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La investigación asegura que desde 1991 solo el 0,02 % de la población ha direccionado el rumbo de un país que hoy tiene 50 millones de habitantes. Además, documenta que 68 familias han manejado la política y que aún prevalece el patriarcado en la cúpula del poder público. El estudio perfila quiénes y cómo son las élites que han ocupado los máximos cargos en el Gobierno, los organismos de control, las altas cortes, el Congreso, los gremios económicos y los propietarios de las empresas más grandes del país. El Espectador entrevistó a la profesora Jenny Pearce al respecto.
Usted es investigadora de una de las universidades más prestigiosas del mundo, como el London School of Economics. ¿Por qué una académica inglesa se interesó en estudiar las élites colombianas?
El enfoque de mis estudios en América Latina ha sido la violencia. Se necesita más participación e inclusión en la sociedad para transformar las condiciones que reproducen las violencias. Soy politóloga, pero me considero también una antropóloga de la paz. La violencia y sus múltiples expresiones impactan más sobre las comunidades pobres, pero son los que tienen más poder y riqueza los que determinan la orientación de la economía y los valores que sustentan las diferenciaciones sociales, económicas y políticas. Aunque llamamos “élite” a los que tienen ese poder, lo hacemos con poca precisión, a pesar de una larga historia de debate intelectual. América Latina tiene un problema de violencia aguda y preocupante. También es la región más desigual del mundo. Colombia es el más desigual de los países de la OCDE y el segundo más desigual entre 18 países de América Latina, según el Banco Mundial. Desigualdad, violencia y élites son temas conectados.
¿Exactamente qué quiso explorar en su investigación?
Desde los años 70 he venido a Colombia para estudiar este país que aprecio muchísimo. De ahí surgió mi interés por estudiar las “élites” de acá, pues es un reto enorme entender por qué en cuatro décadas los niveles de desigualdad social se mantienen casi iguales, a pesar de que las personas más ricas ya no son las mismas. Antes los más adinerados eran Carlos Ardila Lülle y Jaime Michelsen Uribe, y hoy son Luis Carlos Sarmiento y Jaime Gilinski. Algo semejante ocurre con el poder político: los presidentes han tenido diferentes orígenes, algunos pertenecen a familias presidenciales bogotanas (Pastrana y Santos) y otros vienen de la provincia (Gaviria y Uribe). Entonces, vemos un cambio en la composición de las élites, pero no transformaciones reales en la desigualdad y la violencia. Ahora, es necesario entender mejor el concepto de “élite”, no para fomentar odio o rabia contra los poderosos, sino para generar un debate sobre cómo la concentración de poder político, social y económico se relaciona con factores que reproducen violencias e impiden transformaciones necesarias para una sociedad.
A propósito de violencias, Colombia ha intentado muchos procesos de paz. ¿Qué encontró su investigación sobre cómo se comportaron los dueños del poder en estos intentos?
Colombia es el décimo país con más negociaciones y acuerdos de paz firmados con grupos guerrilleros y paramilitares en la historia del mundo. Precisamente, desde los años 80 hasta ahora se han desarrollado 16 negociaciones de paz y se han desmovilizado más de 75 mil excombatientes. Con las Farc ocurrió el Acuerdo de Paz más amplio y sofisticado, pero a pesar de esto el país se encuentra en una nueva fase de conflicto armado, con indicadores que podrían asemejarse a lo que ocurría a finales del siglo XX e inicio del siglo XXI en cuanto al número de masacres, la oleada de desplazamientos forzados masivos de poblaciones, confinamiento, descuartizamientos, etc. Por eso en nuestro estudio planteamos que no sería posible hacer una paz completa y reducir todas las expresiones de violencia si las élites no se comprometen a construir un Estado de derecho equitativo en todos los territorios, acepten una tributación más progresiva y se construya una seguridad pública y humana accesible a todos y todas que trascienda la protección de fincas, empresas y sitios de recreo. La seguridad debería proteger la democracia y la participación de la ciudadanía.
Aproximarse a esos grupos de poder es tarea difícil. ¿Cómo hizo esta investigación que es la primera en Colombia en documentar con nombres y apellidos quiénes han sido los dueños del país en los últimos 30 años?
En Colombia se han utilizado múltiples apelativos para referirse a las personas que mandan. En ningún otro país he visto esa abundancia de términos como cacaos, delfines, clanes, caciques, notables, barones, etc. Por eso, un primer paso consistió en tener claridad conceptual. Preferimos el concepto de “élites” que significan individuos, familias y redes que tienen la capacidad de dictaminar y reproducir los principios de dominación en una sociedad. Para identificarlos construimos un banco de datos que examinó el período entre 1991 y 2022. Así, buscamos a las personas que habían ocupado los máximos cargos en las diferentes ramas del poder público. En el Ejecutivo se tuvieron en cuenta a presidentes, ministros y gobernadores; en el Legislativo a congresistas con dos o más reelecciones; en la Rama Judicial a los magistrados de las seis altas cortes, el fiscal general, el jefe del Ministerio Público, el contralor y el defensor del Pueblo.
¿Y en el poder económico qué observaron?
Identificamos a los propietarios o accionistas principales de las empresas más grandes de Colombia, según el ranquin que publica Semana y la Superintendencia de Sociedades. Igualmente, miramos quiénes habían ocupado las dirigencias de los gremios económicos más influyentes en el sector agropecuario, industrial, comercial, de servicios y financiero. Vale la pena destacar que también se midió la tecnocracia, con cargos como el ministro de Hacienda, el director de Planeación Nacional y el Banco de la República (gerente general y miembros de la junta directiva). Toda la información que obtuvimos es verificable, pues la obtuvimos de respuestas a derechos de petición, registro de prensa y datos oficiales publicados en las páginas de las entidades públicas y privadas que estudiamos. Debo agradecer a mi equipo de trabajo en Colombia, que estuvo liderado por el profesor de la Javeriana Juan David Velasco Montoya. También hicimos muchas entrevistas en Bogota, Medellín y Cali.
¿Cómo definiría a los dueños del poder en Colombia? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Y esas características cómo pueden explicar la realidad de Colombia, sus problemas políticos y de corrupción, el manejo clientelista del poder local? Es decir, ¿ese diagnóstico sobre las élites da razones nuevas para explicar por qué Colombia tiene tantos problemas y una democracia tan frágil?
Según el Banco de Datos, aproximadamente el 0,02 % de la población decide la dirección del país y la economía. Encontramos que así sean un número restringido, realmente las élites colombianas son dispersas y fragmentadas. Por eso en el estudio utilizamos el concepto de “constelación” para concluir que en la historia nunca un grupo de poder ha sido completamente hegemónico debido a las fracturas regionales, los orígenes sociales diversos, sus visiones de género distintas, las áreas de controversia permanentes sobre los impuestos, el modelo aperturista o proteccionista de la economía y la forma de construir Estado en los territorios. De manera que las constelaciones de élites pelean entre sí y se disputan frecuentemente quién dicta los principios de dominación. Por ejemplo, la élite judicial fue crucial para evitar que Álvaro Uribe pudiera perpetuarse en el poder, a pesar de que tenía mayorías en el Congreso y una aprobación ciudadana del 80 % al finalizar su mandato. Esta misma élite judicial fue clave para el desarrollo del Acuerdo de Paz con las Farc, al cual diversos sectores ligados al uribismo se opusieron por distintas razones.
Además de esas diferencias, ¿encontraron ustedes puntos en común entre esas élites?
A pesar de la fragmentación hay diversos temas sobre los cuales las élites han construido acuerdos básicos. Por ejemplo, la sacralización de la propiedad privada, el apego a las reglas de juego de la democracia representativa, la orientación de la política exterior hacia Estados Unidos y la primacía social y cultural de los hombres blancos que nacieron en la región Andina y se educaron en universidades privadas de Bogotá. Es relevante apuntar que cada constelación tiene rasgos particulares: la élite económica y tecnocrática es más cerrada, pues se trata de hombres blancos que estudiaron en la Universidad de los Andes y en el extranjero; la élite judicial ha permitido una mayor movilidad social, pues los magistrados han incluido a más mujeres, indígenas, negros y personas de la región Caribe. La investigación nos mostró que las personas que mandan aquí siguen educándose en las universidades privadas de Bogotá: Los Andes predominan en la tecnocracia y las dirigencias gremiales; la Javeriana en ciertos ministerios, y el Externado en la mayoría de las altas cortes.
¿Qué tan diferentes son nuestras élites con respecto a las del Reino Unido, por ejemplo? En otros términos, ¿hay diferencias notorias entre las personas más poderosas de Colombia y las de los países europeos?
Cuando empecé a trabajar en Colombia en los años 70 vi similitudes en lo que se podría llamar el “clasismo inglés y colombiano”. Sin embargo, las historias son muy diferentes. En Inglaterra la élite aristócrata latifundista fue derrotada políticamente -aunque no socialmente- en la guerra civil del siglo XVII. Los principios de dominación allí han incluido un fuerte poder cultural y social que logró construir un sentido de Nación bajo la hegemonía de la coalición de comerciantes e industriales, que buscaron dominar “las olas del mar”. En Colombia se ha hecho muy difícil construir una nación, porque las coaliciones entre élites tienden a ser muy inestables. También por la subrepresentación de la sociedad en los cargos directivos del Estado y la economía. Por eso, cuando se logran consensos como en el Frente Nacional, se excluyen -y con violencia del Estado- a enormes sectores de la población, generando así espacios para las contestaciones violentas e insurreccionales.
Gustavo Petro ganó la Presidencia con promesas de cambio profundo en el modelo agrario. Según su estudio, ¿ve posible que el gobierno que llega pueda sacar una agenda reformista tan ambiciosa?
Petro tiene la oportunidad histórica de unir a dos países diferentes. Si se analiza el patrón de votos en las elecciones presidenciales de 2018 y 2022 se observa que ha logrado consolidar mayorías electorales en el Pacífico y el Caribe, dos regiones donde se ha concentrado la violencia y la desigualdad. Pero también ha enganchado en grandes ciudades como Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y Cali. En ese sentido, puede impulsar una amplia coalición de sectores urbanos y rurales. Sin embargo, el peso de la historia es fuerte, pues en Colombia desde el gobierno de Alfonso López Pumarejo, pasando por los mandatos de Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, hasta el punto uno del Acuerdo de Paz con Juan Manuel Santos, se presentaron frenos e incluso retrocesos en los planes de redistribución de la tierra. Entonces surge la pregunta: ¿será sostenible el plan de reforma agraria teniendo en cuenta esos vetos históricos por parte de ciertas élites regionales? La clave estará en la celeridad con la que hagan la reforma, la solidez del catastro multipropósito, la fijación de altos impuestos a los latifundios improductivos, la eficacia administrativa de las diferentes agencias estatales y asegurar que haya alternativas a la violencia para resolver los conflictos agrarios.
También hay mucha expectativa sobre los cambios que vendrán en el modelo extractivista, de pensiones y de salud. ¿Cómo lo analiza usted?
Si se analiza el ranquin que publica la Superintendencia de Sociedades sobre las empresas con mayores ingresos operacionales, veremos que en la cima de la lista están aquellos holdings financieros, compañías petroleras y EPS que se perjudicarían directamente con estas iniciativas presidenciales. En términos estadísticos, podemos estimar que llegaría a afectar a las personas jurídicas que controlan más del 40 % del PIB, si lo relacionamos con el tamaño de los activos y los ingresos operacionales de estos en 2021. Es decir, si Petro cumple a cabalidad con lo que se comprometió en campaña sobre descarbonización de la economía, pensiones y EPS, se echaría encima a los poderes económicos más fuertes. La gran incógnita es cómo reaccionaría lo que llamamos la élite oligárquica por la importancia que dan a la defensa de su riqueza, pues nunca en la historia de Colombia un presidente llegó a la Casa de Nariño con unas propuestas de reforma tan ambiciosas en diferentes frentes a la vez.
Finalmente, quisiera preguntarle por el rol de las mujeres en las cúpulas del Estado y la economía. ¿Cuáles son los hallazgos en esa materia que más le llaman la atención en su investigación?
Las mujeres siguen estando ampliamente subrepresentadas en cargos de dirección públicos y privados. El estudio mostró que de 1.281 personas que integran las élites colombianas en las últimas tres décadas, solo 178 eran mujeres, es decir, el 14 %. En el Ministerio de Hacienda, la gerencia general del Banco de la República y la Defensoría del Pueblo nunca se han elegido a mujeres en la historia. En gremios tan importantes como la Andi, Fasecolda, Fenalco, Fedepalma y Fedegán, por citar algunos ejemplos, tampoco ninguna mujer ha sido elegida presidenta. Un contraste se da en la JEP, donde casi la mitad de la magistratura está conformada por mujeres. En eso el estudio arrojó que la élite judicial ha sido la más incluyente en temas de género.
Por Juan David Laverde Palma
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