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Días azules
El viernes, en pleno día sin IVA, circuló una promoción muy particular: los miembros del Partido Conservador Colombiano recibieron un mensaje en el que les informaron que tienen derecho a firmar con la Universidad Sergio Arboleda un convenio para recibir el 20 % de descuento en todos los programas de posgrado, o sea especializaciones y maestrías. Para concretarlo deben demostrar pertenencia al movimiento político mínimo de dos años, activismo político en su favor y una carta motivada. Con eso deben inscribirse hasta el 15 de julio.
El pataleo I
A raíz del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarando ilegal la reciente llegada, a zonas de narcotráfico, de un escuadrón de tropas estadounidenses de Asistencia de Fuerza de Seguridad, los llamados boinas marrones, nos contaron que el gobierno de Iván Duque basará su impugnación ante el Consejo de Estado no solo en que se trata de uniformados en plan de cooperación y no de operaciones, sino en situaciones similares del pasado ocurridas desde 1952, cuando se firmó el Acuerdo de Asistencia Militar entre Colombia y Estados Unidos, incluso apelando al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), de 1947.
El pataleo II
Uno de los casos a revisar será la polémica llegada de 150 ingenieros militares estadounidenses a la localidad de Juanchaco, en la costa Pacífica, a finales de 1993, con el fin de construir una escuelita y un puesto de salud. Lo que no les convendrá recordar, sin embargo, es que siendo Rafael Pardo Rueda ministro de Defensa, el primer civil nombrado en ese cargo por el gobierno de César Gaviria, este hecho produjo un escándalo hasta que los cooperantes salieron en los primeros meses de 1994. El debate fue por la cantidad de equipo pesado que trajeron, la falta de información oficial, la no consulta al Congreso y, sobre todo, que el despliegue humanitario se dio a kilómetros del epicentro de las operaciones contra el entonces poderoso cartel de Cali. Pardo podría ser una de las fuentes a consultar, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado criticó la operación en Bahía Málaga y pidió a la Procuraduría investigar al funcionario. El Ministerio Público, entonces a cargo de Carlos Gustavo Arrieta, absolvió al ministro.
El pataleo III
Mientras tanto, la bancada de oposición al gobierno Duque en el Congreso, en cabeza de los senadores Iván Cepeda y Jorge Enrique Robledo, está atenta a que el Ministerio de Defensa cumpla, como lo ordenó el Tribunal y, por tarde mañana lunes, haga la entrega formal de toda la documentación del caso con el fin de programar un debate de responsabilidades al que se citará al ministro Carlos Holmes Trujillo, a los comandantes de las Fuerzas Militares y a expertos como el propio exministro Pardo, que precisamente este año volvió sobre esos temas en su libro La guerra sin fin, publicado bajo el sello editorial Aguilar.
Cambio de opinión
La Fiscalía y la defensa de víctimas pidieron esta semana que el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, sea condenado por el delito de corrupción al sufragante. El mandatario regional y excongresista enfrenta un juicio en la Corte Suprema porque habría firmado un pacto con líderes de un predio de invasión en el que se comprometía a no desalojarlos a cambio de que le dieran sus votos en su primera campaña a la Gobernación, en 2011. Aunque la Procuraduría se había mostrado desconfiada de las pruebas e inicialmente había pedido la absolución, en la recta final del juicio cambió de opinión y ahora pide condenarlo. Al final, decidirá la Corte, que programó la audiencia de fallo para el próximo 14 de julio.
A la espera
El exministro Andrés Felipe Arias está pendiente de usar su derecho a impugnar la sentencia de la Corte Suprema que lo condenó a 17 años de prisión en 2014, por las irregularidades que se cometieron en el Programa Agro Ingreso Seguro mientras él estaba a cargo del Ministerio de Agricultura en el gobierno de Álvaro Uribe. Pero Arias, quien llegó extraditado a Colombia desde Estados Unidos el 12 de julio de 2019, aún no ha podido presentar el recurso. En primer lugar, el fallo con que la Corte Constitucional determinó que él sí podía impugnar su condena, aunque es del pasado 21 de mayo, apenas bajó a Secretaría esta semana, por lo que no ha sido ni siquiera notificado oficialmente de la decisión. Y en segundo lugar, porque su defensa está a la espera de que la Corte haga algunas aclaraciones que se le pidieron, con base en las cuales se radicará el recurso. La defensa de Arias quiere saber, básicamente, cómo se formará el tribunal imparcial que revisará la condena.
Cuestión de términos
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha cambiado, en sus últimos comunicados, el nombre del caso 01, conocido como “retenciones ilegales”, por “secuestro”. La magistratura decidió hacerlo, superando fuertes debates internos, después de varios reclamos de las víctimas que lo consideraban revictimizante y un eufemismo para un delito de lesa humanidad. Sin embargo, el tema podría quedarse en un asunto de comunicaciones, pues en los documentos oficiales el nombre de la conducta no puede ser cambiado. ¿Por qué? Por un lado, porque así fue calificado por la Fiscalía (en ese entonces en cabeza de Néstor Humberto Martínez) cuando entregó el informe y, por el otro, porque el Tribunal de Paz busca evitar acusaciones de prejuzgamiento al calificar jurídicamente la conducta antes del momento indicado por la ley.
Visa para un sueño
A pesar de que la Comunidad Europea anunció el miércoles que no les permitirá el ingreso a su territorio a personas provenientes de países con altos índices de COVID-19, la Cancillería, el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano, además de algunas federaciones, intentaban al cierre de esta edición conseguir los permisos para cerca de 150 deportistas profesionales colombianos que viajarán a Madrid el próximo 19 de julio en un vuelo humanitario y que esperan retomar competencias en el Viejo Continente. Los ciclistas de ruta que pertenecen a equipos del World Tour o de categoría Continental, entre ellos Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán, no tendrían problema, pues tienen contratos vigentes. Sin embargo, los de otras disciplinas, encabezados por la bicicrosista Mariana Pajón y la judoca Yuri Alvear, quienes participarán en eventos de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, necesitan una autorización especial.
La pulla por el galeón San José
“La arqueología subacuática en Colombia se encuentra hoy en día en una crisis profunda, debido a la formulación de la Ley 1675 de 2013, acompañada por el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antro¬pología e Historia, que le abrió la puerta a las empresas cazatesoros, permi¬tiéndoles obtener como ganancia el 50% de lo que el Estado colombiano ahora mismo no considera patrimonio cultural. El caso del galeón San José es el mejor ejemplo de cómo las instituciones que deberían velar por la conserva¬ción, investigación y gestión del patrimonio se han puesto al servicio de los intereses privados, promoviendo proyectos de carácter puramente comercial”. La acusación hace parte del capítulo “Arqueología en el Caribe Colombiano. Balance, retos y perspectivas”, escrito por los investigadores Juan Guillermo Martín y Javier Rivera Sandoval, como aporte al reciente libro “20 años de estudios sobre el Caribe colombiano”, editado por el Banco de la República.
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