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El pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta marchó desde su territorio ancestral hasta el tradicional puente Hurtado de Valledupar (Cesar), en vista de lo que para ellos es la violación de su autonomía y su libre determinación. Desde el miércoles no hay paso por allí, permanecen en resistencia miles de indígenas, mamos (autoridades tradicionales) y niños de la comunidad. Bajo el sol esperan la llegada del Gobierno: le guardan una silla al presidente Gustavo Petro para dialogar.
Los arhuacos aseguran que se les han violado múltiples derechos, pues la administración anterior ni la actual les ha reconocido la elección de su cabildo gobernador, quien es la máxima autoridad de los resguardos ante la institucionalidad. Así pues, si el Ministerio del Interior no certifica a la autoridad los indígenas completarán alrededor de dos años sin un interlocutor válido ante el Estado colombiano.
(Lea: “Encuesta Invamer: aprobación de Petro se mantiene estable”)
Si bien es cierto que el problema no radica exclusivamente en la gestión de este Gobierno, los indígenas sí creían que iban a tener una solución casi que inmediata porque, según dicen, estuvieron “comprometidos con el cambio de Gustavo Petro desde la campaña”. Igualmente, señalan que Germán Carlosama, el director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, no les da una respuesta clara.
De acuerdo con Norey Quigua, líder arhuaco y vocero de la movilización, “el Ministerio del Interior nada más tiene que emitir una certificación, es decir, que oficie como notario y dé fe de que hubo una elección. Eso es necesario para que nuestro cabildo gobernador haga algo tan fundamental como certificar quién es indígena y quién no”. Con eso, los arhuacos pueden “acceder a salud en el régimen subsidiado, ingresar a la educación superior con becas, registrar a nuestros bebés y resolver la libreta militar”, cuenta.
Al lugar del plantón llegaron ayer Carlosama y la viceministra del Interior, Lilia Solano; sin embargo, los indígenas aseguran que toda persona del Gobierno diferente a Petro o al ministro Alfonso Prada “será atendida para el diálogo, como es nuestra tradición, pero manifestamos con contundencia que no levantaremos la protesta. Ellos no vienen con poder de decisión y con la capacidad de resolver lo que nos tiene aquí reunidos”, asegura Quigua.
¿Cuál ha sido el problema con la certificación?
Desde hace dos años el pueblo arhuaco no tiene interlocutor válido con el Gobierno, pues la elección en 2020 de Zarwawiko Torres como cabildo gobernador desembocó en una larga disputa entre la comunidad. Miembros del pueblo denunciaron presuntas irregularidades en la elección, lo que llegó hasta la Corte Constitucional, que suspendió provisionalmente a Torres en 2021.
No obstante, en mayo de este año, tras una reunión de la asamblea general de esa comunidad, se ratificó que el cabildo gobernador sí sería Torres. Ahora lo que falta es la certificación. “Nuestra elección no debe ser puesta en duda: este y el gobierno anterior han querido entrometerse en los asuntos internos de nuestro pueblo arhuaco, haciendo caso omiso a las asambleas en donde se ha ratificado nuestra elección”, dice Digneri Izquierdo, cabilda de la comunidad de ATI Kuakumuke.
Precisamente, eso es lo que más ha molestado a los indígenas: la elección del cabildo gobernador es de carácter sagrado y ancestral, por lo que no conciben que representantes del Estado estén cuestionando su ejercicio. Ese proceso de decisión es resultado de una consulta espiritual liderada por los mamos, por lo que para la mayoría de la comunidad no hay “irregularidades”, mucho menos después de ratificar eso en mayo.
“Fue una decisión que tomaron nuestras madres y padres espirituales, pero se ha irrespetado. Esto es fundamental para el gobierno propio y la continuidad de la etnia”, señala Kuakumuke Zapata, joven líder de la comunidad. Adicionalmente, según cuentan desde la Confederación Indígena Tayrona (la organización arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta), el gobierno actual les irrespetó pues, el actual director Carlosama les dijo que tenía que “consultar con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)” para confirmar la decisión indígena.
Al respecto, Carlosama dijo a El Espectador que “vengo de un pueblo indígena y tengo claro que los usos y las costumbres de la comunidad son legítimos. Ellos y sus autoridades, los mamos, son los que deben decidir. Vamos a escuchar a las partes y comunicárselo al ministro Prada”. Agrega que “el Gobierno ya había propuesto una reunión. Nosotros sabemos escuchar y esperamos que se pueda resolver”. Igualmente, la viceministra Solano dice que “el diálogo es la única ruta”.
El director de Asuntos Indígenas afirma que “lleva muy poco en el cargo” y que las respuestas no están ligadas a que se presente el presidente o el ministro, “sino a que se pueda dar una solución concreta a la certificación y al conflicto que se presentó en la comunidad por la elección de Zarwawiko Torres”. No obstante, según Quigua “el Gobierno lleva alrededor de cuatro meses, ya es tiempo de que resuelvan esta situación”.
Por Laura Duarte Sandoval
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