A los delincuentes hay que pegarles en el bolsillo: Santos

Según explicó, con las modificaciones se darán más agilidad a las extinciones de estas propiedades, al eliminar la fase de fijación provisional de la pretensión del proceso de extinción (y los 75 días que dura esta etapa). A lo que se suma que se buscará que los jueces que se hagan cargo de estos casos, tengan la experiencia necesaria y que “en caso de que no se pueda hacer la notificación personal al demandado, se podrá notificar mediante un aviso”.

Pero los cambios en el código de extinción también buscarán incentivar las denuncias por parte de los ciudadanos, con beneficios como recompensas de hasta el 5 % de la venta del bien (con la condición de que no supere los 2500 salarios mínimos). Quienes confiesen voluntariamente la propiedad sobre estos bienes también recibirán algunos beneficios.

Sobre el uso de estas propiedades, Santos explicó que con las modificaciones el Estado “podrá hacer uso temprano”. Para esta decisión, se creará un comité conformado por la Presidencia y los ministerios de Hacienda y Justicia. Además, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) podrá “ejercer las funciones de Policía, para recuperar los bienes cuando sea necesario”, y en caso de que estos sean predios rurales pasarán a ser parte de la Unidad de Tierras y el Fondo Nacional de Tierras.

El uso de los fondos de la SAE también fue modificado con esta nueva ley. Así, 25 % de estos recursos estarán destinados a la rama judicial 25 % para la Fiscalía General, 10 % para “a la Policía Nacional para fortalecer las investigaciones de la policía judicial” y el 40 % restante para fortalecer “la infraestructura penitenciaria y carcelaria”.

“Con esta nueva ley le damos más dientes, más capacidad a las autoridades para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. Gana la sociedad, gana la justicia, gana el Estado y pierden los delincuentes”, concluyó Santos.