(Análisis) El derecho a vivir sin miedo

Buenaventura y Tumaco, en el Pacífico; el golfo de Urabá, La Guajira en el caribe y departamentos como Arauca, Cauca y Norte de Santander, territorios que, en cualquier otro país con visión y buenos acuerdos regionales serían las “joyas de la corona” dadas sus ventajas comparativas, son noticia diaria por el constreñimiento en el que viven sometidos sus habitantes.

También nos debe mover la convicción de no sufrir atrincherados en medio de las consecuencias de una sociedad desigual, que guerrea por el centavo y convierte en violencia su desesperación y estados de inconciencia. El derecho de vivir sin miedo, desde mi parecer, es un derecho fundamental torpemente omitido por las Naciones Unidas en la Declaración de los Derechos Humanos y que podría garantizarse solamente con el concurso efectivo de una autoridad legítima.

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Anulando la utopía, no solo resultan desafortunadas y muy irresponsables las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, en las que califica como un acto de imprudencia el desplazamiento en carro de la sargento Karina Ramírez con sus hijos, situación que condujo a su secuestro por parte del ELN en Arauca. También reafirma la tesis según la cual, el gobierno Petro parece justificar a todo nivel el proceder delictual y ofrece el mejor escenario posible para los actores ilegales en conflicto.

Pronunciamientos de este tenor, ya comunes en el lenguaje del comisionado de paz o el activista canciller de la República, además de revictimizar el entorno familiar de quienes padecen actos de violencia, vacían la esperanza de aquellos de quienes -sin ser devotos- aún esperamos realidades y soluciones eficaces por parte del “Gobierno del Cambio”.

Sería ingenuo creer que a menos de un año de gobierno tendríamos un país en paz que facilite la superación del Estado fallido. Pero leyendo entre líneas al ministro, además de insensibilidad, su mensaje es fiel muestra de probada incapacidad para liderar el ramo de la seguridad. Tal vez sea el momento de que la institucionalidad en pleno escuche el llamado que a diario hacen los ciudadanos en redes sociales, el sector privado y las miles de organizaciones que, a lo largo de país, alzan la voz y arriesgan sus vidas, clamando por seguridad y gobernabilidad.

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Entendida la gobernabilidad como la capacidad de hacer bien la tarea de gobernar y actuar a favor de las prioridades de los ciudadanos (no de politiquear en el Congreso y con las oportunistas fuerzas políticas), el gobierno Petro tiene el deber de asumir el compromiso con un país que, sin distingo de clase, estrato, etnia, ansía seguridad y buen vivir.

Como ocurrió entre las décadas del 80 y 90 del siglo pasado, los colombianos perdimos la noción de vivir con tranquilidad y cada vez nos convencemos más de que la capacidad de respuesta ha sido desbordada por el crimen. Que algunas regiones se asemejan a un voraz hoyo negro, que oscurece cualquier posibilidad de progreso, matizado con intereses mezquinos y clientelistas.

Es el mismo drama de hace treinta años, incluso para quienes con algo más de razón que sentimientos, comprendemos las razones históricas del conflicto, las causas estructurales de la pobreza y las imposibilidades de una institucionalidad pública que facilita el enriquecimiento individual por encima de los beneficios colectivos.

¿Queremos entender la inseguridad? Si por un lado en las ciudades y centros poblados, la suciedad y el desorden producen una sensación de desconexión, olvido y desorden por parte de quienes gobiernan, cómo interpretar que en zonas rurales se viva en la misma realidad de aislamiento que describen las crónicas decimonónicas.

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Sin contar la desconfianza en los políticos, es tal la precariedad en vías de comunicación, especialmente terciarias, servicios públicos y hoy, conectividad digital para logro de avances reales en educación y telemedicina, que aún el más populista de los discursos resulta insuficiente para borrar la sensación de impotencia y resignación que tienen sus habitantes de estar condenados a la pobreza.

Qué desilusión y qué desespero saber que conforme avanza el tiempo sea más difícil disfrutar del país, de sus climas, regiones y atributos, del escaso y otrora integrador espacio público. Se clama por no perecer en el abrupto tráfico vehicular de las ciudades o a merced raterillos urbanos que apuestan su propia vida por un celular. Es tenebroso saber que la desconfianza es el antivalor predominante en cualquier vecindad y que en estas resulta más eficiente reñir que dialogar.

Doscientos años de vida republicana no han sido suficientes para entender que la inseguridad no solo afecta a la sociedad en un momento en el tiempo, sino que deforma los entornos de convivencia y comunidad hacia el futuro. Presenciamos como décadas atrás una nueva diáspora de colombianos talentosos que además de un mejor nivel de vida reclaman algo más de calidad de vida y mejores oportunidades para ellos y sus hijos. Reglas de juego claras, no improvisaciones ni decisiones abruptas en el poder.

* Álvaro Benedetti es consultor, estratega y analista político. Experto en planificación y desarrollo económico territorial.

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