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Lo que parecía un episodio más en la hasta ahora tranquila carrera por mantener la hegemonía política en Barranquilla y buena parte del Atlántico en las regionales de octubre, fue sacudido con fuerza por una orden de captura internacional que se libró contra una de las figuras más visibles de la poderosa casa Char y que, por primera vez en décadas, tiene con un pie en la cárcel a uno de sus integrantes.
Se trata del exsenador y expresidente del Congreso, Arturo Char, sobre quien la Corte Suprema de Justicia tiene pruebas de que habría sido pieza fundamental en una red de corrupción y compra de votos que buscaba llevar al Congreso a cuotas políticas de las familias Char y Gerlein y que tuvo como centro de operaciones su natal Barranquilla. Si bien la casa Char no necesitaría de aliados políticos para mantener el poder en el Atlántico, sí tuvo que valerse de alianzas con Cambio Radical y otros sectores de centro derecha para lograr impacto electoral a nivel nacional.
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De ahí que esa colectividad se aliste para expulsar al excongresista de sus filas y que la campaña de su hermano, Alejandro Char, por regresar a la alcaldía de su ciudad natal haya recibido, por primera vez, un golpe duro.
Char, Alejandro, puntea en solitario en todas las encuestas para suceder a Jaime Pumarejo –puesto y apoyado electoralmente por la poderosa familia–, por lo que el impacto del expediente de Char, Arturo, le puede generar ruido en un electorado que, en todo caso, lleva dos décadas siendo fiel a los designios del gamonal del también llamado clan: Fuad Char.
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“Siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales”, dijo Arturo tras conocer la orden de captura que emitió en su contra este miércoles la Corte. “Confío plenamente en la inocencia de mi hermano”, lo respaldó Alejandro.
Pero mientras Cambio Radical se enfrenta a tener entre sus exmilitantes a otro acusado más de corrupción y, por ahí derecho, a perder la curul que en 2022 ganó Arturo Char con 102.121 votos –fue su cuarta elección consecutiva al Capitolio–, y que ahora ocupa Carlos Julio González tras su renuncia al Senado en febrero pasado, el debate electoral en Barranquilla girará en torno a que el favorito en la contienda tiene a un hermano pendiente de si la Interpol lo captura en Miami (Estados Unidos) para que responda en juicio por compra de votos.
Incluso, ya se oyen voces que exigían la renuncia de Alejando a su candidatura. “Se derrumba el clan”, aseguró la senadora del Pacto Esmeralda Hernández. En contraste, el único senador de Cambio Radical que aceptó hablar del tema, Carlos Motoa, advirtió que “no podemos ocultar el sentimiento de solidaridad”. Y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder natural del partido, dijo: “Celebro la decisión de Arturo Char de regresar al país y presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, seguro esto ayudará en su defensa y le permitirá probar su inocencia”.
Pero, en medio de un ambiente político que terminará polarizándose con fuerza entre más cerca esté el 29 de octubre –día de las elecciones–, el despacho del magistrado Francisco Javier Farfán encontró mérito suficiente para ordenar la captura de Arturo y así propinar, con sustento judicial, el primer golpe duro a una de las familias política y económicamente más poderosas del Caribe.
¿Cuáles son las pruebas? El exsenador es investigado por concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravado, con base en las pruebas derivadas del expediente que judicializó la red de compra de votos para las elecciones de 2018 en el Atlántico el mismo y que tiene condenada a Aida Merlano Rebolledo.
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Arturo Char, de acuerdo con los folios judiciales, habría organizado la estructura delictiva previa a las elecciones para que Merlano llegara al Senado y su fórmula, Lilibeth Llinás, a la Cámara. Todo el entramado ilegal, según la Corte, se desarrolló en la llamada Casa Blanca, sede de campaña de Aida Merlano y quien, además, le ha dicho a la justicia que Alejandro Char, el candidato, también estuvo involucrado.
Además, el empresario Julio Gerlein figura como otro posible participante del entramado de corrupción electoral. Y aunque no se conocen desarrollos nuevos, la Fiscalía lo tiene en juicio desde hace años por porte ilegal de armas, concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravado.
El factor Merlano
Aida Merlano, condenada a 15 años de cárcel por corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas, regresó a Colombia deportada desde Venezuela el pasado 10 de marzo, después de haber escapado a ese país en 2019 en una cinematográfica fuga desde la ventana de un consultorio odontológico en Bogotá.
Desde que se radicó en Caracas, la excongresista empezó a dar detalles de lo que podía contarle a la justicia de lo sucedido en Casa Blanca y cómo funcionó el mecanismo de compra de votos que la habrían llevado a ella y a Arturo Char al Capitolio. Por su conocimiento del caso, la Corte incluyó su testimonio en la investigación contra Arturo Char.
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Si bien la excongresista ha sido protagonista de una serie de escándalos por sus revelaciones, que han incluido historias de infidelidad y complots para matarla, el alto tribunal validó su relato para entender la forma en la que se materializó la alianza entre los clanes Char y Gerlein y dilucidar a sus beneficiarios. Por ejemplo, la exsenadora explicó que participó en una reunión a la que asistieron el exsenador, el empresario y otro contratista de la región.
“Se tocaron temas como el apoyo electoral para la fórmula a la Cámara de Arturo Char que, en su momento, no se había escogido. Posteriormente, estuve presente en una reunión con Arturo y Gerlein para brindar el apoyo a Llinás”, dijo Merlano. La exsenadora agregó que, a finales de diciembre de 2017, se concretó el apoyo a su fórmula a la Cámara y resaltó que, en enero de 2018, se registró otro encuentro en el que se acordó una votación para el exsenador que ahora está con un pie en la cárcel y la también exrepresentante.
“Todos estos acuerdos fueron financiados por el contratista y Julio Gerlein con los anticipos entregados por Alejandro Char de la canalización de los arroyos de la 72 y la 76″, expuso. Otro de los episodios que Merlano le contó a la Corte, bajo juramento, es que tiene información sobre una supuesta “compra de jueces para favorecer a Julio Gerlein” en diligencias judiciales. Además, que podría hablar sobre la financiación de la compra de votos para obtener cinco curules en el Atlántico para Cambio Radical. Eso sí, todos los salpicados, por aparte, han negado este tipo de señalamientos.
En otro testimonio que tuvo en cuenta la Corte en la investigación contra Char, Merlano reveló que él mismo fue el gestor de la compra de votos para su propia campaña al Senado y que tenía un grupo de confianza que hacía ese tipo de labores a favor de Merlano. Entre ellos, mencionó a Adalberto Llinás, hermano de Lilibeth Llinás, quien fue coordinador de la compra de votos, según el testimonio de Aida Merlano. Es más, según la Corte, este hombre se encargó de conseguir 10.000 votos a favor de Arturo en el Caribe.
Además del testimonio de Merlano, el alto tribunal tiene una lista de testimonios, pruebas documentales, videos e informes de policía judicial, entre otros, que han ido robusteciendo la teoría de que Char debe defenderse desde la cárcel, pues la Corte ni siquiera le dio el beneficio de prisión domiciliaria.
Lo que está ahora por verse es si se repite el antecedente del exministro Andrés Felipe Arias, quien huyó a Estados Unidos antes de que la Corte lo condenara por el escándalo de Agro Ingreso Seguro y, solo hasta 2019, las autoridades estadounidenses resolvieron extraditarlo de regreso a Colombia. La diferencia es que el exfuncionario del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe ya estaba condenado, mientras que contra Char solo pesa orden de captura. En Barranquilla, en el Congreso y en el Palacio de Justicia hay expectativa, pero gran parte de ese procedimiento depende de la Cancillería de la administración de Gustavo Petro.
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