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Lo que empezó con las denuncias de Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, quien asegura que fue sometida a pruebas de polígrafo por la pérdida de US$7.000 que le pertenecían a la entonces jefa de gabinete, hoy se ha convertido en una crisis de gobierno que no tiene un final claro a la vista.
En medio del fuego amigo entre Sarabia y el exembajador en Venezuela Armando Benedetti, quienes se acusan mutuamente de chantajes y desplantes, el caso ha escalado a denuncias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, el estancamiento de las reformas sociales en el Congreso e indagaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la financiación de la campaña Petro-Márquez.
Lo último está relacionado con los audios publicados por Semana este domingo, de lo que sería una conversación editada entre Benedetti y Sarabia. En estos se escucha al exembajador —nunca a la exjefa de gabinete— reclamar por su “espacio político”, mientras advierte con contar cómo consiguieron recursos para la campaña en el Caribe. Habla, sin pruebas, de $15.000 millones, menciona el Proceso 8.000 y en algún punto asegura que “nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”.
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Estas grabaciones levantaron una tormenta política que, como ya se mencionó, podría descargar sus coletazos más fuertes contra la agenda reformista del presidente Petro. También generaron la denuncia del excandidato presidencial Federico Gutiérrez contra el mandatario por supuestas irregularidades en la campaña presidencial.
Además de los audios de Benedetti, Gutiérrez motivó sus denuncias en las declaraciones de Day Vásquez, la exnuera de Petro, quien denunció ante la Fiscalía haber sido testigo de cómo el hijo del presidente, Nicolás Petro, supuestamente recibió dineros de narcotraficantes y empresarios cuestionados para la campaña. “Le pido al presidente que asuma la responsabilidad y renuncie (…) es un retroceso de muchas décadas en términos institucionales”, dijo Gutiérrez, quien también le pidió a la Comisión de Acusación sesionar públicamente cuando se trate de este caso.
A esto se suma la solicitud que la Misión de Observación Electoral (MOE) le hizo a la Fiscalía y al CNE, para adelantar investigaciones penales y administrativas que permitan averiguar si a la campaña del hoy presidente entraron los $15.000 millones que mencionó Benedetti.
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Hasta el momento las pruebas más concretas sobre posibles irregularidades en la campaña las tiene el CNE, que maneja un expediente que crece y crece con el paso de los días. Este diario conoció el último acto administrativo de dicho proceso, en el que el magistrado Benjamín Ortiz Torres solicita los testimonios de Armando Benedetti y Laura Sarabia, quienes deberán contar, el próximo martes 13 de junio, todo lo que saben sobre los dineros de la campaña presidencial del Pacto Histórico.
Más allá del reciente escándalo, el magistrado Ortiz trabaja en ese caso desde el pasado 2 de febrero, fecha en la que el CNE recibió quejas sobre presuntas irregularidades en la presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña en cuestión.
Lo primero que investiga el tribunal es por qué en la información reportada no aparece el contrato de prestación de servicios de Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol. Esto es clave por qué la campaña estuvo cerca de superar el tope de gastos en campaña: $27.453′094.557 para la primera vuelta y $12.840′703.931 para la segunda.
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A esto se suma una nota de La Silla Vacía, en la que se documenta cómo la campaña no habría registrado los pagos voluntarios a varios testigos electorales presentados por el Pacto Histórico. Según las cuentas, aunque oficialmente la campaña quedó a $19 millones del tope de gastos, no se habrían reportado los pagos a cerca de 1.000 testigos, a quienes le habrían enviado el dinero a través de servicios como SuRed, SuSuerte y Supergiros.
El CNE ya incorporó todas las notas periodísticas y demás pruebas al expediente y notificó al presidente y a los partidos del Pacto Histórico. En todo ese proceso el presidente estará representado por el abogado Julio César Ortiz, quien acaba de ser nombrado por Petro en la Cámara de Comercio de Bogotá y, además, lo ha acompañado en casos icónicos como el del fallo del contralor Alejandro Ordóñez.
Las posibles consecuencias del caso Petro
Aunque la investigación apenas avanza en su primera etapa, si el CNE comprueba irregularidades en la financiación de la campaña Petro-Márquez, el primero en responder sería Ricardo Roa, quien manejó la plata de la campaña y sabe cuáles son los préstamos solicitados, así como las inversiones en publicidad, eventos públicos y demás actividades de campaña.
Si la investigación prospera por el tema de la entrada de recursos de fuentes prohibidas, Roa tendría que pagar entre cuatro y ocho años de prisión, más una multa que va desde los 400 a los 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se trata de una violación al tope de gastos, la multa corresponde al mismo valor de lo excedido y la pena de presión estaría entre los cuatro y ocho años. En ambos casos también se sanciona con inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez serían corresponsables y tendrían que responder solidariamente. El CNE puede imponer multas, congelar los giros de reposición y ordenar la devolución parcial o total de los recursos públicos entregados a la campaña. En últimas, la Cámara de Representantes podría acusar al presidente ante el Senado y la Corte Suprema de Justicia impondría sanciones si los hechos no constituyen una pena de destitución del cargo o privación de derechos políticos.
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Por David Efrén Ortega
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