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Marzo, 2002. En un juzgado de la ciudad de Villa Rica en Chile ocurre el más común de los hechos: un divorcio. El matrimonio entre Karen Atala y Ricardo López termina por mutuo acuerdo. Ambos deciden que la madre quedará a cargo de la custodia de sus tres hijas y que el padre las visitaría periódicamente. Aquí inicia uno de los casos más relevantes para la historia reciente de los derechos humanos y, en particular, de los derechos de las personas sexualmente diversas.
El mismo año del divorcio ocurrió un hecho determinante: Emma de Ramón, la pareja de Karen se mudó a vivir con ella y sus tres hijas. Alarmado por esto, Ricardo López presentó una demanda para obtener la custodia de sus hijas alegando que “el desarrollo físico y emocional de las niñas estaría en serio peligro” de continuar bajo el cuidado de su madre. López, además, insinuó que la convivencia con la madre y su pareja exponía a sus hijas a un riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual.
En Chile, como en muchos países de la región, en caso de un divorcio la custodia de los menores le corresponde a la madre, aunque la ley establece una excepción: si existen circunstancias extraordinarias que pongan el riesgo al menor, un juez puede otorgar la custodia al padre. Esta era la excepción legal que buscaba Ricardo López para que Karen Atala perdiera la custodia de sus tres hijas. El argumento era que la condición de homosexualidad de Karen atentaba contra el interés superior de sus hijas y ponía su salud física, mental y social en riesgo. Ella era una madre peligrosa para las menores.
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Karen Atala, con su experiencia como jueza y abogada, preparó una defensa que resultó sumamente compleja, pues implicó exponer su intimidad y probar que ella no representaba un riesgo para sus hijas y que su orientación sexual no la hacían, per se, ni mejor ni peor madre. El juicio incluyó la opinión de psicólogos que dieron cuenta de los efectos psicosociales de convivir con una madre lesbiana. Ante la pregunta ¿los menores que se crían bajo parejas homosexuales sufren consecuencias adversas?, una profesional le dijo a la Corte que sí, pues un estudio sobre la tolerancia en Chile en 1997 concluyó que un 60% de los chilenos poseen un alto rechazo hacia las minorías homosexuales. El argumento presentado ante la Corte, en esencia, era que como en Chile las minorías sexuales eran discriminadas, las niñas también lo serían y que eso justificaba negar la custodia a la madre.
Karen Atala perdió el juicio. La Corte Suprema sostuvo que sus hijas estaban en una situación de vulnerabilidad, pues su círculo social se había cerrado y su desarrollo personal estaba en riesgo. Mientras la ‘condición’ de Karen permaneciera, las niñas deberían mantenerse en custodia de su padre. Frente al fallo, la Dra. Atala llevó su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde pretendía probar que su orientación y vida sexual no la convertían en una madre peligrosa.
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Tardó años, pero finalmente compareció ante el tribunal. Frente al argumento de que el hogar que ella le ofrecía a sus hijas no aseguraba su bienestar, Karen presentó evidencia de que la heterosexualidad no garantiza que un menor viva en condiciones óptimas para su desarrollo. No existen datos concretos que permitan concluir que la crianza de los niños por parte de una pareja heterosexual tenga ninguna ventaja frente a la de una pareja homosexual, pues la orientación sexual es irrelevante para la formación de vínculos afectivos de las niñas con sus padres. Sobre el riesgo de que las niñas sean discriminadas, la Corte Interamericana fue categórica: la solución para la discriminación no es más discriminación. Proteger a las niñas de ser excluidas socialmente por la orientación sexual de su madre, es solo una forma de retroalimentar la discriminación y propagarla.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó la demanda de Karen Atala Riffo y 10 años después de iniciada la batalla judicial en Chile, los jueces declararon que la orientación sexual de una madre no la convierte en un riesgo para sus hijos. Desde su expedición, este caso ha servido como guía para cortes en toda América Latina. La lucha de Karen Atala, finalmente, ha sido útil para que el sentido de ‘peligrosidad’ de las personas sexualmente diversas no sea ley en esta parte del mundo, aunque hoy, todavía, ser homosexual es delito en setenta y dos países del mundo y en ocho se castiga con la pena de muerte.
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