Una carta sobre el Código de Policía

Antes de la discusión legislativa cacareábamos por la inaplicabilidad y se dejaron muchas sugerencias que fueron recogidas y plasmadas en el nuevo proyecto. Ahora que está a punto de convertirse en ley, recibe críticas, algunas con mucha prevención por épocas aciagas, en las que las autoridades abusaron del poder otorgado por la ley, las que hoy no tienen cabida, debido a que la sociedad es más activa y sabe que cuenta con instrumentos jurídicos que amparan sus libertades y derechos; existen verdaderos controles: Veedurías; Personerías; Procuradurías provinciales y regionales, estas últimas con jurisdicción disciplinaria sobre algunos miembros de la fuerza pública, Procuraduría para los DD. HH. y Procuraduría especializada para la Policía Nacional; Justicia Penal Militar, y si los actos no son con relación al servicio o que se deriven de él, la justicia ordinaria; Inspección General con poder disciplinante sobre los integrantes de la Policía. Además que los alcaldes, como primeras autoridades de Policía, tienen la obligación de vigilar el comportamiento de los agentes, si se da una extralimitación deben denunciarla, no hacerlo es una grave omisión. Lo que pasa es que desconocen sus facultades y son permisivos por ignorancia. Qué bien por esos alcaldes que fungen como primer policía en sus jurisdicciones, imponiendo el orden y ejerciendo el principio de autoridad.El Estado no patrocina los abusos. Como se puede inferir, tiene una organización amplísima para controlar y sancionar a los que se extralimiten. Lo que hay es que denunciar cuando estos actos se presenten. No nos podemos callar por ningún motivo, pues el silencio es la voz de los cobardes y el cómplice de los atarvanes. Las autoridades están para cumplir dentro del marco de la ley, y de eso somos veedores todas las personas sin importar la condición.

Hoy no nos podemos asustar con la convalidación de algunas facultades que recogía el código obsoleto. La Policía siempre estuvo facultada para ingresar a domicilio sin orden judicial, bajo unas condiciones restrictivas; como las voces de auxilio o ante peligro grave o inminente (art. 83, declarado exequible por la Corte Constitucional). El desconocimiento de la ley hace que muchos critiquen alarmados, sin ningún fundamento.

Dejemos que opere la nueva ley para encontrarle las falencias. En el caso de las multas, ¡ojalá!, el procedimiento sea expedito y sus consecuencias tengan efectos duraderos y colaterales para los reincidentes.

Albergo la esperanza de que la nueva ley sea robusta en materia de cultura ciudadana y pedagogía social, que permitan establecer modelos de comportamientos que impacten el respeto por los demás y el aprecio por lo público. Donde los deberes sean la columna vertebral de la convivencia, y las libertades y los derechos tengan como límite donde empiezan los ajenos.

Edgar Guillermo Bejarano Chávez. El Triunfo.

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