una última pregunta: ¿cuando escribieron este editorial se hicieron estas preguntas o solo encadenaron adjetivos para garantizar la solidaridad gremial? Soy consciente de que este no es el caso de Quintero; es más, no lo conozco mucho. Solo esbocé unas preguntas para intentar mostrar que proteger la libre expresión de un medio no significa defender el periodismo en su función social.
Cada vez la tiranía de los grandes medios, propiedad de unos pocos grupos económicos, es más visible. El juego maniqueo de la libertad de prensa como instrumento de estigmatización de los sectores políticos alternativos es cada vez más visible al ojo ciudadano. Los medios masivos son poder político y la ciudadanía cada vez es más consciente de esto. Cuando un medio estigmatiza tiene el mismo o más impacto que cuando un gobernante estigmatiza. Así les pregunto: ¿ustedes han hecho este mismo ejercicio de juzgamiento a otros medios que estigmatizan usando la sombrilla de la información?
John Rodríguez R.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com