Sobre el fraude escolar y el hurto

Enorme la cifra que tiene la Fiscalía de lo que pierden los ciudadanos por los delitos de hurto: $3,5 billones. Aparte de la gigantesca cifra de los delitos que no se denuncian, que puede ser igual o mayor. Este es un costo dañino que se suma a la carga impositiva de la clase trabajadora, que es la que no se puede proteger con sus propios recursos. El que tiene, paga porque lo cuiden; el que no, se somete a las penurias que arrastran los delitos contra la propiedad, incluyendo el asesinato. Lo que se roban no se desaparece ni lo llevan para acumularlo y ya, tiene un destinatario y, en muchas ocasiones, se sabe de esos lugares. La comunidad es permisiva, es más, pasa a ser parte indirecta del delito, cuando por economía perversa se consumen los productos del ilícito, creyendo sesgadamente que con dicho comportamiento no se hace parte de la cadena criminal; claro que sí, ese es el dinero que premia la acción delictiva. Si no hubiera consumo de lo robado, el negocio no sería rentable y esto, en consecuencia, desestimularía el lucrativo negocio. Hay que hacer política pública que involucre a la comunidad con estrategias que combinen lo operativo con la cultura ciudadana. Hacer énfasis en la cultura de la legalidad a la hora de comprar, en denunciar el delito, en no ser permisivos con las zonas o negocios en los que el reductor termina e inicia la cadena criminal, en la rendición de cuentas por parte de las autoridades en materia de seguridad ciudadana.

Edgar Guillermo Bejarano Chávez. El Triunfo.

Caso Marymount

Excelente trabajo con el editorial del fraude en el colegio de Barranquilla, ello devela una situación clara y es que los colegios suelen estar a la merced de jueces que desconocen los procesos formativos de las instituciones educativas. Hoy a los colegios se les pide incluso suplir la escasa formación ética y moral que deben recibir los niños en sus hogares y cuando lo hacen terminan siendo víctimas de los padres y, peor aun, respaldados por jueces que lucen como enemigos de un sistema que es educativo.

Destaco estas líneas del editorial:

“Como ejercicio pedagógico nos parece importante el gesto de afectarlos a todos. Primero, porque, en efecto, cualquier violación a la ética afecta a la sociedad como un todo y hay que crear espacios para hacer evidente ese daño. Segundo, porque la complicidad al proteger a quien compró la prueba es un antecedente preocupante. ¿Así se comportarán cuando ocupen posiciones de poder en la sociedad colombiana?”.

Lo otro es que la sanción cumple dos funciones: una formativa para quienes la cometieron y otra preventiva, para que todo aquel que conozca lo sucedido se abstenga de cometerla.

Muchas gracias, qué bueno que El Espectador esté al frente de este tipo de sucesos que enrarecen la formación de las futuras generaciones y, más aún, en poblaciones donde la sombra de la corrupción aparece en diferentes escenarios y hoy lo hizo desde la escuela.

Diego Andrés Marín.

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