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El Congreso está a una semana de salir a receso legislativo y dar por terminado su primer periodo de sesiones, con lo que la corporación suspende actividades y retoma el próximo año, 2023. En esa medida, el Gobierno tiene en contrarreloj dos proyectos fundamentales, con riesgo de hundirse, si no se aprueban hasta el 16 de diciembre.
Así las cosas, la próxima semana será clave para la administración de Gustavo Petro, pues van a dar por cerrado el paquete de reformas que presentaron para este periodo. De esas, ya fue aprobada la ley de “paz total” y la reforma tributaria, a la que solo le falta sanción presidencial; sin embargo, todavía está en veremos la ley que crearía el Ministerio de la Igualdad y la reforma política.
El proyecto para crear la nueva cartera fue enviado con mensaje de urgencia hace un mes, por lo que no hay duda de que el Gobierno espera aprobarlo lo antes posible: le faltan dos debates, en plenarias de Senado y Cámara. Mientras tanto, la reforma política necesita dar su cuarto debate este año, para terminar su primera ronda y seguir con vida para el siguiente.
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Por ende, ambos proyectos van a debate el lunes, en una carrera maratónica, y, la bancada de gobierno tiene puestas todas sus intenciones en que ese día salgan con el visto bueno. “Creo que no va a haber mucho lío, pero, en el ejercicio político a veces uno puede equivocarse”, dijo a El Espectador la representante Luz María Múnera (Pacto Histórico), quien es ponente de la propuesta sobre el Ministerio de la Igualdad.
Ahora, ya se sabe que por diferencias entre lo aprobado en el Senado y en Cámara, la reforma política y la iniciativa de crearía la Jurisdicción Agraria y Rural (también de Gobierno) deberán ir a conciliación, por lo que el tiempo empieza a ponerse corto. Según el representante de la bancada oficialista, Heráclito Landinez, “esas conciliaciones van esta semana. No puede hacerse en sesiones extraordinarias, sino en el periodo ordinario”, dijo a este diario.
Si bien el gobierno tiene puesto el acelerador en esas iniciativas, el presidente del Congreso, Roy Barreras, sí anunció que habrá sesiones extraordinarias desde febrero para discutir el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Se trata de la hoja de ruta y la base de las políticas gubernamentales, que debe estar aprobado antes del 7 de mayo del 2023, según la ley.
Reforma política
En vez de ganar tiempo, lo ha perdido: tenía cita el pasado martes en la plenaria de Cámara y la discusión tuvo que ser aplazada por su presidente, David Racero, para “no asumir el riesgo de sacarla adelante y que después se caiga por vicio procedimental”, dijo.
El debate salió de la Comisión Primera de la Cámara sin el voto obligatorio y fue negada la posibilidad de que jóvenes de 18 años sean congresistas. El Gobierno insistió en ello e incluyo nuevamente los puntos, pero, al parecer no se incorporaron las observaciones de la comisión.
“Para claridad de la plenaria y evitar suspicacias, se suspendió el debate y se hizo una enmienda. La discusión de reanudará el lunes”, dice Landinez, ponente del proyecto. Agrega que los puntos más difíciles del debate serán “las listas cerradas, paritarias y con alternancia; quitar la competencia a la procuraduría para sancionar funcionarios elegidos popularmente y la financiación 100% estatal de las campañas”.
De acuerdo con Landinez, esperan que la reforma esté aprobada para mediados del próximo año y que tenga aplicación para las elecciones al Congreso en el 2026 y Asambleas y Concejos en 2027. “No aplicaría para 2023, a excepción del trasfuguismo, que una vez promulgado sería para los dos meses siguientes, y, la posibilidad de que los congresistas renuncien y ocupen un cargo público o privado”, dice.
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Ministerio de la Igualdad
Fue una de las promesas de la campaña de Gustavo Petro, por lo que para la representante Munera, el “afán” tiene que ver con dos cosas: “colocar en una sola cartera la inversión social y el gasto público, que está regado por todas partes y, es casi imposible hacerle seguimiento”. Adicionalmente, con “responderle a la gente. Lo están pidiendo sectores como mujeres, indígenas, negritudes, personas discapacitadas, entre otros”
La discusión más fuerte será con el Centro Democrático, quienes presentaron una ponencia negativa; igualmente, con los sectores que creen que el proyecto genera más burocracia estatal. “Estamos presentando una estructura mínima del Ministerio, lo mismo que cuánto creemos que va a costar: puede estar en 19 mil millones de pesos, que no es un gran valor”, dice Munera.
Agrega que espera ver un debate constructivo y con argumentos. Según dice, en la última cita, en las comisiones primeras conjuntas, fue protagonista la violencia simbólica: “En Colombia no hay pobres porque Dios lo quiera y, los ataques a Francia Márquez demuestran racismo”.
Finalmente, “el tema más delicado será sobre las facultades al presidente; hay ciertos resquemores en eso”, dice. Según Munera, la idea es que en abril o mayo de 2023 el Ministerio esté reglamentado: “se le dan facultades para que en seis meses lo tenga organizado”, señala.
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Por Laura Duarte Sandoval
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