Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
De alto vuelo I
El pedido de una ayuda multimillonaria al Gobierno de parte de Avianca no solo es tema de controversia en columnas de opinión y redes sociales, sino también en las muy intensas conversaciones que viene adelantando el Gobierno con las aerolíneas, que llevan meses sin ingresos a causa de la pandemia. El monto de las necesidades de Avianca, que venía con problemas financieros graves por su propia cuenta, pone a pensar en que quizá sería menos oneroso y democrático priorizar la ayuda a las demás. Contra eso argumenta Avianca que quedaría muy descubierta la prestación del servicio, pero hay quienes opinan que, como la operación no comenzará al 100 %, habría aviones de sobra para cubrir todas la rutas.
De alto vuelo II
El otro argumento que juega en contra de Avianca es que hace años trasladó su sede fiscal a Panamá, de manera que, si bien emplea a muchos colombianos, en sentido estricto no es una empresa colombiana. La compañía sostiene que paga una cantidad de impuestos por tasas aeroportuarias y demás, pero en realidad es el usuario quien asume esos impuestos. Renta, que sería su aporte real al fisco, no paga en Colombia. Difícil decisión.
Premonitoria
“En condiciones de alerta ante una epidemia, se hace evidente que las poblaciones rurales, los millones de desplazados y los sectores pertenecientes a los barrios marginales de las grandes ciudades no tienen acceso a las medidas preventivas ni curativas”, se lee en un párrafo de una columna de opinión de Iván Cepeda, fechada el 2 de mayo pasado, que ha comenzado a circular en las redes sociales. La curiosidad es que se trata de un texto de hace 11 años, en 2009, cuando el hoy senador era columnista de El Espectador y el mundo vivía la amenaza de la gripe A-H1N1. Parece escrita hoy.
En veremos
Por primera vez desde que comenzó la pandemia, el Gobierno se pronunció esta semana públicamente sobre los llamados que ha venido haciendo la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), en cuanto a garantizar su operación en cumplimiento de la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión en el país. Lo hizo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Dijo: “Las limitaciones en los flujos de caja de los medios regionales y de los medios nacionales son limitaciones también a la libertad de expresión, son afectaciones a derechos constitucionales que tenemos”. Sobre ese debate de control político, Carrasquilla dijo que se oyeron cosas buenas y constructivas de los distintos sectores que el Gobierno no tenía en el radar.
De carambola
Este año vienen dos elecciones claves en el Poder Judicial. Por un lado, en septiembre cumplirá su período de ocho años como magistrado de la Corte Constitucional el jurista conservador Luis Guillermo Guerrero, respetado y admirado entre sus colegas. Y a finales de año también se irá el procurador Fernando Carrillo. Pues bien, el Consejo de Estado está preparando la apertura de la convocatoria pública para integrar la terna que reemplazará a Guerrero y al mismo tiempo depurar su candidato para la Procuraduría. Muchos se van a inscribir para ambas convocatorias. Si no salen ternados para la Corte, quedan en carrera para el Ministerio Público. Y ahí suenan varios nombres, sobre todo para la Procuraduría: el exministro Luis Felipe Henao; el actual secretario del Senado, Gregorio Eljach; el embajador ante la Haya, Álvaro Motta; Juan Andrés O’meara, hoy director de Colombia Compra Eficiente; Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa del Estado, y hasta el actual viceprocurador, Juan Carlos Cortés.
¿Padrinos?
En ese listado de campaña que se alista para ser ternado por el Consejo de Estado se dice que la mayoría tienen padrinos: Henao tendría el respaldo del exvicepresidente Germán Vargas; O’meara, de la hoy vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; Eljach, el respaldo de la Casa de Nariño; Camilo Gómez, del expresidente Andrés Pastrana; Cortés, del procurador Carrillo, y Motta, de un sector clave del uribismo. Además, para 2021 está la elección del reemplazo del magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas, hoy presidente de esa corporación. Y la terna también es del Consejo de Estado.
Cuenta regresiva
A finales de mayo la Corte Constitucional deberá tomar una decisión sobre el paquete de decretos del gobierno Duque para enfrentar la emergencia económica provocada por el COVID-19. El 15 de mayo ya se anunció que el magistrado José Fernando Reyes repartirá su ponencia sobre el decreto madre de la emergencia, el 417, y a partir de allí vienen todos los demás fallos. Se espera que para mediados de junio el alto tribunal haya tomado decisiones claves en algunos decretos que han sido muy polémicos, como el que dispuso un porcentaje del sueldo de los funcionarios que ganaran más dinero o el de excarcelaciones, muy criticado por expertos no solo por inocuo, sino porque no resuelve el hacinamiento.
Libertad de prensa
Esta semana la Corte Constitucional falló a favor de un grupo de periodistas y señaló que solo se podrá impedir su acceso a audiencias preliminares dentro de un proceso penal con motivación suficiente: que haya una reserva legal, que la medida proteja un fin constitucional y que sea idónea, necesaria y proporcional. Al explicar la decisión en una rueda de prensa virtual, el presidente de la Corte, magistrado Alberto Rojas, señaló que con esta decisión los jueces ya no podrán sacar a los periodistas “por capricho” de las diligencias y recomendó que -por si acaso- los comunicadores subrayen los puntos más importantes del fallo y lo carguen consigo. “Ustedes tendrán que valerse de los medios jurisprudenciales para que les respeten sus derechos”.
Conoce más