¿Un feliz cumpleaños?

Por esa razón, sumada a la posesión del nuevo Jefe de Gobierno, es muy oportuno preguntarse acerca de algunos de los temas que éste, como responsable de la política criminal del Estado, lo que incluye la controvertida ley de Justicia y Paz, deberá tener en cuenta dada su importancia en la agenda nacional.

Es muy importante que el ejecutivo considere qué después de cinco años de Justicia y Paz y con tan sólo una sentencia en el marco de este proceso, las víctimas continúan a la espera de la reparación que desean y merecen recibir. Por ello, es vital que el Presidente Santos, propenda por el establecimiento de una política nacional de reparación administrativa que resuelva la mayoría de las expectativas de las víctimas y de las instituciones que las representan. 

En este orden de ideas, el Presidente deberá contemplar la “Vía Administrativa”, como el único mecanismo  de reparación  para las víctimas, cosa que podría hacerse por medio de una actualización al decreto 1290 de 2008, que cobije a la gran masa de víctimas del conflicto armado, sin importar, si su proveniencia es Justicia y Paz, Contencioso-administrativa o de un victimario al margen de un aparato criminal organizado. El cómo resolver el problema presupuestal existente para lograr la reparación de todas las víctimas, es en sí uno de los más grandes retos que se le presentarán a Juan Manuel Santos.

Otro de los temas cruciales que deberá definir será  la tenencia de las tierras y bienes, que por una parte evite que se siga presentando el despojo y por otra, que establezca una directriz estatal que permita compensar la desproporción existente entre la cantidad de desplazados registrada en las bases de datos oficiales y no oficiales, con los terrenos y bienes entregados por los desmovilizados o recuperados por la Fiscalía y que tienen vocación de restitución.

Es también imperativo que piense estratégicamente la reinserción a la vida civil de los  desmovilizados, provenientes de Justicia y Paz, considerando que si la máxima pena que otorga el proceso es de 8 años y la ley lleva cinco de implementación, en tan sólo tres años los actuales postulados saldrán de las cárceles y deberá tenerse una solución para su situación judicial.

Finalmente, el nuevo Gobierno deberá tener claro que si bien es importante que se amplíe la vigencia de la aplicación de la ley de Justicia y Paz, y de hecho ya existe en el congreso de la República en trámite un proyecto de ley; la transición no debe ser para siempre,  dado que por definición la justicia transicional se aplica por periodos específicos de tiempo y la  coexistencia de dos sistemas penales indefinidamente puede convertirse en un mecanismo para preservar la impunidad.

De otra parte, se debe reflexionar sobre si todas las instituciones involucradas en este proceso de paz, merecen estar allí, dado que aunque en la teoría todas pretenden hacer algo positivo por las víctimas, en la práctica no todas lo logran, cosa que genera congestión.

En este orden de ideas, el Presidente Santos tiene en sus manos el plantear una estrategia organizada que en cinco años permita a todos los colombianos tener una feliz celebración de los 10 años de la ley de Justicia y Paz y el proceso que lleva su nombre.

* Experto en derecho Penal Internacional y Justicia Transicional