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El asalto al Capitolio el 6 de enero fue parte del intento de Trump por perpetuarse en el poder, a través de una ruptura constitucional que desconociera las elecciones en que, sin ninguna duda, había perdido. Eso tiene un nombre: una tentativa de autogolpe que parece, afortunadamente, haber fracasado, aunque quedan dos semanas riesgosas.
Esta crisis de la democracia estadounidense, la más grave desde su guerra civil, es compleja, pues surge de factores diversos. Algunos son comunes a otras democracias, como el incremento de la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera blanca, cuya rabia y desencanto han sido uno de los soportes de los populismos autoritarios antimigrantes en Estados Unidos y Europa. Otros factores son más gringos, como su racismo estructural, su caduco Colegio Electoral o su presidencialismo, que vuelve la lucha por quién ocupa la Casa Blanca un juego de suma cero extremadamente polarizado.
Es imposible abordar todos esos aspectos en una columna, por lo cual me concentro en solo dos puntos: un factor que alimentó esta tentativa de autogolpe y otro que inhibió su consumación.
El factor desencadenante fue estudiado por los profesores Levitsky y Ziblatt en su bestseller “Cómo mueren las democracias”: la responsabilidad que tienen las élites democráticas en hacer causa común, a pesar de sus diferencias e intereses electorales, contra el ascenso de políticos extremistas que no muestren adhesión a las reglas democráticas básicas, como la separación de poderes o el respeto a las elecciones. Las democracias se salvan cuando las élites hacen esas alianzas, como el llamado “frente republicano” en Francia, que permitió que la izquierda democrática votara en 2002, en la segunda vuelta presidencial, por un candidato de derecha pero con credenciales democráticas como Chirac, para bloquear cualquier victoria de la extrema derecha de Le Pen. En cambio, las democracias peligran o mueren cuando esas élites, por cálculos oportunistas, en vez de hacer esas alianzas en defensa de la democracia, permiten el crecimiento y ascenso al poder de esos líderes autoritarios, como sucedió con Hitler en 1933. Las élites estadounidenses, que en el pasado habían bloqueado a esos líderes extremistas, como Huey Long en los 30, abdicaron en 2016 frente a Trump. El Partido Republicano avaló a ese candidato autoritario y, ya siendo presidente, por cálculo electoral varios líderes republicanos (con excepciones como Mitt Romney) han legitimado muchos de los actos burdamente antidemocráticos de Trump. Esto alimentó su tentativa de autogolpe.
El factor inhibidor es la independencia judicial, que no solo frenó algunas de las decisiones más autoritarias de Trump, sino que rechazó todos sus intentos de cuestionar jurídicamente el resultado electoral. Sus abogados o seguidores han presentado más de 60 acciones judiciales para revertir las elecciones. Todas las perdió Trump, incluso frente a la conservadora Corte Suprema o ante jueces federales nominados por el propio presidente. Las decisiones tienen fundamentos jurídicos diversos, pero la esencia es la misma: Trump y sus seguidores no han logrado mostrar la mínima prueba de que hubo fraude electoral.
Esta crisis estadounidense da al menos dos lecciones: i) la importancia de proteger la independencia judicial para preservar la democracia y ii) la responsabilidad de las élites políticas: aunque la democracia no dependa solo de ellas, pues el ciudadano de a pie tiene un papel central, los dirigentes políticos, de izquierda o derecha, tienen el deber de lograr, a pesar de sus diferencias, acuerdos eficaces en defensa de las reglas democráticas básicas.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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