Ley de partidos

Para la feliz observancia de la ley, se les impuso la obligación a todos los partidos con personería jurídica de rechazar frontalmente las acciones terroristas, fundamentalmente de Eta. Opositores y aliados del gobierno de Aznar votaron a favor de ésta y al poco tiempo Batasuna, considerado el brazo político de los etarras, pasó a la ilegalidad.

Es llamativa la contundencia con la que diferentes gobiernos rechazaron la irracional propuesta de Chávez de lograr un reconocimiento mundial de las Farc y del Eln como organizaciones políticas y no terroristas. La canciller alemana, Ángela Merkel, fue categórica y le recordó al gobernante de los venezolanos que son ellos, los europeos, los que deciden quién es y quién no es terrorista. Otros Estados desestimaron esa iniciativa por considerarla descabellada.

En Colombia no se ha registrado esa unidad de criterio. Mientras los partidos tradicionales y las colectividades que conforman la coalición se apresuraron a rodear al gobierno del presidente Uribe, ratificando la condición terrorista de las Farc y el Eln, el Polo Democrático, en cabeza de Carlos Gaviria, el mismo que cree en lo más profundo de su ser que “una cosa es matar para enriquecerse y otra es matar para una vida mejor”, ha dado palos de ciego.

El ex candidato presidencial reconoce que las Farc y el Eln cometen acciones terroristas que, según él, no son óbice para reconocerles su condición política. Para Gaviria, los secuestros, las voladuras de acueductos, las minas antipersona, los atentados contra gobernadores, alcaldes y concejales democráticamente elegidos, las bombas detonadas en lugares ampliamente concurridos por civiles, los asesinatos de mujeres y niños indefensos, el reclutamiento de menores, el tratamiento inhumano al que someten a los secuestrados —a quienes mantienen encadenados del cuello para que no se les escapen—, la desgarradora imagen de una moribunda Íngrid Betancourt y muchas otras atrocidades que no menciono por razones de espacio, no son suficientes para declarar a esas mal llamadas guerrillas como bandas terroristas y punto.

Esas salidas dobles constituyen un asedio a la democracia. Los partidos políticos, que son el fundamento de ésta, deben hacer un pacto nacional contra el terrorismo. El reto que se nos presenta está muy por encima de las diferencias ideológicas. La supervivencia del sistema que nos rige desde que somos República está en juego. Por eso, las circunstancias actuales nos convocan a una discusión conducente a la aprobación de una ley cuyo eje sea exactamente igual al español: todo partido que no rechace sin ambages las organizaciones terroristas Farc y Eln, pasarían a la ilegalidad.

Bonito desafío que tendría que enfrentar el Polo Democrático, al que pertenece el Partido Comunista Colombiano, organización que defiende todas las formas de lucha y que estatutariamente obliga a sus afiliados a participar activamente en la “lucha popular”, término con el que las Farc históricamente han justificado sus salvajes crímenes.

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Releyendo la carta de Íngrid encontré este parrafito que ha pasado desapercibido: “Mamita, tendría más cosas para decirte, explicarte que hace tiempo no tengo noticias de Clara y de su bebé. Dile a Pinchao que te dé detalles. Él te contará todo. Es importante que valores lo que te comenta y tengas la posibilidad de poner distancias”. El intendente, que fue al aeropuerto a recibir a Consuelo González y no a Clara Rojas, tiene la palabra. ernestoyamhure@hotmail.com