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Desde la cancha de fútbol de El Pomar, barrio Manrique, al nororiente de Medellín, el Gobierno lanzó este viernes el programa Jóvenes en Paz, que pretende ser la estrategia bandera del Ministerio de la Igualdad para aportar a la prevención de daños que puedan sufrir los jóvenes más vulnerables del país. Desde la tarima, la vicepresidenta y ministra, Francia Márquez, aseguró que el programa es mucho más que una transferencia económica, “es un programa donde se confía en el potencial de nuestra juventud”.
Y comenzó allí, en la capital de Antioquia, porque la estrategia busca ser una alternativa del Estado para que las bandas criminales que allí delinquen y con las que la oficina del Alto Comisionado de Paz tiene acercamientos, detengan los reclutamientos a niños y jóvenes. Este diario conoció que, aunque esa negociación todavía no tiene una agenda delimitada, uno de los primeros puntos que el Gobierno pondrá sobre la mesa será justamente ese: frenar la vinculación la juventud a la delincuencia.
Y en ese trabajo están tejiendo redes con otras carteras como Educación, Deportes, Ciencia, Ambiente, Minas y Cultura. Desde hace más de tres meses comenzaron las reuniones del gabinete para darle forma a la propuesta; la más reciente fue, justamente, cuando la vicepresidenta aterrizó en Medellín y citó al resto de ministros para hablar sobre las intervenciones en el evento y la dinámica del lanzamiento. Lo hizo de manera pausada, en el aeropuerto Olaya Herrera y no le tomó más de cinco minutos dar las instrucciones.
En la presentación estuvo presente la vicepresidenta Francia Márquez; la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia; y los ministros de Ambiente, Susana Muhamad; del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, de Ciencia, Yesenia Olaya; de Minas, Andrés Camacho, entre otras figuras del gabinete. Estaba prevista la presencia del presidente Gustavo Petro, pero el jefe de Estado no asistió y desde su oficina de prensa aseguraron que era por actividades de planeación estratégica para el próximo año.
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El programa, que dará inicio formalmente en enero del próximo año, consiste en brindarle oportunidades educativas y laborales a jóvenes entre los 14 y 28 años que habitan en zonas de vulnerabilidad para fortalecer una política de prevención al delito. El viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Óscar Sánchez Jaramillo, explicó que la intervención tomará dos fases: la primera, que tomará entre tres y cuatro meses y busca ofrecer nivelación educativa a través de metodologías lejanas a las convencionales.
En sus palabras, en esa fase “intervienen educadores alternativos, personas que tienen experiencia más allá de la escuela convencional trabajando con pelados en dificultades, con conocimiento del sistema de responsabilidad penal o muchachos que han tenido situaciones de calle para ayudarlos a reencontrar su proyecto de vida y su destino formativo”. Y, los nueve meses restantes, cada uno deberá entrar a algún proceso de educación formal, bien sea el colegio, la universidad o el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
Durante ese año, los jóvenes recibirían un subsidio del Gobierno de hasta $1 millón mensual, con lo que pretenden contribuir a las necesidades básicas de su mantenimiento. Y aunque en algún momento, en julio, cuando el presidente habló del programa, se refirió a este como “pagar por no matar”, lo cierto es que la propuesta, al menos en el papel, es mucho más ambiciosa.
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Aunque la meta es impactar a 100.000 personas, para empezar, el Departamento de Prosperidad Social contribuyó a identificar 6.360 jóvenes en situación de riesgo que están en Bogotá (1.200), Guachené (360), Puerto Tejada (480), Buenaventura (1.200), Quibdó (1.320) y Medellín (1.800). En todos los casos, viven en zonas de presencia de actores armados.
En el caso de la capital antioqueña, por ejemplo, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, —y vocera del Gobierno en los acercamientos con bandas—, explicó que este programa representa un primer paso en medio de los acuerdos que fijarán con esos actores. “Se trata de que podamos ofrecerle oportunidades diversas a los muchachos para que no decidan integrar una banda, un combo o un grupo armado en el Valle de Aburrá”.
Sin embargo, fue enfática en aclarar que los jóvenes que ya integran estas estructuras criminales no podrían beneficiarse de Jóvenes en Paz, entre otras cosas, porque el requisito para ingresar es justamente no tener órdenes de captura ni procesos judiciales en curso. “Para los muchachos que ya están en esas bandas, el proceso será otro y será con la justicia”, afirmó Zuleta.
Gareth Sella, viceministro de la Juventud y quien lideró el proceso junto a la vicepresidenta, aseguró que el Gobierno trabajará en una metodología rigurosa para que la transferencia del recurso económico mensual se le dé únicamente a los jóvenes que cumplan con los requisitos de permanencia.
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Inicialmente, plantea que cada uno debe permanecer mínimo cinco horas al día en cursos de emprendimiento, pedagogía para la paz, educación financiera, entre otros; además de tener la obligación de vincularse a un trabajo comunitario en su barrio.
Y en ese proceso de veeduría estarán varias entidades, entre ellas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En diálogo con este diario, su directora, Astrid Cáceres, explicó que esta es la posibilidad que tienen para trabajar con los jóvenes que estuvieron en procesos de responsabilidad penal adolescente. “Son jóvenes que han pagado su sanción, que salen del sistema penal a aportarle a la sociedad, pero que cuando vuelven a su entorno, corren riesgo de incidencia”.
Lo que buscan respaldar desde esa entidad es brindar un acompañamiento integral, con psicología y trabajadores sociales, para que esos jóvenes encuentren posibilidades académicas o laborales en el programa. “En el ICBF tenemos identificados a casi ocho mil chicos que ya cumplieron sanciones en el sistema penal; de esos, ya estamos priorizando quiénes comenzarían en la primera fase del programa”, contó.
La ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, le dijo a este diario que el aporte desde su cartera será involucrar los recursos del programa Jóvenes en Ciencia para la Paz. “A través de la ciencia se pueden constituir proyectos de vida que permitan fomentar vocaciones científicas y superar desigualdades sociales”, advirtió.
Otro de los temas que se discutieron fue el transporte y la alimentación escolar de los jóvenes beneficiados. Sobre el primero, estarían contemplando la posibilidad de que desde el Ministerio de Minas aporte energización alternativa. El viceministro Óscar Sánchez dijo que están estudiando la posibilidad de que se entregue desde bicicletas eléctricas, hasta lanchas eléctricas en el caso de las escuelas rurales.
Y aunque los esfuerzos están puestos esa articulación, en medio del evento, varios jóvenes con discapacidad auditiva le manifestaron al gabinete que su preocupación radicaba en no ser incluidos en estos beneficios. A través de lengua de señas, le dijeron a la vicepresidenta que no son pocos los años en los que les prometen ser incluidos en las políticas. “Es difícil volver a creer”, expresaron.
Aunque la vicepresidenta respondió refiriéndose a la Política Pública Nacional de Discapacidad, que está bajo su mando, las rutas para que esa población sea incluida en esta iniciativa, todavía no están claras.
Lo que sí explicó la vicepresidenta es que en ese camino se entrelazan el resto de carteras del Gobierno, y que la inversión a nivel nacional que tenga el programa dependerá de las proyecciones económicas de los ministerios para el próximo año. Esas cifras, por ahora, no se conocen.
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