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A la plenaria de la Cámara de Representantes llegaron más de 20 concejales de diferentes municipios del departamento del Caquetá pidiendo ser escuchados porque temen por sus vidas y la de sus familias.
Con mensajes como estos, líderes del municipio de Cartagena del Chairá se ven intimidados diariamente:
“Concejales analizando sus directrices políticas y pensamientos en apoyar las iniciativas del Gobierno y del Alcalde paramilitar autorizando para que endeude el municipio hemos determinado activar plan pistola para usted y su familia. Montañas de Colombia, 15 de septiembre”
Hace apenas un mes fue asesinado el periodista antioqueño, Luis Carlos Cervantes, luego de que le fuese retirado su esquema de seguridad. Según el representante Harry González, este Fatídico hecho podría repetirse en el Caquetá si el Estado no aumenta los recursos para la Unidad Nacional de Protección.
“Ya el director de la UNP, Andrés Villamizar, anunció recortes en esquemas de protección por el déficit en el que se encuentra el organismo de seguridad, por esto advertimos que hay una población muy vulnerable como los son los concejales de Colombia, que son el nivel más sensible de la democracia y que tienen una alta presencia en zonas de conflicto lo que expone sus vidas”, dijo el congresista.
Agregó que si no se garantiza la protección a la vida de líderes de derechos humanos, periodistas, concejales, y en general la todas las personas que se benefician de los programas de protección de la UNP pueden llegar miles de demandas al Estado por no proteger la vida de quienes a diario son atemorizados.
“De llegar a afectarse la vida de estas personas el Estado colombiano tendría que responder y ahí sí que no hubiese dinero para sostener la cantidad de demandas que vendrían en contra del Gobierno”, anotó.
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