Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Con el hashtag #ColombiaTienesLaPalabra, el Gobierno Nacional le prometió a la ciudadanía de todos los rincones del país que sus propuestas quedarían incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin embargo, esta ambiciosa apuesta del gobierno de Gustavo Petro, se convirtió en una estrategia de compleja priorización y seguimiento, que dejó por fuera demandas importantes de las comunidades que participaron en los Diálogos Regionales Vinculantes.
Como parte de un proceso de veeduría ciudadana, asistimos a los Diálogos Regionales Vinculantes de Montes de María, Pereira, Bogotá y La Mojana para constatar las demandas históricas de estos territorios y registrar cómo estas peticiones quedarían plasmadas en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo.
(Le puede interesar: Sistematizar y cuantificar: el reto de los diálogos regionales y PND, según Petro)
La metodología improvisada de los Diálogos Regionales Vinculantes
Para el Gobierno Nacional los diálogos regionales vinculantes nacieron con un doble propósito: por un lado, para potenciar las iniciativas de la ciudadanía mediante su inclusión en el PND. Por el otro, como rescate de la democracia directa en un contexto de crisis por la democracia representativa y la desconfianza institucional. No obstante, si echamos un vistazo a la forma en cómo se realizaron estos diálogos, la pretensión de democracia directa no les alcanzó para desarrollar un genuino proceso de participación efectiva que permitiera materializar los intereses de los ciudadanos en proyectos estratégicos dentro del Plan.
Si bien durante los Diálogos Regionales Vinculantes se hicieron mesas de trabajo por categorías y se elaboraron plenarias generales para presentar las diferentes propuestas de las comunidades, en ningún momento se logró identificar el proceso con el cual se sistematizaron todas las demandas consolidadas.
Como parte de este procedimiento escueto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó un documento sobre el balance de los diálogos regionales vinculantes, con la identificación de lo que, según el Gobierno, dijeron las comunidades participantes. El informe establece una especie de indicadores que llamaron: “transformaciones”, “grupos poblacionales” y “sectores”. No obstante, la información que se señala es de carácter general, presentada mediante nubes de palabras sueltas, gráficas de barras que muestran un conteo de temas por sector y una breve lista de opiniones de las comunidades. Esto sin una vinculación real de las propuestas de la ciudadanía a los planes, programas y proyectos que ya estaban formulados en el PND desde el 15 de noviembre de 2022, momento en el que se presentó ante el Consejo Nacional de Planeación.
A través de varias peticiones e insistencias que enviamos al DNP y la Alta Consejería para las Regiones, solicitamos las bases de datos con la información levantada y clasificada por regiones en cada eje temático del Plan de Desarrollo. Preguntamos: ¿cuáles fueron los principales hallazgos de los Diálogos Regionales Vinculantes por región? ¿Cuáles fueron los criterios empleados para priorizar e incluir las propuestas realizadas en el PND? Y, dado que los Diálogos Regionales Vinculantes finalizaron en diciembre, ¿cuál fue la metodología y los criterios empleados para incluir los resultados de los diálogos en las bases del PND que se presentaron en noviembre del 2022? Frente a estas inquietudes, recibimos ambiguas respuestas que no atendieron la raíz de nuestras solicitudes.
(Lea también: “Respetaremos las conclusiones de los Diálogos Regionales”: Jorge Iván González)
Un proceso genuino de participación efectiva debió contar con una sistematización rigurosa de la información recogida y una posterior presentación de los hallazgos de cada una de las categorías que se plantearon en las mesas de trabajo de los diálogos regionales, que permitiera vincularlos a las propuestas del PND por sector o por eje transformador. Con la información general que se ha presentado de los Diálogos Regionales Vinculantes, se puede considerar que fue un proceso masivo, sin mecanismos de rendición de cuentas, ni metodologías para identificar la priorización de necesidades, reduciendo el proceso a un espacio de consulta y no de diálogo entre Gobierno y ciudadanía.
La presidencia pudo haber sido transparente en decir que era un proceso consultivo, pero al calificarlo de “vinculante” lo convierte en demagogia, ya que hasta ahora no existe un mecanismo que pueda identificar múltiples demandas, articularlas, armonizarlas cuando haya contradicción y luego priorizarlas. De allí que el Gobierno tome unilateralmente las decisiones, siendo este el sentido de la democracia representativa.
Lo que quedó y no quedó en el Plan Nacional de Desarrollo
Entre los puntos que sí se tuvieron en cuenta dentro del PND, podemos encontrar:
1. La creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.
2. La implementación del catastro multipropósito.
3. La creación del fondo “Colombia potencia mundial de la vida” destinado para proyectos de agua, saneamiento básico, transición energética y reforma rural integral.
4) La promoción de programas para la adjudicación de tierras a mujeres rurales, que junto a otros artículos, podrían constituirse como respuestas al clamor comunitario de hacer realidad la reforma agraria e implementar el punto uno del Acuerdo Final de Paz.
Entre las propuestas olvidadas encontramos:
1. La creación de nuevas sedes universitarias públicas.
2. La implementación de líneas de crédito accesibles para desarrollar proyectos juveniles. 3. Crear nuevos programas y proyectos dirigidos al cuidado de la salud mental de los jóvenes.
4. Construir una estrategia de seguridad y convivencia territorial que pacifique las regiones y genere condiciones para el ejercicio de derechos.
Sobre este último punto, en los Montes de María las comunidades exigieron al Gobierno resolver la presencia de los grupos armados ilegales que cada vez ejercen mayor control territorial. Los líderes expresaron su miedo y solicitaron tener un puesto de mando en la subregión al no sentir la protección de las autoridades locales.
En la Mojana, la comunidad demandó mayor presencia de la Policía y solicitó que las reuniones con las Juntas de Acción Comunal sean confidenciales.
En el Eje Cafetero, las personas reclamaron una política de seguridad para combatir las estructuras sucesoras de grupos armados ilegales.
En Bogotá, los ciudadanos denunciaron que los grupos armados tienen presencia en los barrios donde se disputan el narcomenudeo y el control territorial, llevándose por delante a los jóvenes que no tienen educación ni oportunidades de empleo. Estas peticiones de comunidades que sufren en carne propia la presencia de violencias territoriales quedaron por fuera del Plan Nacional de Desarrollo.
Si bien entendemos que no todo cumple con la pertinencia para ser incluido en el PND, existen unos irrenunciables como las garantías de seguridad territorial y la inclusión productiva de los jóvenes.
Al revisar el articulado del PND, encontramos que en el sector defensa las menciones a la fuerza pública sólo aparecen relacionadas con los cambios institucionales de la Policía Nacional, que incluye el fortalecimiento de su carácter civil; el fortalecimiento del bienestar de veteranos y sus familias; el aumento de subsidios de vivienda para el personal vinculado al Mindefensa y a la Policía; y funciones de la Policía para detectar infracciones e imponer comparendos en el marco de la seguridad vial. Esto quiere decir, que sólo el 1% de las propuestas del Plan corresponde al sector defensa. Aunque no desconocemos la importancia de estos elementos, definitivamente el articulado no responde a las exigencias de seguridad territorial que las comunidades demandaron en los Diálogos Regionales Vinculantes.
Para el Gobierno, la política de seguridad humana parece haber quedado inmersa en la narrativa de Paz Total. Al analizar, por ejemplo, la creación del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida se observa cómo el concepto de confianza y concertación, desde la perspectiva del Gobierno, reducirán los conflictos, superará los obstáculos que impiden el desarrollo y promoverá los derechos humanos en el contexto de la seguridad humana en virtud de alcanzar la Paz Total. Es como si el diálogo por sí sólo, desarticulado de cualquier estrategia militar respetuosa de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, fuera a pacificar los territorios.
No todos los componentes de seguridad y convivencia caben en la agenda de la Paz Total. Por ejemplo, no existe una política de seguridad territorial que responda al control del Clan del Golfo en los Montes de María, reduzca los homicidios de líderes sociales, disminuya las disputas por la extorsión en barrios pobres de ciudades como Cartagena, Barranquilla o Santa Marta y reduzca el sicariato campante de estas ciudades.
“Diálogos Regionales Vinculantes” y “Gobierno Escucha”: ¿lo mismo pero distinto?
Dentro de nuestras peticiones e insistencias, también preguntamos: ¿De qué manera el gobierno garantizará la participación de la ciudadanía en las regiones para hacer seguimiento a los Diálogos Regionales Vinculantes de cara a la implementación del PND? ¿Existe un cronograma de trabajo y una disposición presupuestal para llevar a cabo este proceso en el año 2023? Ambas interrogantes tampoco fueron respondidas de manera concluyente.
Sin embargo, encontramos que el pasado 28 de febrero, el presidente Gustavo Petro lanzó la estrategia “Gobierno Escucha” para buscar la participación ciudadana en función del seguimiento a los Diálogos Regionales Vinculantes. Un ejercicio que se inició sin indicadores que atiendan las categorías que se discutieron en los diálogos, ni cuenta con un cronograma tentativo de trabajo. Una iniciativa de seguimiento que tampoco es nueva y que se asemeja a la gestión de Alvaro Uribe Vélez e Iván Duque cuando realizaron los consejos comunales y los talleres “Construyendo país”.
Los Diálogos Regionales Vinculantes aún tienen la posibilidad de aportar sustancialmente a la hoja de ruta que el Gobierno Nacional pretende trazar con los objetivos del PND. Sin embargo, es necesario ejercer un mecanismo de rendición de cuentas para identificar cómo se convertirán los intereses locales en proyectos estratégicos para el país.
* Coordinadora del Área de Regionalización de Dejusticia
** Investigadora de la Línea de Justicia Fiscal de Dejusticia
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político
Conoce más