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Como Barack Obama no iba a ser una excepción, no han bastado cien días para que empezaran a apuntar algunas minúsculas señales oscuras, todavía pequeñas motas de polvo, sobre su radiante imagen. El nuevo presidente dio pasos contundentes, sólo llegar a la Casa Blanca, con sendos decretos presidenciales en los que se prohíbe la tortura y se programa el cierre de la base de Guantánamo para 2010.
Todas las exigencias que se le presentan se podrían resumir en cuatro: predicar con el ejemplo; reincorporarse a la comunidad internacional en la firma y cumplimiento de tratados y convenciones sobre derechos humanos; reformular y ajustar una política exterior acorde con su actitud rigurosa ante los incumplimientos de los países socios; e investigar y depurar razonablemente las responsabilidades respecto a los desmanes perpetrados durante la presidencia de George W. Bush. En los cuatro puntos todo está en mantillas, o lo que es aún peor, empiezan a producirse titubeos o muestras de criterio escaso.
Es evidente que Obama no podrá plantear a medio plazo una política exigente respecto a la situación de los derechos humanos en las dictaduras o democracias soberanas amigas si antes no ha dejado limpio y en orden el patio interior y a la vez se ha incorporado al grupo de países más cumplidores.
Y ahí es donde están llegando noticias inquietantes. Un alto cargo del Departamento de Justicia, Neal Katyal, ha sugerido a la Casa Blanca la creación de un tribunal de seguridad nacional que permita la detención preventiva por tiempo indefinido y sin juicio de determinados sospechosos de terrorismo. Tampoco está claro que la nueva Administración dé vía libre a la exigencia de responsabilidades por las acciones ilegales realizadas desde la anterior Casa Blanca en la lucha antiterrorista. La CIA acaba de reconocer que autorizó la destrucción de 92 vídeos de interrogatorios, presumiblemente con uso de torturas, con una finalidad fácilmente reconocible de obstaculizar la investigación. El Departamento de Justicia ha levantado el secreto sobre nueve de los famosos memos de los consejeros legales de Bush que cubrían las acciones ilegales del Gobierno con sus opiniones jurídicas. Pero falta por desvelar todavía el contenido de otros 35 documentos secretos.
La responsabilidad de Obama es salvaguardar la seguridad de sus conciudadanos y defender sus intereses en el mundo. Cuanto más se aleje esta responsabilidad de sus convicciones, peor le irán las cosas. La razón es sencilla: Obama ha hecho de la transparencia política un instrumento y a la vez un objetivo; una convicción o valor dentro de su concepto de la sociedad democrática. De ahí que será la propia transparencia del sistema que está construyendo la que pondrá en evidencia sus fallos, sean sólo motas de polvo como ahora o se conviertan en horribles lamparones como los que rompieron la imagen de su antecesor.
* Director adjunto de ‘El País’ de España