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En los tres meses que lleva como titular del Ministerio del Interior, Aurelio Iragorri Valencia reconoce que el momento más difícil de su labor fue cuando le tocó resolver el paro agrario y enfrentar la minga de los indígenas en el Cauca, su tierra, cuando a pie y sin escoltas caminó hasta donde estaba una turba de manifestantes armada con palos y machetes, todo para poder convencerlos de que abrieran las vías que tenían taponadas. Esa noche levantaron el bloqueo.
Una acción que muestra el talante del funcionario que ha estado detrás de cada una de las 284 leyes que se han aprobado desde el comienzo del gobierno Santos, como ministro, viceministro, secretario de Presidencia, asesor o consejero. En diálogo con El Espectador, Iragorri Valencia entrega el balance de la gestión gubernamental ante el Congreso de la República, revelando que se planea presentar una nueva reforma política para abordar temas que, según considera, el país debe afrontar, como replantear si se necesita un Senado nacional o si es mejor tener designado que vicepresidente. Y claro, también habla de la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y de las actuaciones del presidente-candidato, tan cuestionadas por la Procuraduría, entre otros temas.
¿Qué balance le queda al Gobierno al término de un nuevo período legislativo?
Nos fue bien. El balance legislativo tenemos que hacerlo de manera integral. Cuando llegamos al gobierno teníamos claro qué era lo que había que presentar al Congreso: una agenda absolutamente transformista que significara la aprobación de normas que nunca se habían podido sacar adelante. A hoy tenemos 284 leyes aprobadas, 57 de ellas en este primer período de la legislatura 2013-2014. De todas, 142 fueron de origen gubernamental y 142, coincidencialmente, de origen parlamentario. Aunque la gente aún no lo perciba, todas esas leyes apuntan a un nuevo país, donde, por ejemplo, las víctimas importan, o donde la lucha contra la pobreza tiene unas herramientas que dan resultados concretos.
¿Cuál cree que es la ley más importante que se aprobó en este período?
La de infraestructura, una herramienta que le va a permitir al país ser mucho más eficiente en las obras públicas y además obliga a que éstas no se hagan de manera improvisada. También facilita la adquisición de predios, reglamenta los procesos de contratación o de ampliación de los contratos.
Y además de esa, ¿qué habría para destacar?
El Código Penitenciario; lo del cuatro por mil, que aunque no sea una norma popular va a permitir todos los cambios que queremos hacer en el sector agrícola; la del fondo de defensa a los militares y la de beneficios a miembros de la Fuerza Pública.
¿Qué quedó pendiente?
Mis dos grandes frustraciones son haber trabajado dos años para la aprobación de la reforma al fuero militar y que se haya caído en la revisión por un problema de trámite en la Corte y que no se haya podido sacar adelante aún la reforma a la justicia.
En lo del fuero militar, ¿se va a presentar un nuevo proyecto?
Sí, sólo que como es un acto legislativo que se cayó no alcanzábamos a presentarlo en este período. Y hay que presentar una nueva reforma política de fondo.
¿Cómo así? ¿Apuntándole a qué?
A revisar el sistema de elección del Congreso. Ver si lo que el país necesita es un Senado nacional o algunas de sus curules deben ser regionales. Pongo un ejemplo: no puede ser que todos los departamentos de la Orinoquia sólo tengan un senador.
¿Una reforma incorporando los eventuales acuerdos que se firmen en La Habana?
No, eso será una discusión posterior. Lo que se ha hablado hasta ahora sobre participación en política en La Habana no tiene nada que ver con participación de las Farc, sino de aquellas regiones que han estado marginadas, aquellos líderes sociales o etnias que están en zonas donde nunca fue fácil esa participación en política.
Pero usted habla de una reforma de fondo, ¿qué más incluiría?
Todos los temas de profundidad que no se han querido discutir: la estructura de la Cámara y del Senado, la reelección y la ampliación de los períodos de los alcaldes y gobernadores, si es mejor tener designado que vicepresidente. En el comienzo del gobierno, con Germán Vargas Lleras como ministro, les planteamos esos puntos a los partidos, pero ellos dijeron que no porque no estaban preparados para abordar esa discusión. Pero es claro que son cosas que el país tiene que entrar a discutir.
¿Qué pasó con el tan anunciado Estatuto de Desarrollo Rural que nunca llegó?
Se quedó enredado en la consulta previa, como pasó con la reforma a las corporaciones autónomas regionales (CAR).
¿Y tienen pensado presentar algo para modificar el tema de la consulta previa?
Sí, pero el lío es que para modificar la consulta previa hay que consultar esa modificación. Y no hemos podido, porque la consulta de la consulta no es fácil.
¿Y entonces ahí qué?
Hay que hacer el esfuerzo y presentar un proyecto para que haya reglas claras. Sí a la defensa de los derechos de las minorías, no a la especulación y lo que se ha generado en torno a algunos procesos de consulta previa, donde algunas personas lo que han querido es desvirtuar los principios de reconocimiento de esas minorías y lo han vuelto un negocio particular.
¿Qué pasó con el proyecto de acceso a tierras y baldíos que presentó el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, y que tuvo que retirar después?
Se va a presentar en marzo.
¿No le parece que es poco serio presentarlo y retirarlo al otro día?
Lo que me parece es que en la presentación de ese proyecto se cometieron algunos errores de procedimiento interno. Faltó la revisión en detalle de su contenido jurídico en Palacio o haber informado a los otros ministerios para poder saber si teníamos los tiempos suficientes para sacarlo adelante. Era muy complicado teniendo sólo dos semanas antes de que se acabara la legislatura, con unos artículos que tenían la necesidad de ser estudiados a profundidad.
O sea, Lizarralde les quería meter un gol…
No, yo creo en la buena fe de todos los integrantes del Gobierno en la concertación de esos proyectos.
¿Está sólida la Unidad Nacional ante el debate electoral que se viene encima?
Sin duda la Unidad Nacional tiene que entrar en una etapa totalmente diferente, en la que sus miembros empezarán a competir entre ellos. No podemos medir su solidez en medio de un proceso electoral en el que todos compiten contra todos. Ahí, en ese momento, no hay unidad. Pero aunque muchos han dicho que estaba pegada con babas, ha demostrado que ahí está la madera de los políticos más importantes de Colombia, empujando una misma causa. Y a pesar de todas las críticas, se metió en las inmensas transformaciones que ya están comenzando a ser aplicadas en el país.
¿El Gobierno está tranquilo frente a las advertencias de la Procuraduría sobre las actuaciones del presidente-candidato y las garantías electorales?
Totalmente tranquilo. Pensamos que esa línea que algunos ven como borrosa entre la obligación y deberes del presidente como presidente y sus actividades como candidato está plenamente definida en la ley. Lo que no podemos es entrar a hacer interpretaciones extensivas de una normatividad que es restrictiva. No se puede tratar de limitar las acciones del presidente y la Ley de Garantías se está cumpliendo a cabalidad.
¿Y será que ir a una convención partidista es una acción justificada?
Es válido. Inclusive la misma Ley de Garantías establece, en uno de sus artículos, que el presidente vaya a este tipo de eventos y así lo dijo el concepto del Consejo de Estado. En esas convenciones se están mirando distintas alternativas, entonces no sería igualitario que los demás candidatos sí pudieran ir y no el presidente-candidato.
¿Por qué entonces tanta molestia y cuestionamientos de la Procuraduría?
No sé.
¿El Gobierno se siente incómodo con este tipo de actuaciones del Ministerio Público?
Uno como funcionario de un gabinete no se puede referir a eso y debe respetar la institucionalidad. Cuando no estamos de acuerdo lo expresamos por escrito, sin observaciones a los medios.
¿Y cómo analiza el Gobierno la reacción del alcalde Gustavo Petro y los sectores que lo apoyan, tras la destitución de la Procuraduría?
Queremos hacer un llamado a toda la ciudadanía para que sean respetuosos, para que las protestas, que son legítimas, no trasciendan a problemas de orden público. Así como están protestando para defender los derechos de alguien, deben respetar los derechos de los otros.
Según el alcalde Petro, su destitución atenta contra el proceso de paz en La Habana…
Espero que el tema del proceso de paz sea llevado de manera independiente de la problemática que se vive en el país. Es muy difícil llevar un proceso y que se afecte por los problemas que suceden aquí. Si cada atentado o cada éxito en una acción militar afectara los diálogos, nunca llegaríamos a la paz que anhelamos. El Gobierno espera que la decisión disciplinaria del procurador no afecte las negociaciones.
Claro que las Farc ya manifestaron su preocupación por la destitución…
Así lo señalaron, pero nuestra visión es que en el nuevo país que está surgiendo se debe tener en cuenta la necesidad de que esos sectores participen y puedan hacer política. Y por el otro lado, tenemos claro que es obligación de todos los funcionarios cumplir la ley y la Constitución.
Según Petro, sólo el presidente de la República es la persona competente para destituir al alcalde de Bogotá, ¿cómo ven esa interpretación jurídica?
Quiero dejar claro que la independencia de los poderes hace que eso sea inviable. Al presidente no se le puede pedir lo imposible. Pero con respecto al tema de Petro, quiero decir también que el proceso disciplinario aún no ha terminado, falta el recurso de reposición. Y lo que el Gobierno espera es que se respeten los derechos a la legítima defensa y al mismo tiempo se respete la institucionalidad de quien tiene que tomar las decisiones. Lo que he sentido en estos días es que quienes opinan sobre el tema lo que están haciendo es echarle un carbón ardiendo a una hoguera. Y que yo sepa, hoy nadie conoce el expediente para afirmar que es justa o injusta la decisión.
¿La paz necesita de la reelección de Santos?
Colombia ha entendido que la paz es un elemento fundamental de la política. Eso no estaba tan claro antes. Hoy está en el centro del debate electoral, es un factor determinante y, a diferencia de años anteriores, percibimos que la paz está más cerca que nunca. Tengo que decir que valoro mucho el gesto del presidente Santos de haberle informado a los colombianos su intención de ser reelegido. Es la primera vez que un mandatario en ejercicio, que no cambió un ‘articulito’ de la Constitución para este fin, hace uso del derecho de presentar su nombre para la reelección. Y me parece responsable que lo haya hecho, porque está surgiendo un nuevo país en el que las víctimas importan, los pobres cuentan y los desempleados preocupan. Y el país que está surgiendo es optimista ante la paz, moderadamente, pero optimista.
Claro que el uribismo dice que en este gobierno se desvió el rumbo…
No puedo entrar en esas controversias, porque dirían que estoy participando en política. Ellos han presentado sus listas a Congreso y su candidato a la Presidencia. Pero sí le puedo decir que al presidente de la República no lo eligió el gobierno del presidente Uribe, lo eligieron más de nueve millones de colombianos que votaron por él. El gran apoyo fue el del pueblo colombiano y lo que hemos hecho durante estos tres años y medio ha sido cumplir con los principios de nuestra campaña, que era luchar por un país más justo, más igualitario y más próspero. El pueblo colombiano no puede decir que Santos los traicionó.
Hoy está en el Ejecutivo, pero su padre es un veterano de la política electoral. ¿Aspira en un futuro a recoger las banderas de él?
Por ahora lo único que aspiro, como lo he hecho en cada uno de los ocho cargos que he tenido en este gobierno, es a ser un buen ministro del Interior.
¿Extras antes del 15 de enero?
¿Definitivamente no se va a convocar al Congreso a sesiones extras?
No.
El senador Juan Lozano cree que son necesarias ante la entrada en vigencia del sistema oral acusatorio, a partir del 1° de enero, y la falta de condiciones para asumir ese reto…
Es necesario ampliar el plazo y el ministro de Justicia está buscando, junto con el Consejo de la Judicatura, alguna herramienta que permita su ampliación. Esperamos que sean eficientes y tengamos esa respuesta antes de que se cumpla la vacancia judicial el otro año. Si fuera necesario, se puede contemplar la necesidad de llamar a extras antes del 15 de enero. Esperemos que no.
¿Qué pasó con la reforma electoral que nunca prosperó?
Nos faltaron dos debates. Lamentablemente se juntó con la cercanía de un proceso electoral y eso desfiguró la iniciativa. De pronto más adelante.
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