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El encuentro entre tan reconocidos delincuentes para repartirse el control de los departamentos del Meta, Casanare y Vichada, da cuenta de la alarmante situación de orden público que atraviesa esta sección del país.
Al igual que en los llanos, en el suroeste, y en regiones como el Catatumbo –en el Magdalena Medio- no sólo se registran acciones de las tradicionales guerrillas de las Farc y el ELN, sino combates entre grupos armados posteriores a la desmovilización, como las Autodefensas Campesinas de Nariño, “los Rastrojos” y “las Águilas Negras”.
Las bautizadas, por el estado, “Bandas Criminales Emergentes”, o Bacrims, se han multiplicado y extendido de manera constante desde 2006, pese a las 200 operaciones contra sus estructuras que reporta la Policía. Bien sean 8 grandes bandas –como afirma la Policía- u 82, como denuncia la Defensoría y la Fundación Nuevo Arcoíris, estas constituyen al presente el mayor desafío a la política de seguridad democrática y se encuentran activas en 25 departamentos.
Así las cosas, no sólo se cristalizan estas bandas, como un peligro directo a la hegemonía del estado, sino como una amenaza latente al proceso de reinserción paramilitar. Según cifras de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2.500 ex paramilitares, el 8% de los desmovilizados en el país, se han rearmado en alguna de las nuevas estructuras.
Como lo reconoció públicamente el presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro, el proceso falló en la reinserción definitiva de los mandos medios. Estos no encontraron interesantes los incentivos económicos –por los que se tranzaron los combatientes de base-, ni podían ser chantajeados con la extradición –como los grandes jefes-. Esta franja de excombatientes con experiencia, que tenía hombres bajo su mando y sabía cómo liderar una tropa, fue la que acabó por rearmarse. Con el narcotráfico como telón de fondo, algunos mandos medios asumieron el control que dejaron los grandes jefes, reconstruyeron sendas redes armadas y cooptaron desmovilizados rasos, cautivándolos a través de importantes estímulos económicos.
Pese e estos tropiezos, señala Pizarro, el fenómeno de rearme paramilitar –que “está por debajo del promedio mundial”-, será paleado con la creación de nuevos “incentivos poderosos” que atraigan a los mandos medios a la vida civil y en ninguna medida puede ser considerado un fracaso del proceso de paz.
El optimismo del Estado contrasta por estos días con una realidad salpicada por masacres y enfrentamientos, que lleva a preguntarse por la clase de post conflicto que viene gestándose. Si bien es cierto que las nuevas estructuras armadas no cuentan con móviles antisubversivos ni rebeldes, su influencia penetra las economías regionales, las entidades e instituciones públicas descentralizadas, y ejercen control sobre la población.
Las cifras de desplazamientos masivos y reclutamientos que registra la prensa y evidencian distintas organizaciones nacionales y mundiales, llevan a preguntarse si en ciertas regiones del país no es apena ridículo hablar de post conflicto.
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