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En primer lugar, deberá el próximo gobierno mantener una conciencia nacional sobre la importancia y la urgencia de persistir en la política de seguridad, es decir, evitar que se generalice la noción de que la guerrilla está ya totalmente derrotada y de que Colombia ya no podrá experimentar retrocesos en seguridad.
En realidad, de no mantenerse la política con la intensidad debida, y de no adaptarse ésta a los cambios de circunstancias, las Farc podrían recuperar la iniciativa como lo han hecho en épocas anteriores. Deberá también el nuevo gobierno ocuparse del presunto malestar que habría surgido en las Fuerzas Armadas por cuestiones como el fuero militar. En este asunto deberá equilibrar este propósito con las demandas nacionales e internacionales de justicia, y con el control necesario para que no se repitan circunstancias como los ‘falsos positivos’.
Las políticas de seguridad tienen también dimensiones internacionales. La más compleja de ellas viene planteada por las denuncias de presencia de las Farc en Venezuela. Tendrá el nuevo presidente el reto de evitar que el país vecino se convierta en un santuario que permita a las Farc oxigenarse y refugiarse, a la vez que deberá intentar una distensión de las relaciones con el gobierno venezolano. Es probable también que el nuevo gobierno deba enfrentar una reducción de la ayuda norteamericana, motivada por la creciente crisis fiscal de EE.UU. y por la mayor atención que demandarán crisis como la del narcotráfico en México.
Veamos ahora los retos de carácter militar y de campo. Tal vez el más crucial sea enfrentar el desafío que han presentado las Farc en el Cauca, sur del Valle y Tolima. Han decidido erigir allí un frente de guerra y se sospecha que ahí habitan jefes como Alfonso Cano, cuya captura o baja propinaría un golpe tan decisivo como la muerte de Raúl Reyes. Será necesario terminar la exitosa tarea de combate a las Farc en el oriente e irrigar estas regiones con la presencia de las instituciones del Estado.
Subsisten también los desafíos de la seguridad ciudadana y el combate a las llamadas “bandas emergentes”, casos estos en los cuales será crucial el concurso del aparato judicial, con una política seria en materia de capturas, medidas de aseguramiento, y cumplimiento efectivo de penas. En general, entonces, la política de seguridad deberá, en el próximo gobierno, continuar el proceso ya iniciado de consolidación del imperio de la ley, y de la vigencia efectiva de la autoridad estatal en el territorio del país.
* Investigador del Instituto de Ciencia Política.