¡Ya es hora de gobernar!

Uno por ayudar al cambio y el Gobierno a no dejarse. Este parecería ser el juego que le gusta practicar al presidente Petro, quien reiteradamente busca pleitos no con una, sino con varias entidades a la vez. Sin embargo, con frecuencia se nos olvida que en una democracia la responsabilidad de gobernar recae tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo y en el Judicial, incluidos los organismos de investigación, control y vigilancia. Cada una de estas instituciones debe cumplir de manera independiente, pero armónica, con las funciones asignadas por la Constitución. Al fin de cuentas la nación es una sola y todos, incluyendo a los medios de comunicación y a los ciudadanos de distintos pelambres, debemos propender por su bienestar y desarrollo. La esencia de la democracia consiste en tolerar, pacíficamente, ideologías distintas o contradictorias; así como el arte de gobernar radica en aunar esfuerzos, no en romper coaliciones. Es un compromiso difícil, toda vez que se requiere cierto grado de humildad, de cultura política, de solidaridad ciudadana y, sobre todo, de respeto por la vida y la dignidad de las personas.

La Carta Magna de 1991 es una Constitución buena que con frecuencia se ignora. Dicen que no hay peor ley que la que no se cumple y, por desgracia, nuestro ordenamiento jurídico está plagado de preceptos que se desconocen, unos por negligencia y otros por obsoletos o inútiles, pero hay algunos que desafortunadamente sí se cumplen, como aquellos formalismos procedimentales que aplican los tinterillos para dilatar la sentencias de una pronta y cumplida justicia o que aducen los congresistas para disolver el quórum cuando faltan razones sensatas para controvertir los proyectos de ley. No obstante, nuestro Estado de derecho salvaguarda la libertad, es prudente y progresista, así sea imperfecto. Las leyes deben ir en pos de la justicia, aunque nunca la alcancen plenamente. El motivo es simple: las normas jurídicas son concebidas y ejecutadas por seres humanos quienes, por sabios que sean, no son poseedores de la verdad absoluta, dado que nadie es perfecto, todo es relativo y nada es permanente.

La norma de oro de la democracia es la mitad más uno. Ella nos induce a pensar en cuán difícil es pretender que todos los ciudadanos estemos integralmente de acuerdo con las decisiones del Gobierno. La unanimidad se logra en las dictaduras a punta de represión y a costa de la libertad que se valora cuando se pierde.

La República de Colombia es un Estado social de derecho, según el texto del artículo primero de la Constitución Nacional, que se basa en tres postulados fundamentales: 1. La bien común prima sobre los intereses particulares. 2. La propiedad es una función social que implica obligaciones. 3. La propiedad es un derecho orientado a satisfacer necesidades de la sociedad. Estas son las reglas del juego que, definidas claramente, debemos acatar si aspiramos a vivir en paz. Pongámonos serios, basta de peleas ineficaces y, con patriotismo, empecemos a convocar voluntades, porque ¡ya es hora de gobernar!

Jaime Borrero Rengifo, Cali

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