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Serias indicaciones sobre la situación de hacinamiento carcelario en el país, hizo este miércoles en el Senado, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.
En ese sentido, indicó que a más de $200 billones ascienden las demandas contra el Estado por detenciones preventivas sin pruebas fehacientes.
Según él, cuando los ciudadanos demuestran que no hay sustento legal para estar tras las rejas y logran quedar en libertad, de inmediato demandan al Estado.
Por eso, les recordó a los jueces y a los fiscales del país que la “detención es la excepción y no la regla; se puede asumir la libertad bajo fianza”.
“Lamentablemente todo lo queremos solucionar con el imputado en la cárcel”, señaló Otálora en la comisión primera del Senado.
Igualmente, el defensor dijo que no deben ser creados más tipos de penales para solucionar los problemas sociales.
“De crear el Congreso más delitos se podría seguir con el problema de hacinamiento carcelario”, sostuvo.
Sobre el tema ratificó su oposición a la aplicación de la cárcel para conductores ebrios y propuso aplicar medidas educativas que no colapsen en sistema penal.
Otálora propuso la posibilidad de que los funcionarios públicos que conduzcan en estado de embriaguez pierdan el empleo.
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