Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Invoco el espíritu responsable y democrático que ha caracterizado históricamente ese importante medio de comunicación (antes que acudir al derecho de réplica preexistente en la legislación Colombiana), para solicitar que con igual despliegue noticioso se publique esta respuesta a la columna de María Elvira Bonilla titulada “El negocio de Dios”, del 20 de enero de 2014 en El Espectador.
La columnista consignó en el referido artículo su punto de vista sobre episodios que vinculan a algunos pastores con hechos delictivos, sobre los que fundamenta la forma como hace extensiva su incriminación contra la “Iglesia Cristiana” como un todo, pues al rematar su artículo afirma que “el Estado ha sido complaciente con estas iglesias…especialmente en el gobierno Uribe”, por el hecho de que “por iniciativa del senador cristiano Charles Schultz” se creó una instancia para “vigilar la eficacia en los trámites en materia de libertad religiosa conciencia y culto”.
Considero que incurre en una asociación desafortunada y prejuiciosa de aspectos bien diversos del fenómeno de la libertad religiosa, pues si bien algunos de los episodios delictivos imputados a algunos pastores pueden relacionarse con la actividad política de algunas iglesias —cada caso con sus concretas circunstancias particulares— a partir de ahí no se puede hacer una reducción simplista en el análisis de un fenómeno tan complejo como es el universo de la iglesia Cristiana en Colombia, para dejar sugerido que es toda la iglesia la que está incursa en delitos o bajo sospecha. Dejarle igualmente aclarado que participar en la promoción de iniciativas legislativas para el desarrollo de los nuevos valores y derechos fundamentales relacionados con la libertad e igualdad religiosa introducidos por la Constitución del 91, hace parte de un complot de la iglesia para atentar contra los bienes jurídicos del Estado Aconfesional, Pluralista, Democrático y Social de Derecho, carece completamente de objetividad.
Nótese que en el artículo Bonilla no solo señaló al suscrito —que participa en dicha iniciativa como abogado experto en el tratamiento jurídico de temas relacionados con la libertad religiosa en general— como un eslabón de la operación que denuncia la columnista como proveniente de “la iglesia”, sino que desconoció que la mencionada iniciativa parlamentaria no se dirigió a preservar derechos exclusivos de la Iglesia Cristiana Evangélica, pues se refiere a de todas las comunidades religiosas legalmente autorizadas para funcionar en el país; y desconoce igualmente que la gran mayoría de iglesias cristianas evangélicas en Colombia apenas subsisten precariamente.
Charles Schultz Navarro. Bogotá.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
Conoce más