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Una crisis que deja 53.361 desplazados y 52 muertos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, ha ocurrido en medio de peleas entre entidades y con pullas de varios sectores políticos por las responsabilidades que deja la ola de violencia que azotó el Catatumbo. Y con todo eso, se asomarían roces entre las dos entidades encargadas de reportar y responder a la situación, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, por las alertas tempranas que quedaron sin atenderse antes de que se desatara la brutalidad sobre esa región.
Tanto el órgano con la jefatura de Iris Marín como la cartera encabezada por Juan Fernando Cristo son los encargados de la formulación y la respuesta de esta figura, que desde 2017 —cuando se creó el nuevo sistema que integró las dos entidades para este cometido— ha sido emitida 328 veces y ha sido un frente de debate entre los gobiernos de turno y los antecesores de Marín, que aseveraron, en varias ocasiones, que sus advertencias llegaban a oídos sordos. La cifra de las que se mantienen vigentes, de todas formas, no es menor, se trata de 141 alertas tempranas, de las cuales 84 fueron emitidas en la administración de Gustavo Petro, que dejan 790 municipios de 1.104 en estado de alerta.
Esa desproporción entre la emisión de esta figura, de la cual la Defensoría está encargada, y la respuesta, en manos de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), sería el punto central de las tensiones. Aunque de lado y lado han negado que existan, no se escapan de las discusiones de las capacidades de cada una de esas entidades.
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Y es que, en medio de la crisis que azota el terreno nortesantandereano, varios sectores han recriminado al Gobierno la “poca atención” que se prestó a la Alerta Temprana de Inminencia 026 de 2024, con fecha del pasado 15 de noviembre, en la que la Defensoría advirtió sobre el incremento de la violencia en el Catatumbo con la ruptura del cese al fuego con el ELN y las agresiones entre esa guerrilla y las disidencias de las Farc-EP del Frente 33. Tanto Defensoría como Mininterior han acordado, de todas formas, ejecutar acciones en el territorio.
La semana pasada, en la Comisión de Garantías Electorales en la que participaron tanto Marín como Cristo, este último aseguró que el Gobierno no iba “a participar en un debate político” y reclamó que no se siguiera “jugando con la institucionalidad del país por razones políticas”. Días después mandó a través de su cuenta de X otro mensaje, que varios vieron como una pulla para la defensora, posterior a la audiencia de la Corte Constitucional sobre el seguimiento a la violencia contra líderes sociales y a firmantes del Acuerdo de Paz, que tuvo lugar el pasado viernes y este lunes, en la que se determinó que tanto en la formulación como en la respuesta a las alertas tempranas habrían “bloqueos” que llevarían a que la protección sobre los firmantes no pudiera concretarse y en la que el mismo comisionado de paz, Otty Patiño, reconoció que no se habrían atendido con eficiencia estas advertencias.
“Menos burocracia, más eficacia”, aseguró el ministro. Y agregó que se debería “mejorar la coordinación con la Defensoría y hacer cambios en el funcionamiento de las instancias que atienden la crisis de seguridad en los territorios y la protección de los firmantes”.
Cuando fue emitida la alerta temprana de inminencia sobre el Catatumbo, Marín llevaba casi dos meses en el puesto como la sucesora de Carlos Camargo Assis, quien no era visto con buenos ojos por la Casa de Nariño debido a su cercanía con el expresidente Iván Duque. Eso sí, siguiendo la línea de sus antecesores, la terna del presidente Petro también había presentado a tres mujeres afines al progresismo. Pero la actual defensora fue elegida con una votación que superó con creces la mayoría simple —e incluso la calificada— en la Cámara de Representantes: 170 papeletas a favor.
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Detrás de esa victoria estuvo Cristo, quien compartía con Marín un pasado común trabajando en el Gobierno de Juan Manuel Santos. Para esas elecciones, desplegó en el Capitolio una campaña que se concentró en mostrar a la ahora defensora como la candidata con “capacidad de interlocución con muchos sectores“, como ella misma le dijo a El Espectador cuando todavía no había sido elegida.
Aunque en ese momento fue vista como una “ficha” para el Gobierno, desde entonces ha tratado de distanciarse. Incluso, en noviembre, rechazó un posible nombramiento de Armando Benedetti en la Casa de Nariño —que se materializó este martes en el cargo de jefe de despacho del presidente— argumentando que “alienta una cultura machista, es tolerante con la violencia contra la mujer” y no “sería un gesto coherente con la igualdad de género que su gobierno dice pregonar”.
Ahora, la situación en el Catatumbo deja el sinsabor de una situación que no se abordó en el momento adecuado con brutal rastro en tan solo 20 días. En diálogo con El Espectador, la cabeza de la Dirección de Derechos Humanos, Franklin Castañeda, aseguró que la falta de acción inmediata se debe a que esas instancias encargadas de eso “no han sido dotadas de los recursos para un modelo de respuesta rápida” y es el producto de “una telaraña institucional que está lejos” de poder responder satisfactoriamente.
El funcionario señala que, mientras la Defensoría puede tomarse cerca de un año en la formulación de estas alertas, con sus recomendaciones posteriores, la Ciprat cuenta con solo 10 días “para hacer seguimiento a las medidas adoptadas y coordinar las complementarias”, como también lo esgrime en Decreto 2124 de 2017. Incluso, recalca que la respuesta rápida “necesita de un músculo que no tiene el Ministerio” ni en tiempos de revisión ni en presupuesto, que para este año está en $3.346 millones y para 2023 era de $602 millones.
Otras fuentes consultadas por este medio van por el mismo lado e insisten en que es imposible atender tantas alertas sin fortalecer la capacidad del Estado.
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Eso sí, Castañeda fue claro en que mantienen “la mejor de las relaciones con la Defensoría del Pueblo”. Según le dijo a este medio, trabajan conjuntamente con el objetivo de reglamentar la Ciprat —con la derogación de algunas normas para poder implementar un modelo de racionalización que permitiría una respuesta más rápida— y priorizar regiones.
A ninguna de las dos entidades, de todas formas, se les escapa que en esta crisis las discusiones han estado muy “politizadas” y varios actores de la política han estado buscando “culpables” para la situación.
“Es un mensaje muy importante que quisiera dar al Congreso de la República, de las autoridades de Gobierno, de los organismos de control, para que, más que entrar en disputas, de pronto innecesarias, nos pongamos juntos y juntas a trabajar”, instó la defensora en su intervención ante la Cámara por la conmoción interior decretada en el Catatumbo. Desde allí, también aseguró que su entidad está dispuesta a trabajar de la mano con el Gobierno para atender las necesidades de la población. Aunque fue consultada por este diario para hablar sobre los posibles roces entre las entidades, hasta el momento de publicación, Marín no respondió.
Lo cierto es que, incluso con una crisis de violencia encima, la situación del presupuesto sigue estando en el frente de varios de los argumentos que ha esgrimido el Gobierno para explicar sus fallas y las peleas entre entidades por las responsabilidades, así como las acusaciones de “politizar” la crisis, siguen acrecentando el fuego entre las ramas del poder. Mientras eso ocurre, otra alerta temprana fue emitida hace menos de una semana por la disputa entre las disidencias de “Iván Mordisco” y el frente 57 “Yair Bermúdez”, y los ojos de la ciudadanía están puestos en el Gobierno para que evite que algo similar a lo del Catatumbo se traslade a otra región.
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Por María José Barrios Figueroa
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