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La Defensoría del Pueblo alertó que, debido a amenazas e intimidaciones de parte de grupos armados al margen de la ley, alcaldes, concejales y otros servidores públicos se han visto en la obligación de abandonar sus municipios y gobernar y cumplir sus funciones desde otras ciudades.
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“La exacerbación del conflicto armado en el país ha generado un panorama preocupante. Un reporte elaborado con información de todas las regionales de la entidad da cuenta de cómo en época preelectoral no solo las comunidades en las regiones se han visto afectadas, también servidores públicos, como alcaldes y concejales, principalmente, que vienen siendo blanco de intimidaciones realizadas por organizaciones ilegales”, señaló la entidad.
Luego de los reportes entregados por las 42 Defensorías Regionales, se evidenció que 12 alcaldes, en siete departamentos, están despachando desde afuera de sus municipios o desde otras jurisdicciones, luego de ser amenazados. Estos serían: los alcaldes de Puerto Guzmán (Putumayo), Cartagena del Chairá (Caquetá), Magüí Payán (Nariño), Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar (Chocó), El Bagre y Tarazá (Antioquia), Villeta (Cundinamarca) y Tibú y La Playa (Norte de Santander).
También han tenido que desplazarse funcionarios como concejales, personeros municipales, corregidores y presidentes de Juntas de Acción Comunal de los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Guaviare, Norte de Santander, Santander y Tolima.
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“Es urgente adoptar medidas de protección y fortalecer la presencia institucional, especialmente en aquellos municipios donde hoy no existen las condiciones de seguridad para que los funcionarios puedan desempeñar sus labores ni para la libre defensa de los derechos humanos. La presión de los grupos ilegales, cuando el país está en ambiente de elecciones locales, no puede imponerse bajo la amenaza de las armas”, expuso el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Agregó: “Resulta sumamente alarmante el fenómeno de desplazamiento institucional, ya que en varias regiones del país ni siquiera las autoridades elegidas por voto popular puedan permanecer en sus territorios y ejercer sus labores. Si eso pasa con las autoridades, qué pueden esperar las ciudadanas y los ciudadanos que habitan esas poblaciones”.
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