Ante seguimientos del Ejército, piden verificación del segundo punto del acuerdo de paz

“Las actuaciones de inteligencia desplegadas por cuadrillas de las Fuerzas Militares colombianas, contra miembros de partidos políticos de oposición, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes de las Farc atentan contra los acuerdos y reivindicaciones de los derechos de la oposición, logrados en el acuerdo de paz”, señalan los legisladores.

En ese sentido, advierten que no se han depurado las bases de datos de inteligencia y contrainteligencia en las Fuerzas Militares, una labor que consiste en sacar de dichos archivos a “aquellas personas que fueron incluidas con el objeto de perseguirlos o estigmatizarlos, siendo estas acciones claves para avanzar en el esclarecimiento de la verdad y la construcción histórica del conflicto armado colombiano”.

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En segundo lugar, señalan que no se ha dado acceso a la Comisión de la Verdad a la información que se requiere para determinar violaciones de derechos humanos por parte de los organismos de inteligencia del Estado durante el conflicto armado. “A la fecha y según lo expresado por el Padre Francisco de Roux, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad no ha tenido acceso a la información que tiene que ver con la historia de ‘perfilamientos’. Lo anterior, presume una obstrucción al cumplimiento de las funciones que debe desarrollar la Comisión”, se dice en la misiva.  

Para Sanguino, Cepeda y Bolívar, “esta información se requiere para determinar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado colombiano, incluyendo las interceptaciones ilegales y el tratamiento ilegal de datos personales por parte de los organismos de inteligencia del Estado, que desencadenaron actos de violencia, estigmatizaciones, señalamientos, desprestigios, procesos judiciales arbitrarios y homicidios”.

En esa misma línea, aducen que no se han tomado las acciones urgentes para impedir la estigmatización de la persecución a líderes políticos en el país, que se deberían implementar a través del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política: “Este sistema tiene como objetivo principal dignificar el ejercicio de la política y brindar garantías para prevenir la estigmatización y persecución. La implementación del este sistema reivindica los derechos políticos y en especial el ejercicio de la oposición”.

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También aseguran que no hay garantías para la protección de datos sensibles relacionados con el acuerdo de paz. Argumentan que lo pactado contempla la creación de un registro de organizaciones y movimientos sociales para evaluar y responder a sus necesidades, sin embargo, dicen, “dados los últimos acontecimientos de “interceptaciones ilegales” se genera un escenario de inseguridad propiciado por las organizaciones estatales de inteligencia. La información consignada en dicho registro, mal utilizada, puede conllevar a hechos de discriminación y/o poner en peligro la vida o seguridad personal de las personas que se encuentran incluidas”.

Los parlamentarios señalan que los perfilamientos denunciados por la revista, que se harían desde el Ejército, “pueden desencadenar el regreso de la violencia y afectaciones a la seguridad de todos los actores, minando el ejercicio legítimo de la participación política”.

“Las actuaciones de cuadrillas de las Fuerzas Militares significan un retroceso en las reivindicaciones logradas en el punto dos del acuerdo de paz. Por eso los senadores víctimas de los ‘perfilamientos’ perpetrados por algunos escuadrones de inteligencia del Ejército colombiano acudimos ante ustedes, como instancias de acompañamiento internacional, para que verifiquen el posible incumplimiento por parte del Estado colombiano a las garantías estipuladas en el acuerdo de paz”, concluye la carta y hace un llamado al Gobierno Nacional a cumplir con los acuerdos.

La misiva tiene como destinatarios a los expresidentes de José Mujica y Felipe González, notables internacionales para la verificación de la implementación del acuerdo de paz; Yvonne Baumann, embajadora de Suiza en Colombia; John Petter Opdahl, embajador del Reino de Noruega en Colombia; Antonio Guterres, secretario General de la ONU; Borja Paladinni, director del Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame; Ángela Rodríguez, directora ejecutiva del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria; Mary Ann Peters, directora ejecutiva del Centro Carter; y Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).