Los Vulnerables, sin ayudas, son más expuestos al covid19, al hambre y el control policial hoy

La exclusión como concepto, se oficializa de alguna manera a mediados del siglo pasado René Lenoir (1974), como secretario de estado para la Acción Social del gobierno francés, al reunir un largo lista de sectores vulnerables, denominó “elementos socialmente desadaptados”. Y sí, históricamente han quedado en la exclusión personas por su condición racial, con discapacidades físicas o cognitivas o condiciones psiquiátricas, así como condiciones sociales en donde la condición de pobreza los hace menos garantes de derechos, y sobre todo, en la modernidad una vez instaurado el actual sistema de producción los adultos mayores que no puedan ejercer ciertos trabajos, quedan relegados, y ni decir de quienes se dedican a trabajos socialmente no aceptados y quienes viven con condición de adicción.

Aunque se hayan dado muchas revoluciones para el ejercicio de los Derechos Civiles y Políticos, y el cumplimiento de los DDHH para la inclusión de estas poblaciones; y las naciones hoy celebran democracias y campañas políticas liberales, llenas de símbolos y discursos que hacen ver la discriminación como historia del pasado, cada vez es más evidente la ausencia de una inserción del discurso en las sociedades reflejado en tratos más dignos.

En St Denis, periferia al norte de Paris, a mediados de marzo se desataron incendios después de enfrentamientos con la fuerza pública, reportó radio Francia Internacional en su momento, donde resalta “La cuarentena es más difícil de vivir en los barrios populares y en las zonas rurales aisladas a causa de la falta de servicios públicos”, observa Madjid Messaoudène, concejal de izquierda de esta ciudad. Gracias al control ejercido sin tener en cuenta las condiciones en que viven las familias de los suburbios. Y resalta que el solo hecho de estar en la calle constituía un delito y por tanto, así St Denis, en tan solo unos días entre el 17 y el 19 de marzo, totalizó el 10% de las multas aplicadas en Francia por irrespeto a la cuarentena. En ese caso varias organizaciones de DH hicieron un comunicado, basado en el argumento donde el estado de emergencia sanitaria no constituye una ruptura con el estado de derecho.

En general el virus ha sido dramático, por las imágenes, noticias y casos famosos como la escena de cadáveres apilados en centros para adultos mayores en los suburbios de Seattle (Estado de Washington), donde terminaron muriendo 43 personas, constituyendo los primeros epicentros del virus en EEUU; donde se pudo identificar ausencia de protocolos y normas de bioseguridad, pues claramente allí, aunque no hay estratos los servicios funcionan según la cantidad de impuestos que se paguen en la zona. Las diferentes noticias de dicho evento señalaban las malas condiciones de varios de estos centros para adultos mayores en ese sector.

Los adultos mayores, aunque son una población que requiere un trato especial y esta pandemia ha exigido más cuidado sobre ellos, fueron los primeros en quedar contagiados por las condiciones de estos espacios. En España no fue diferente, 1 de cada 3 fallecidos vivía en un asilo de ancianos, informó BBCNews a principios de la pandemia

Por su lado el diario BBC titula el 19 de mayo que la nación Nabajo en EEUU tiene el mayor número de casos per capita de coronavirus en todo el país, esto implicaría prácticamente su desaparición; caso que incluye las denuncias de este pueblo por su ausencia de sistemas y acceso a agua potable para mantener el aseo. Peor aún, señala el artículo, se calcula que puede ser el estado más pobre de este país. Según médicos sin fronteras la situación es tan precaria que podría ser muy similar a la de cualquier país en vías de desarrollo. Es decir, la falta de servicio de salud, condiciones de bioseguridad y pobreza que puede llevarlos a su exterminio puede ser casi igual a la situación que se viven todas las comunidades indígenas de la Amazonía que desde abril lanzaron denunciaron un alto número de contagios y la falta de hospitales y herramientas para atender a la población. Si bien es escandaloso que el caso Navajo suceda en una potencia mundial, el segundo caso es mucho más grande y lo que es peor, está en custodio de 4 países.

A la reserva Navajo EEUU donde es gran parte desierto llega alimento de la peor calidad, lo que hace que sus pobladores tengan altas tasas de diabetes generando condiciones propensas para la incubación del virus, un cuadro muy similar al de la población negra que vive en los suburbios de este mismo país de la que se sabe ha sido otra de las poblaciones más contagiadas.

El último análisis de Associated Press de los datos estatales y locales disponibles muestra que casi un tercio de los fallecidos son afroamericanos, y las personas negras representan aproximadamente el 14% de la población en las áreas cubiertas en el análisis. Al respecto para activistas defensores de los Derechos Civiles y políticos esto significa que «Hay un control de la realidad que ha sido presentado por el coronavirus, que expone la debilidad y la oportunidad». somos libres, pero no iguales «, respondió el reverendo Jesse Jackson para este medio (AP). Así mismo ‘The Washington Post’ reportó que en Mil-waukee –uno de los lugares más segregados en Estados Unidos– la mitad de los infectados son afroamericanos y el 70 % de la gente que está muriendo por el virus es negra, para lo que hay que tener en cuenta que este grupo racial solo constituye el 28 % de la población en ese condado.

Si este fue el panorama en países aparentemente estables económicamente y con amplia cobertura en servicios básicos, el panorama en países históricamente desiguales es más desolador. Fueron famosas las imágenes de jornaleros migrantes saliendo de los pueblos donde se ubicaban las maquilas en la India, despedidos con hambre, sin transporte público, sin condiciones de bioseguridad, por poner un ejemplo; sumado a varios países en latinoamerica que no han podido guardar 100% el aislamiento social pues se han movilizado exigiendo ayudas para saciar el hambre y servicios de salud adecuados.

En Colombia, aunque no hay un conteo exacto de población que bordea la línea de pobreza y contagios, el Ministerio de Salud habla de municipios vulnerables con un nivel de contagio en ascenso o por encima del promedio, lugares como Tumaco, Buenaventura y Leticia; donde además de la pobreza hay poca infraestructura de salud y herramientas suficientes para garantizar la bioseguridad.

Represión ante el hambre y la falta de acceso a servicios básicos

Las Naciones Unidas advirtieron a mediados del mes de abril que unos 265 millones de personas en los países de ingresos bajos y medios estarán en situación de inseguridad alimentaria aguda a finales de 2020 de no adoptarse medidas rápidas. Dato que sumado al ambiente de protestas por hambre que se libra en los países con altas tasas de pobreza, debería alertar a los gobiernos, pues es evidente que la protesta social no es un capricho, sino un estallido casi natural de la situación. Por ello, ante esta situación las Naciones Unidas, al ver los excesos de represión policial que se han protagonizado diferentes países, condena que no es un manejo adecuado de la crisis. Las violaciones a los DDHH por parte de la policía, van desde excesivo control en sectores vulnerables donde las medidas de aislamiento social no se pueden llevar a cabalidad por hacinamiento, falta de servicios públicos, o porque mucha de esta población no ha parado de trabajar al prestar parte de los servicios básicos del resto de la ciudad; hasta retenciones ilegales y violencia durante las protestas.

Este organismo internacional de DDHH, declara en un comunicado que las medidas de seguridad de COVID19 no son una excusa para el uso excesivo de la fuerza, «Nos alarma el aumento de las denuncias de asesinatos y otros casos de uso excesivo de la fuerza dirigidos en particular a personas que viven en situaciones vulnerables», dijeron los Relatores y las Relatoras Especiales. Y agregaron: «Todas estas personas, que a menudo se ven desproporcionadamente afectadas por el virus, debido a sus precarias condiciones de vida, no deberían ser todavía más víctimas, a causa de las medidas de estado de emergencia». (…) «Incluso durante los estados de emergencia, el uso de la fuerza sigue guiándose por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución. Exigen que se evite el uso de la fuerza y de las armas de fuego, y que se agoten todos los medios no violentos posibles antes de recurrir a los violentos».

«No puedes quedarte en casa si no tienes una. No puedes permanecer confinado si no tienes lo que necesitas para alimentar a tu familia», señalaron los expertos y las expertas en derechos humanos. «¿Cómo se puede ‘distanciar físicamente’ en un asentamiento urbano? ¿Cómo se come cuando se es un trabajador que necesita salir todos los días para tener entrada de dinero?» Agrega el comunicado.

La Fundación Paz y Reconciliación recopila varios casos de abuso policial en medio de la pandemia en Bogotá y se recalca el uso del ESMAD durante las protestas por hambre en las periferias de Bogotá, ya que hacia el 14 de abril no había llegado la ayuda institucional con alimentos para los barrios necesitados. De igual manera la ONG Temblores denuncia 22 casos de exceso de violencia policial durante la cuarentena. Dentro de las denuncias de Pares, quizá la más lamentable es el enfrentamiento de la policía a la comunidad de Bella Flor donde la comunidad al hacer caso a la medida #QuedateenCasa, aunque fortalecieron sus cambuches, exigían tener más condiciones para el barrio hecho de “casas” improvisados, razón por la cual como solución la policía solo atino a destruirles las infraestructuras endebles en las que vivían.

El anterior no fue el único caso donde se destruyen hogares, a principios de mayo ocurrió lo mismo con población víctima del conflicto armado asentada informalmente en Altos de la Estancia, el caso ha sido tan dramático y ha quedado sin respuesta por parte de la alcaldesa, que el Washintong Post titula un artículo al respecto: “Funcionarios en Colombia desalojan a familias pobres durante el brote de coronavirus”, y cuestiona a través de la narración de varias de las personas desalojadas, cómo es posible que dejen sin casa a familias en medio de esta pandemia.

¿Qué ha pasado con los auxilios en Bogotá?

Para este artículo se hizo el seguimiento a poblaciones, zonas y casos diversos. En el sector del antigüo Bronx, o más específicamente barrio la Estanzuela, la organización Casa la Libelulosa, reporta que el inquilinato “la Modelo” , donde habitan alrededor de 31 familias, aproximadas 95 personas entre los que se encuentran adultos mayores y niños, madres gestantes y lactantes; desde la 2da semana del simulacro de aislamiento preventivo en este lugar no se recibieron ayudas de la alcaldía sino prácticamente un mes y medio después. Andrés como líder de la organización afirma “Cómo se le garantiza la alimentación básica a estas familias que en su mayoría viven del comercio informal, si no llega una ayuda semanal y cuando por fin traen algo se demoran varias semanas en volver?”, “El distrito no tenía caracterización de la zona ni de la población vulnerable en estos lugares, nosotros tuvimos que ayudarles”. A lo que añade que mucho de los insumos que consiguió su organización con gestión, funcionarios le pidieron entregarlos a nombre de la alcaldía.

Los comerciantes informales como se sabe, sobre todo en Latinoamerica han sido los más afectados, en ese segmento de población se encuentran los artesanos que viven de las ventas populares. AMASUR, organización compuesta por 59 personas en su mayoría de estratos 1 y 2, que viven de la venta en la calle en el sector de Usaquén, aunque fueron muy diligentes haciendo las inscripciones del Instituto para la Economía Social IPES quien anunció ayudas a los vendedores informales, a la fecha, casi 3 meses después como afirma uno de sus líderes e integrantes de la agremiación Edwin Aguirre, no han recibido si quiera un correo electrónico de vuelta.

Los integrantes de AMASUR, después de insistir por una respuesta institucional a partir de videos y denuncias en sus redes para que se conozca públicamente la situación de esta población. Procedieron a enviar varias cartas a diferentes entidades, entre ellas a Artesanías de Colombia, quien contesta que su gestión consistió en 5 mercados para la localidad de Usaquén.

Hacia el sur, en Ciudad Bolívar, se tomaron un edificio los Embera Katío del alto Andágueda en Bagado Chocó, comunidades que han sido desterradas de sus territorios después de sufrir varias violaciones a los DDHH por actores armados en medio del conflicto, los megaproyectos de explotación minera (Actualmente el 80% de este territorio esta tomado por 5 concesiones mineras para la explotación de Oro). Han sido obligados al desplazamiento, pasando por retornos sin garantías, incumplimientos de la Sentencia 007-2014. Razón por la que buscan vivienda segura en Bogotá. Sin embargo, esta población ha carecido de una acogida especial por su condición cultural. Por ello su sustento ha sido la limosna y venta de artesanías.

La comunidad afirma que se tomó a las malas un edificio ene Ciudad Bolívar, para su vivienda porque funcionarios del distrito les habían puesto un ultimátum a las ayudas una vez entraran al Registro único de víctimas, donde el gobierno Nal tendría que asumir las ayudas. Por esto, durante esta coyuntura, aproximados 350 de ellos también salieron a manifestar porque tenían hambre y no tenían donde vivir, aguantando a la intemperie una respuesta. Hay otros grupos en el centro de la ciudad a los que el distrito paga albergues, a todos de alguna manera el distrito y el Ministerio del Interior ha llevado unas ayudas, pero sin enfoque diferencial como mencionaría la trabajadora social del coelctivo Embera Bakaca, puesto que los auxilios o kits de alimentación, no alcanzan para el número de familias que ellos tienen. Por otro lado, los refugios que les han conseguido “carecen de una infraestructura y contexto adecuada para vivir dignamente, o con todo lo que requiere la complejidad cultural, pero además la condición de desplazamiento”, como señala Monica Suarez del mismo colectivo que estuvo acompañando la población gestionando ayudas durante los días de crisis.

Otro caso del cual se ha tenido información, es el de un grupo de vendedores informales del portal norte que se ubican debajo del puente peatonal allí, ellos son 20 y plantean otro aspecto de en los procesos de ayudas, si bien están agremiados en ASOBENANBER y pagan una mensualidad, durante los meses de confinamiento, aunque han visto a su líder entregando ayudas, nada ha llegado para ellos; hasta el momento desconocen si el distrito les envió algo y el delegado no se los entregó. En ese punto de la ciudad venden comidas como salpicón, arepas, otros venden zapatillas y accesorios varios. Jaime Javier Contreras uno de los vendedores que ha estado al frente de buscar otras ayudas afirma que diligenciaron los formularios del IPES en línea hace más de un mes atrás y no recibieron respuesta y que incluso cuando los funcionarios hicieron presencia el 1 de junio, le hicieron el reclamo y les pidieron mercados, a lo que el funcionario respondió que ellos no dan mercados, sino gestionan los mismos a través de entidades donantes.

Como conclusión varios de estos vendedores al ver la situación y personas en condición precaria, consideran que la crisis puede ir en aumento y se cuestionan por qué las ayudas al parecer dependen de una donaton, si el decreto Ley 461 de 22 de marzo de 2020 le permite a alcaldes y gobernadores reorientar las rentas de destinación específica a la crisis, esto evitaría inconformidades en diversos sectores que han necesitado acción urgente dentro de los más vulnerables.