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El intento que aún sobrevive en el Congreso para que los legisladores se reduzcan el salario está a punto de morir a manos de los propios congresistas, tal como ha pasado con los 10 proyectos que se han presentado en los últimos nueve años y que nunca tuvieron la fortuna de avanzar. Ahora, peleas entre el Congreso y el Ejecutivo, escándalos de corrupción que salpicarían a las presidencias de Cámara y Senado, y las reformas que se han llevado la atención, la última propuesta parece estar condenada al mismo destino que sus antecesoras.
En el papel, al menos 124 legisladores— 57 senadores y 67 representantes— apoyaron la iniciativa del senador Jonathan Pulido “Jota Pe” Hernández (Alianza Verde) en el momento de su radicación en la cámara alta, el 3 de agosto de 2022. En ese momento, los congresistas se unieron para apoyar un objetivo claro: eliminar la Prima Especial de Servicios— que en el 2023 correspondía a $14′256.837—, y así reducir el monto que ganan los congresistas de forma mensual que, con el nuevo decreto del Gobierno nacional, se reajustó para alcanzar los $48 millones, es decir, un aumento del 10,88 %.
Pese al apoyo que tendría, el proyecto ha demostrado ser un hueso duro de roer para surtir el trámite legislativo. En la Comisión Primera de Senado pasó el debate el 25 de abril, por unanimidad y sin modificaciones. En plenaria fue aprobado el 22 de agosto de 2023, con algunas proposiciones. Una de ella fue precisamente la de incluir a altos funcionarios del Estado en esa reducción salarial, propuesta por el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical).
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“Cuando hablamos de disminuir brechas salariales tenemos que incluir los altos funcionarios del Estado, no solamente congresistas, también los de rama ejecutiva, judicial, organismo de control e independientes”, explicó el senador.
Desde entonces ha pasado por varios altibajos, pero el más clave ha sido una demora en meter la proposición en la agenda. El coordinador ponente de la iniciativa, Duvalier Sánchez (Alianza Verde), señaló que “la mesa directiva lo ha agendado varias veces, pero diferentes circunstancias, cambios en el orden del día, proyectos del Gobierno han imposibilitado que se tenga ese penúltimo debate”.
“Yo realmente espero que sí se dé el debate [este martes] (…). Yo le pedí de forma especial a los 41 compañeros de la Comisión Primera de Cámara que no le hagamos más el quite, que no nos inventemos más cambios del orden del día. Dejémoslo discutir ahora y que cada quien exprese sus argumentos, y que quien esté de acuerdo lo asuma y quien esté en desacuerdo lo asuma”, dijo el representante.
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Por los pasillos del Congreso también corre el rumor de que esa demora sería a propósito, debido a las actitudes que ha tenido el senador “Jota Pe” con los representantes de la Comisión Primera y que ha generado hostilidad entre los integrantes de corporación, quienes no están dispuestos a dejar pasar los señalamientos de “hipócritas” por cuenta del congresista de Alianza Verde. Al parecer, Hernández tampoco habría puesto de su parte para lograr concertar y negociar con los representantes que integran la comisión, por lo que este no sería el primer punto en la agenda para la discusión entre los proyectos que están próximos a hundirse.
En el caso remoto de que pueda superar los dos debates con el reloj corriendo, todavía queda una evaluación por completar: el control constitucional. Para estas discusiones, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Exteriores han señalado que tal cambio en los salarios de los congresistas sería “inconstitucional”. Según alegan las dos entidades, de acuerdo con los artículos 150-19 y 154 de la Constitución, solo el Gobierno nacional tiene la potestad de modificar el salario de los legisladores y de demás funcionarios públicos, por lo que un cambio así desde el Congreso no sería posible.
“De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo dispuesto en el artículo 154 implica que los proyectos de ley que tengan dicho propósito deberán ser iniciativa del Ejecutivo o contar con su aval, representado en este Ministerio en materia presupuestal y fiscal, de lo contrario correrán el riesgo de ser inconstitucionales”, quedó consignado en el texto del Ministerio de Hacienda con fecha del 6 de marzo de 2024, en poder de El Espectador.
De igual forma, tampoco estaría dentro del marco de la legislación colombiana usar ese ahorro que salga de la reducción de los salarios— que, con base en cifras del 2023, asciende hasta los $423.272 millones— para “financiar proyectos de educación rural y bonificaciones adicionales a los miembros de la fuerza pública”, tal y como está proyectado en la iniciativa.
“El temor del proyecto como está es que no pase ese control constitucional, precisamente porque no solamente es el salario de los congresistas, sino muchos otros salarios de funcionarios como los magistrados”, indicó la representante Carolina Arbeláez (Cambio Radical).
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La misma congresista advirtió que uno de los puntos clave para la discusión es determinar la inclusión de los altos montos de algunos funcionarios del Estado, que son incluso mayores que las del presidente (30 salarios mínimos). Así, consideró, por ejemplo, que los salarios de la gerencia del Fondo de Adaptación ($79.202.150) y de la dirección de la Agencia Nacional Inmobiliaria ($76.156.223) son “exorbitantes” y deberían reducirse.
“Somos ponentes de esta iniciativa. Firmamos la ponencia a favor porque entendemos que hay una indignación ciudadana en un país con muchas desigualdades. Acompañamos esta iniciativa y estamos esperando a que llegue el debate para poder argumentar algunas observaciones que tenemos del proyecto, no solo de los salarios de los congresistas, sino también reducir los altos salarios de los funcionarios públicos, porque hay unos ‘supersalarios’ que uno no se explica el criterio”, apuntó.
La dirección de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ($76.656.591) y los magistrados del Consejo de Estado ($61.924.444) podrían ver una significativa disminución en el monto que llega a sus cuentas bancarias en caso de que el proyecto pase. En todo caso, la reducción salarial de los congresistas es una promesa incumplida desde que el Congreso y la Presidencia de la República se comprometieron en un acuerdo político para lograr que los siete puntos de la Consulta Popular Anticorrupción de 2017, que no alcanzó el umbral requerido para ser vinculante, fueran ley.
Esta es la ponencia que se discutirá este martes:
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Por María José Barrios Figueroa
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