¿Abusando del “fast track”?

“Hay que aprovechar este momento histórico para hacer las reformas que no hemos hecho en las últimas décadas”, señaló el jefe de la cartera política a mediados de febrero, aprovechando la coyuntura del debate sobre participación política de las Farc en el Congreso. Pero el Acto Legislativo 01 de 2016 es muy claro: el procedimiento especial legislativo se creó con el propósito de “agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto” firmado con la guerrilla.

Entonces, muchos congresistas, incluidos los de la Unidad Nacional, se han llegado a preguntar qué tienen que ver el voto obligatorio o reducir la edad a 16 años para permitir el derecho al voto con los acuerdos de La Habana. “Esos son temas que deben tener una discusión mucho más amplia y no admitimos que se limite la posibilidad de que muchos miembros del Congreso queden censurados por cuenta del fast track”, le dijo a este diario el senador Germán Varón, de Cambio Radical.

El asunto, en últimas, tiene que ver con la protesta que han hecho senadores y representantes por la imposibilidad de presentar alternativas distintas a las radicadas por el Gobierno, pues todo lo que pase por el procedimiento especial legislativo debe ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. “Respuesta: no porque no. ¿Le suena familiar? Así mueren propuestas en el fast track. Sin argumentos, el Gobierno no avala, y ya”, dijo la representante de la Alianza Verde Angélica Lozano.

Por eso, en los debates de las comisiones y plenarias termina imponiéndose la ponencia del Gobierno, previamente avalada por la Comisión de Seguimiento y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, de la que hacen parte, por el lado de las Farc, Iván Márquez, Jesús Santrich y Victoria Sandino, y por el lado del Gobierno, el ministro Cristo, el alto consejero del Posconflicto, Rafael Pardo, y el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Así, sólo con el visto bueno de la Casa de Nariño se pueden incluir modificaciones a los textos debatidos. No es suficiente con que haya una postura mayoritaria en el Legislativo.

Otra de las preocupaciones tiene que ver con el blindaje que le da la Corte Constitucional a lo pactado en Cuba. En los pasillos del Congreso se rumora que, dado que el Acto Legislativo para la Paz estableció unos tiempos más cortos para la revisión de las reformas aprobadas en el Capitolio, más la condición de que “el control de constitucionalidad de los actos legislativos se hará sólo por vicios de procedimiento en su formación”, el Gobierno quiere proteger unas reformas que, de otro modo, no podría sacar adelante.

“Pero le decimos al Gobierno que no abuse y, si lo hace, nos vamos a oponer o vamos a acudir a la Corte Constitucional para que ejerza su función de control. Es cierto que la revisión del alto tribunal establecida en el Acto Legislativo es diferente en el sentido de que es más rápida, pero tenemos triple seguro: la presión social, el control constitucional y el control político”, advirtió por su parte la senadora Claudia López, también de los verdes, una de las ponentes de la Jurisdicción Especial de Paz, aprobada ya en tercer debate en la Comisión Primera del Senado.

La respuesta del Gobierno es simple. Afirma que lo único que se está haciendo es materializar el punto dos de la agenda de paz de La Habana, sobre participación política y apertura democrática y, bajo esa premisa, argumenta que el voto obligatorio y la financiación estatal en 100 % a las campañas políticas, por ejemplo, son un desarrollo normativo de lo acordado. “¿Qué tal que hubiéramos pactado con las Farc estas reformas? Estarían diciendo que negociamos de espaldas al país. Hay que hacer estas reformas, ¿o es que los ciudadanos están contentos con la forma en la que se hace política en Colombia?”, cuestionó el ministro Cristo.

Al fast track le quedan, apenas, tres meses de vida. Eso sí, prorrogables por seis meses más. Pero lo cierto es que tanto Gobierno como Congreso deben enfocarse en priorizar lo urgente, porque tramitar cualquier reforma con la excusa de que tiene alguna relación con lo pactado con las Farc es un riesgo que va en contravía de la propia implementación y eso, en últimas, terminará jugando en contra de la principal bandera del jefe de Estado: la paz de Colombia.