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Si los militares norteamericanos que harán presencia en las bases colombianas habilitadas para su apoyo sólo lo hacen como tropas de tránsito, necesariamente tendría que existir una aprobación del Congreso de la República, como lo ordena la Constitución. De lo contrario, debería quedar claro si tales uniformados van a estar de manera permanente en Colombia, caso en el cual, de todos modos, tendría que verificarlo el Congreso y eventualmente fiscalizarlo la Corte Constitucional.
Las conclusiones hacen parte del concepto del Consejo de Estado respecto a la polémica presencia de militares de EE.UU. en bases colombianas. El Espectador conoció apartes del documento y el sentido genérico del mismo. Para el contencioso administrativo es fundamental que el acuerdo determine a qué título harán presencia los militares: si como contratistas, personal civil o uniformados con misión militar. Además, sería pertinente que se especificara el rango de tales militares.
Uno de los aspectos polémicos del documento es el de los controles que Colombia pueda hacer sobre la conducta de los militares de EE.UU.. Según el concepto, si bien puede existir la figura de la inmunidad judicial, de todos modos prevalecen restricciones para vigilar los movimientos principales de los uniformados, las personas o funcionarios con quienes entrarán en contacto y qué tipo de actividades específicas realizarán en beneficio del Estado.
Este diario estableció que las principales inquietudes del alto tribunal se concentran en que el Estado entiende que en el pasado inmediato se han presentado dificultades con militares de ese país y que por eso es necesario extremar los controles, sobre todo en zonas de alto riesgo donde puede ser más vulnerable la situación. Por eso sería pertinente que el Congreso examine también con qué tipo de aeronaves y -sobre todo- con qué armas ejecutarán sus acciones, para saber si están plenamente autorizadas en Colombia.
En los próximos días el Mindefensa y la Cancillería se pronunciarán sobre el concepto del Consejo de Estado, para tomar las determinaciones del caso. Los conceptos del tribunal no obligan al Gobierno, pero sientan precedente jurídico para tomar decisiones gubernamentales o estatales.
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