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Se posesionó hace más de dos años como defensor del Pueblo, ¿cómo ha cambiado el panorama de los derechos humanos en el país durante este período?
Debo ser honesto, heredamos un país complejo desde el punto de vista de los derechos humanos. Hoy por hoy tenemos una situación bastante deteriorada y vemos cómo los grupos armados ilegales se han expandido y fortalecido con el desarrollo de las economías ilegales. El Clan del Golfo, por ejemplo, que anteriormente hacía presencia en 184 municipios, hoy está en más de 392. El ELN tiene presencia en cerca de 200 municipios y las disidencias de Iván Mordisco en más de 180.
¿Cuáles son las regiones más afectadas por esa violencia?
Tenemos situaciones delicadas en el nororiente de Colombia, en el departamento de Arauca y en la región del Catatumbo y sus 11 municipios, donde hacen presencia las disidencias de las FARC, el ELN y las organizaciones de crimen organizado. Observamos también un panorama delicado en el Cauca, no solo en la parte norte, debido a factores de violencia por la presencia de las disidencias de la FARC con el Comando Coordinador de Occidente, los frentes Oliver Sinisterra y Jaime Martínez y las columnas Dagoberto Ramos y Franco Benavides.
En ese sentido, ¿qué tanto han servido las alertas tempranas que ha emitido la entidad?
Las alertas tempranas son una de las principales herramientas que tiene el Estado para la prevención de todas las situaciones de riesgo; si atendemos esas recomendaciones, salvamos vidas, evitamos confinamientos, reclutamiento forzado, extorsiones, víctimas de minas antipersonal. Este año hemos emitido 39 alertas tempranas, revelando conductas como las amenazas, los homicidios selectivos, los desplazamientos forzados masivos, la utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto y los enfrentamientos con interposición de la población civil.
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Pero, ¿qué tan efectivas son? ¿Están siendo acatadas por las instituciones?
Encontramos un bajo nivel de cumplimiento en las recomendaciones, pero no desfallecemos en el intento e invitamos a todas las autoridades de cualquier nivel de la administración a que den la mayor importancia a las alertas. Incluso hemos propuesto crear un fondo para atender las recomendaciones, porque en muchos casos las alertas tienen un componente económico que no se les puede exigir a municipios de sexta categoría. Por otra parte, la Procuraduría ha hecho el llamado correspondiente a las autoridades para que le den estricto y riguroso cumplimiento a las alertas, so pena de cualquier sanción de orden disciplinario.
La Defensoría ha puesto la lupa sobre el secuestro, ¿cuál es el panorama real de ese delito? ¿Está en aumento?
Tenemos una cifra de entre 80 y 90 personas que siguen secuestradas, pero creemos que hay un subregistro. Nosotros les exigimos a las disidencias, al ELN y a otros grupos armados que retornen a la libertad a todas esas personas que tienen en cautiverio. Si tienen una real voluntad de adelantar cualquier proceso de paz, que se traduzca en hechos concretos, los cuales no se puedan aplazar, no se trata de anunciar que van a secuestrar hasta el 30 de enero o cualquier fecha, eso no tiene sentido, es una burla a la sociedad colombiana.
Ahora, para los siguientes ciclos de negociaciones, lo que pedimos es que digan qué va a pasar con con todos los niños, todos los menores de edad que están reclutados ilegalmente.
En este punto entra en juego la “paz total”, porque el Gobierno está dialogando con esos grupos. Por su críticas algunos lo señalan de enemigo de esa apuesta, ¿cuál es su posición al respecto?
Nosotros estamos para ayudar en cualquier anhelo y propósito loable y plausible de paz. Acompañamos la generosidad y el buen propósito del Gobierno de liderar un proceso de paz total, pero es importante que haya reglas claras; qué va a pasar con el secuestro, las extorsiones, homicidios, el reclutamiento, el desplazamiento. Así como el Gobierno ha sido generoso, pues incluso ya vamos a cumplir un año de los decretos de cese al fuego bilateral con varias estructuras criminales, estamos esperando la generosidad de los grupos armados ilegales; que devuelvan a los secuestrados de manera inmediata, por ejemplo. Tiene que cesar inmediatamente la afectación en los derechos humanos individuales y colectivos de todas las comunidades.
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Para lograr esos objetivos se necesita una buena articulación institucional. ¿Cómo está la comunicación entre la Defensoría y el Gobierno?
Claro, es que una golondrina no hace verano. Nosotros, como órganos de control en derechos humanos, estamos llamados a visibilizar todas las problemáticas, pero es el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales los encargados de liderar las políticas públicas para combatir todos esos riesgos que visualizamos desde la Defensoría. Tenemos buen ánimo para trabajar con todas las instituciones.
Pero ha chocado varias veces con el presidente Gustavo Petro.
Siempre tenemos la mejor disposición para mejorar cualquier clase de relación. Somos conscientes de que el trabajo que hacemos, lo hacemos de manera objetiva, no tenemos interés distinto de lograr la garantía de los derechos de las comunidades en el territorio. Yo insisto en el llamado a trabajar de manera armónica y colaborativa entre todos los poderes del Estado.
¿Qué opina del programa “Jóvenes en Paz” que el Gobierno presentará mañana?
Ese programa está en consonancia con uno que hemos impulsado desde la Defensoría del Pueblo, que trata, por ejemplo, de crear una política de empleabilidad de jóvenes sin experiencias. En ese programa tenemos psicólogos, trabajadores sociales, abogados y otros especialistas. Lo hemos focalizado en los 179 municipios PDET, como apuesta en favor de la implementación del Acuerdo de Paz. Entonces son ideas complementarias. Todos queremos consolidar el anhelo de paz, por eso elevamos una exigencia a los grupos armados: no pueden seguir burlándose del país.
Hablemos del tema migratorio, ¿cuál es el balance de la Defensoría sobre ese fenómeno en el país?
Hemos hecho acompañamientos en las distintas rutas identificadas, entre esas la de Necoclí, Golfo de Urabá y el Tapón del Darién. En abril emitimos una alerta binacional, con Panamá, para hacer recomendaciones a las autoridades de los dos países y también estuvimos con la defensora de Costa Rica y la de Ecuador, todo con el propósito de dar a entender que esa problemática es transcontinental.
Le solicité al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que nos dé una audiencia a los 22 defensores del pueblo de Iberoamérica para buscar soluciones comunes y hacer los llamados necesarios.
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La Defensoría también entró al debate de las reformas, ¿cuál es su postura frente a esos proyectos?
He hecho los reparos a los que hay lugar, con mucho respeto, porque no se trata de asumir personalismos, sino de debatir con seriedad para que el Congreso analice cada punto. En el caso de la reforma a la salud, aquí tuvimos a todos los actores, que nos ayudaron a construir un documento que pusimos a consideración del Congreso.
¿Cuáles son los retos para 2024, año en el que termina su período?
Seguramente tendremos muchos, Colombia es un país donde a diario, de manera lamentable, se vulneran los derechos. La Defensoría estará muy atenta a las órdenes de la Corte Constitucional para evitar la muerte de niños y niñas en La Guajira y tiene como gran propósito que sean atendidas, por el Gobierno y los grupos armados, las recomendaciones sobre el proceso de paz. No podemos callar mientras los armados dialogan y afectan a la gente.
Volvamos, para terminar, al tema de su relación con el Gobierno. ¿Quiere enviarle algún mensaje al presidente Petro?
El mensaje para el señor presidente de la República es que aquí tiene a una Defensoría del Pueblo aliada de los buenos propósitos, por eso siempre he dicho que si a él le va bien, no va bien a todos los colombianos. En el caso del proceso de paz total insisto que el llamado es a los grupos armados ilegales para que acompañen todas las palabras de paz estén acompañados con hechos.
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