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No es exagerado plantear que el presidente Gustavo Petro tiene un interés muy particular y probablemente personal con la historia del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En varias oportunidades, el mandatario ha recordado que él y su círculo íntimo fueron víctimas de las persecuciones y chuzadas de ese organismo, por lo cual la justicia ordenó indemnizarlos.
Como senador, Petro promovió varios debates de control político con documentos en mano de la llamada “Carpeta Itagüí”, la cual, según denunció, contenía 40.000 archivos que fueron robados de su oficina en el Senado. Ya en la Casa de Nariño, le dio eco a la confesión del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre un supuesto atentado en su contra que habría sido planeado desde la cúpula misma del DAS, entonces dirigida por el condenado José Miguel Narváez.
Pero quizá la mayor muestra de la fijación del jefe de Estado con el tema está en los nombramientos de sus hombres de confianza en las entidades que asumieron las misionalidades del DAS tras su liquidación en 2011. En varias de estas ubicó a sus excompañeros del M-19, como en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por donde han pasado Manuel Alberto Casanova, Carlos Ramón González y ahora Jorge Lemus.
Así mismo, en la Unidad Nacional de Protección (UNP) puso a Augusto Rodríguez y en Migración Colombia a Fernando García Manosalva, también ex M-19 y quien renunció el pasado mes de septiembre. Por otra parte, en el Archivo Nacional, que maneja el volumen más grande de material del DAS, nombró al historiador Francisco Javier Flórez, a quien no solo le encomendó la custodia de los dossiers del DAS, sino también abonar el terreno para su desclasificación.
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El presidente parece estar convencido de la importancia de que el país conozca lo que contienen los archivos, pues incluso a principios de este mes le pidió a Estados Unidos desclasificar toda la información que manejan sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. Su propósito, dicen desde el Gobierno, es aportar a la verdad y la reconciliación del conflicto armado; sin embargo, específicamente en el caso de los archivos del DAS hay múltiples retos por resolver.
Actualmente solo se puede acceder a las cajas de documentos y a los medios informáticos a través de una orden judicial, ya que lo que contienen está protegido por las leyes de inteligencia y por varios fallos de la JEP, tribunal que está interesado en garantizar el acceso y consulta de las víctimas y la sociedad en general.
A pesar de los desafíos, este diario conoció que en 2024 el Archivo General logró dar un primer paso clave al hacer un diagnóstico que le presentará este viernes al magistrado Óscar Parra de la JEP. El director del Archivo, Francisco Javier Flórez, entregó los primeros detalles de ese proceso y habló de lo que viene en el debate de la desclasificación.
Los datos desconocidos del archivo del DAS
En el centro de Bogotá, a pocos pasos de la Casa de Nariño y el Congreso de la República, un edificio de más de 22.000 metros cuadrados, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona, resguarda en sus sótanos miles de cajas y equipos de todo tipo que contienen lo que a veces parece un mito: el famoso archivo del DAS, sobre el que muchos creen, erróneamente, que contiene todos los secretos de la violencia armada en Colombia.
“Algunos dicen que se ha perdido o robado la información y hay quienes fetichizan el fondo y piensan que ahí van a encontrar la verdad sobre todos los conflictos que Colombia ha vivido en la segunda mitad del siglo XX”, asegura Flórez. En este punto hay que aclarar que archivos del DAS tienen todas las entidades que en su momento asumieron funciones de inteligencia, como las mencionadas DNI, UNP y Migración, y que es el Archivo General el que debe custodiar y conservar todos los documentos administrativos, así como la información de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados.
Hasta 2023, recuerda Flórez, la entidad no tenía el permiso de abrir ni una sola caja o carpeta y solo se dedicaba a cuidar las mismas de los factores exteriores, pero a partir de ese año, luego de un auto de la JEP, quedó facultada para hacer un diagnóstico que servirá para definir la ruta hacia la intervención y posterior acceso y consulta.
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En diálogo con El Espectador, Flórez, junto a la subdirectora encargada de entidades liquidadas, Gloribel Rodríguez, revelaron por primera vez los resultados del diagnóstico. Se trata, según explicaron, de una magnitud de información que pocos pueden imaginar: 16.000 metros lineales de documentos, lo que podría imaginarse como una fila de papeles que podrían cubrir toda Bogotá de oriente a occidente, desde Monserrate hasta las pistas del Aeropuerto El Dorado.
Son 57.544 cajas de documentos sin ordenar que contienen información meramente administrativa, pero también detalles de interceptaciones, seguimientos, perfilamientos y en general de órdenes que por casi cinco décadas ejecutaron cientos de agentes de inteligencia.
Los datos resultaron más abrumadores para los funcionarios del Archivo cuando también concluyeron que, además de los papeles, hay 47.829 medios tecnológicos; es decir, computadores, disquetes, discos, casetes, VHS y otros aparatos. “Y esto es solamente lo que nos dieron a nosotros, no podríamos decir cuántos medios tienen Policía, Fiscalía, Migración y UNP”, precisa el director.
Los retos de desclasificar los archivos del DAS
El director del Archivo General reconoce que en materia de desclasificación Colombia está lejos de lo alcanzado por Estados Unidos, Chile y Argentina; razón por la cual tiene una deuda pendiente con las víctimas de la guerra. Para intentar solucionarlo, dice que le plantearán a la JEP un camino en el que se “garantice el cumplimiento de la política archivística, pero a la vez se ponga a las víctimas en el centro de la discusión”.
Los retos, sin embargo, no son solo de corte jurídico. Como advierte Gloribel Rodríguez, existen barreras técnicas, como en el caso de los medios tecnológicos. “Por ejemplo, si queremos revisar lo que tienen los computadores, debemos tener en cuenta que son equipos que han estado desenergizados desde hace 10 años. En el momento que los conectemos, puede que prendan o se quemen. Si encienden y nos piden contraseñas, el Archivo General no las tiene. Y si aparecen las contraseñas y todo funciona perfectamente, la fecha se va a actualizar y entonces de ser una posible prueba judicial, pasa a ser algo modificado”, explica la funcionaria.
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Por ahora, lo que plantean desde la entidad es avanzar a la etapa de catalogación, lo que sí implica abrir las cajas, mirar los temas de los documentos y hacer una relación de los temas. Este paso es fundamental para facilitar el acceso a las víctimas, que en casos puntuales deben enfrentarse a la impactante imagen de las miles de cajas organizadas sin sentido y entre las que esperan encontrar en alguna hoja el nombre de sus familiares o victimarios.
Sin embargo, en este punto aparece un nuevo escollo: la falta de recursos. Este año el Archivo se gastó $2.542 millones en el mencionado diagnóstico y tiene previsto que las futuras fases cuesten por lo menos otros $12.700 millones. Decir las cifras es fácil pero el director Flórez aclara que el Archivo recibió $44.000 millones para funcionamiento e inversión y que en 2025 todo el sector Cultura, como lo advirtió el ministro Juan David Correa, sufriría un duro revés presupuestal por el archivo de la ley de financiamiento.
La apuesta del gobierno Petro por la desclasificación
A pesar del rezago en el proceso, desde el Archivo General aseguran que la llegada de Gustavo Petro al poder es uno de los factores que pone sobre la mesa el debate de la desclasificación de la información del DAS. “Sabemos que el anterior gobierno hizo esfuerzos que no necesariamente conducían a la materialización de los puntos del Acuerdo de Paz y el presidente Petro señala que es necesario avanzar hacia la implementación de estos. En esa dirección hay un componente de memoria importante en el que debemos trabajar”, comenta el director.
Flórez también lo define como “una sensibilidad particular” del Gobierno por tratar de contribuir a la búsqueda de la verdad a partir de los procesos de desclasificación de los archivos de inteligencia y contrainteligencia.
Además del informe del diagnóstico que recibirá la JEP antes de terminar 2024 y de la solicitud del presidente de liberar la información que tiene Estados Unidos sobre el Palacio de Justicia, el tema de los archivos de inteligencia y el factor Petro estará en boga el próximo año por el aniversario 40 de la conformación de la Unión Patriótica (UP) y el papel que habría tenido el Estado, incluido el DAS, en su exterminio político.
Por otra parte, cabe anotar que este año Colombia entró al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por lo que la desclasificación podría ser una posibilidad de demostrar que el país pone en el centro de los procesos de paz a las víctimas. En cualquier caso, desde el Gobierno piden tener “tacto” con el tema de las carpetas del DAS y dejar de crear mitos sobre su contenido, los cuales, incluso, según explican desde el Archivo General, podrían torpedear la función que tendrá en los próximos años de aportar a la reconciliación y no repetición de la violencia.
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Por David Efrén Ortega
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