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Riesgo fiscal y derechos

EL EX MINISTRO DE HACIENDA Y crédito Público Alberto Carrasquilla hizo en este diario una importante reflexión en torno al alarmante pasivo contingente…

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EL EX MINISTRO DE HACIENDA Y crédito Público Alberto Carrasquilla hizo en este diario una importante reflexión en torno al alarmante pasivo contingente —el 18% del PIB— que el Estado tiene calculado para el pago de sentencias y conciliaciones en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2010. La solución propuesta por el ex ministro es una “reforma constitucional que adecue las pretensiones pecuniarias de unos cuantos ciudadanos al tipo de sociedad que queremos construir para nuestros hijos” (El Espectador, Gracias, Íngrid, 26-07-10).

Aunque no se desarrolla la propuesta, hay al menos dos pistas de por dónde va la cosa: las exorbitantes sumas que solicitan esos “cuantos ciudadanos” que les da por demandar al Estado y el cambio de prioridades que tendría el destino de nuestros impuestos. En suma, la preocupación central de Carrasquilla, por razones obvias, es el riesgo fiscal. Y creo que tiene razón, pues de no atender bien las demandas en curso, el Estado deberá pagar en los próximos 10 años la bicoca de US$48.750 millones (18,4% del PIB).

Pero a esa preocupación legítima le falta una pata. ¿Se habrá preguntado el ex ministro por qué hay en Colombia unos “cuantos ciudadanos” que demandan al Estado? Voy a señalar apenas tres, las más comunes y notorias: (i) todos los últimos gobiernos han realizado distintas reformas al Estado consistentes, en esencia, en reestructuraciones que imponen reducciones drásticas de personal. Estos desempleados reivindican derechos por diversas razones y la forma civilizada de hacerlo es demandando al Estado. (ii) Muchos procesos contractuales iniciados por el Estado tienen enormes fallas desde sus inicios y parece razonable que los afectados realicen reclamaciones, si es el caso, ante los jueces. Por último (iii) si hay algo notorio que hace que en este país se demande al Estado, son las violaciones a los derechos humanos.

A no ser que los ciudadanos no tengan otra opción que resignarse y callar cuando, p.e., un miembro de la fuerza pública le atropelle su dignidad —ahora que la palabrita está de moda—, por razones de Estado; o cuando por las necesidades del metro le levanten la casa en donde vive; o cuando el médico del hospital le opere la pierna equivocada; o el juez se limite en su sentencia absolutoria a pedirle excusas al detenido, luego de 15 años de cárcel equivocada.

Quizá sea necesario mirar el balance entre necesidades fiscales, derechos y responsabilidades, antes de emitir juicios acerca de qué hacer con la platica con la que todos contribuimos a sostener al Estado para que tome decisiones correctas, por acción y omisión.

Una sociedad caracterizada por el respeto de los derechos —especialmente frente a los desmanes del Estado— y no sólo atenta al eficientismo fiscal, quizá sea también parte de lo que queremos construir para nuestros hijos.

*Profesor UN y miembro de Dejusticia.

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