Alcaldes respaldan decisión de Santos de eliminar Ley de garantías

Aunque ya lo habían manifestado durante la clausura del Congreso Nacional de Municipios que se realizó en la ciudad de Cartagena la semana anterior, buena parte de los alcaldes aglutinados en la Federación Colombiana de Municipios se mostraron a favor de eliminar la norma que limita la ejecución d presupuesto y la contratación en tiempos preelectorales. De acuerdo con el alcalde de Barrancabermeja y Presidente de la Federación Colombiana de Municipios (FCM), Elkin David Bueno Altahona, “la Ley se ha convertido en una talanquera para el desarrollo de los municipios y no hay razón válida para que las administraciones municipales se paralicen a causa de una Ley absurda como esta”. Y es que, según el presidente Juan Manuel Santos, de no ser por la existencia de la norma, los alcaldes podrían ejecutar en los mess previos a elecciones buena parte de los $5,8 billones que hay disponibles para ejecución en las entidades territoriales. Incluso, se animó a decir en su intervención en el programa de tv pública Agenda Colombia que “esa sería una medida anticíclica” ante la desaceleración económica que vive el país por cuenta de la caída de los precios del petróleo.   Desde su orilla,  el director ejecutivo de la FCM, Gilberto Toro Giraldo, recordó que “la Ley de Garantías se estableció con el fin de proteger el proceso electoral debido a la reelección inmediata”. Es decir, como lo más probable es que a través de la reforma del reequilibrio de poderes se elimine la reelección presidencial, no habría necesidad de mantener una norma que fue creada para vigilar que la contratación pública se convirtiera en un instrumento de intervención en política electoral.   “No podemos seguir paralizando la gestión municipal, más en un momento tan importante como el que está viviendo el país”, sostuvo Toro Giraldo al referirse al proceso de paz con la guerrilla de las Farc en el que se encuentra inmerso Colombia. De acuerdo con el director ejecutivo de la FCM, eliminar la Ley de garantías permite que se puedan desarrollar obras de infraestructura y proyectos que son fundamentales para el desarrollo regional y nacional. Toro insistió, como lo ha hecho Santos, en que el Gobierno nacional deberá establecer mecanismos de monitoreo a la contratación y ejecución pública para que, trabajando de la mano con los órganos de control, se garantice que los recursos no serán destinados a favorecer candidatos particulares en los comicios regionales que se celebrarán en octubre próximo.  Los alcaldes recordaron que por cuenta de la ley de garantías muchas administraciones locales han tenido que acelerar los procesos de contratación que “por presión de tiempos, en algunas ocasiones, podrían llevar a no tener los controles necesarios”. Incluso, muchos de esos procesos de contratación se han caído por faltas técnicas en su preparación.  Entretanto, desde el Centro Democrático y desde los mismos organismos de control, como la Procuraduría, le han advertido al gobierno de Santos que, si se llegara a derogar la Ley de Garantías, las elecciones locales podrían perder legitimidad, pues es posible que algunos mandatarios locales utilicen recursos públicos para financiar las campañas de los candidatos de sus partidos o con los cuales simpatizan.