Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Sidssy, usted ha sido la cara visible de su familia para exigir que la justicia actúe y condene a los culpables del asesinato de su hermano Lucas Villa ocurrido hace 5 años. ¿Cómo y en qué momento ocurrió el atentado?
El 5 de mayo de 2021, Lucas estaba en una manifestación pacífica que se estaba realizando ese día en Pereira. Hacia las 7 de la noche, una mujer de una camioneta blanca que estaba ahí, empezó a repartir pan y gaseosas entre los muchachos de la marcha. De acuerdo con unos testigos, cuando un manifestante se acercó a recibir el refrigerio, ella le pidió que llamara al “muchacho de la camiseta azul”, o sea, mi hermano. En ese momento, según los videos que se recogieron después, un láser de luz violeta apuntó hacia el cuerpo de Lucas. Parecía como si lo estuvieran marcando. Él estaba cerca del Viaducto César Gaviria, en el lado que conduce de Dosquebradas a Pereira. En el otro lado, había una persona que parecía un habitante de calle en muletas. Este llamó la atención de mi hermano gritando frases a favor de Uribe Vélez. Lucas pasó la vía y se puso a debatir con él. Como el hombre insistía en su discurso, Lucas le dijo, en voz alta: “al ignorante, al terco, al dormido: ¡despierte!” En ese momento mi hermano se volteó, alcanzó a unos pasos y empezaron los disparos.
¿Cuántos sicarios había? ¿Alguien los vio?
Los videos evidenciaron que dos sicarios llegaron en una moto y que, detrás, venía otra moto solo con el conductor. Uno de los primeros se bajó, se acercó a Lucas, le gritó “gonorrea” y le disparó. Se escucharon 8 descargas pero en el cuerpo de mi hermano se encontraron heridas hechas por 4 balas. Sin embargo, en la autopsia no recuperaron ni un casquillo. En el atentado también hubo otros dos heridos, una chica y un muchacho de 17 años que se tiró al piso para salvarse. El sicario también le disparó a él.
En las investigaciones posteriores, ¿supieron quién era la mujer de la camioneta y quién, el habitante de calle? Era importante saber si tenían algo que ver con el atentado o descartarlos como sospechosos…
De ella se supo que era la hija de un uniformado de la Policía. El habitante de calle llegó, después, a la clínica Comfamiliar donde estaba siendo atendido mi hermano. En otros videos de las cámaras de la clínica también se ve a dos hombres, presuntamente agentes del CTI (eso dijeron) llevándose al supuesto indigente que fue identificado, después, como Javier Darío Clavijo. Este señor afirmó, en la clínica, que había grabado a los sicarios. Pero antes de que alguno de nosotros, los familiares de Lucas, pudiéramos hablar con él, lo sacaron de las instalaciones médicas y le quitaron el celular en donde estaría la grabación del momento en que atacan a Lucas. Ni Clavijo ni su celular volvieron a aparecer. Hoy no sabemos nada sobre él.
¿“cómo podemos creer que se sabrá la verdad y se castigará a los culpables?”
¿Qué quiere decir usted cuando afirma que marcaron con luz de láser el cuerpo de Lucas?
En los videos consta cuando mi hermano está recibiendo los panes que estaba entregando la mujer de la camioneta blanca. En ese instante se ve que una luz violeta apunta al cuerpo de Lucas. Un muchacho desconocido tenía ese láser. Lo que nos inquieta es que, minutos después, empezó la balacera.
El sicario que disparó, ¿estaba a cuántos metros de distancia de Lucas y en dónde lo impactaron las cuatro balas?
El sicario estaba, aproximadamente, a metro y medio de mi hermano. Primero disparó y le dio en la rodilla derecha; dio la vuelta alrededor de Lucas y lo atacó, dándole en la cadera por el lado izquierdo; disparó una tercera vez contra la espalda pero la bala quedo alojada en el bolso que él llevaba atrás. Y la última bala impactó el oído izquierdo. Tan cerca estaba el sicario en ese momento, que la quemadura del tatuaje quedó en la oreja. La repetición de los cuatro balazos contra mi hermano, indica, claramente, que él era el objetivo del ataque.
El sicario, ¿cómo estaba vestid y cómo pudo huir sin que nadie intentara detenerlo?
Según los testigos, el sicario se puso un buzo negro con capota sobre la cabeza que le tapaba parte de la cara. Las motos en que estaban los tres asesinos salieron rápidamente hacia la zona de los barrios San Judas y El Balso en donde todo el mundo sabe que hay ollas de microtráfico. Entre los manifestantes no había nadie que pudiera detenerlos. Y no había policía ninguna autoridad.
¿Lucas había recibido amenazas o alguna advertencia por su activismo estudiantil?
No, directamente. Sin embargo, testimonios de amigos cercanos, las primeras investigaciones y videos muestran que unos días antes, cerca de la casa de Lucas, un tipo corpulento se baja de una camioneta, saca un arma sin balas y hace el gesto de disparar hacia arriba. Eso nos pareció extraño. Además, en un grupo de WhatsApp de compañeros de estudios de Lucas, días antes del ataque se vincularon dos números desconocidos que nadie conocía. Y también uno de los miembros del grupo había sido requerido por un militar cuando pasaba frente al Batallón San Mateo: le pidió que entregara su teléfono para una requisa. Al parecer, al menos cuatro estudiantes de ese chat, incluyendo a Lucas, habían estado siendo perfilados.
En cuanto a la investigación judicial y a cinco años del crimen, ¿ha habido avances? ¿Cuántos condenados hay por el asesinato de Lucas que ocurrió en medio del llamado “estallido social” de 2021 durante el cual murieron, al menos, 46 manifestantes (según datos verificados por la Oficina del Comisionado de la ONU para los D.H.); más de 1000 fueron heridos y más de 100 padecieron traumas oculares con afectaciones de por vida?
No hay condenados y la investigación ha estado prácticamente paralizada. La fiscalía de Pereira, en la administración de Francisco Barbosa, nos “amarró” con un escrito de acusación durante cerca de 2 años con lo cual se perdió el tiempo inmediato después de ocurridos los hechos cuando todavía se pueden recopilar las pistas. La fiscalía orientó sus actuaciones contra tres presuntos autores materiales y articuladores del crimen que pertenecían a una misma familia que vivía en el barrio en donde se ocultaron los sicarios la noche del crimen. De los tres sospechosos, dos fueron capturados. Pero en desarrollo de las audiencias, la juez del caso oyó a uno de los testigos de la fiscalía que manifestó que fue presionado por los “judiciales” para que declarara – sin que nada le constara – en contra de los detenidos a cambio de no judicializarlo a él, en otro proceso. El segundo testigo no se presentó. Por tanto, la jueza concluyó que hubo sesgos que la fiscal que adelantaba la investigación no tenía pruebas contra los detenidos. En otras palabras, era un falso positivo judicial. Los acusados quedaron en libertad.
Pero yo recuerdo que el fiscal general, Francisco Barbosa cobró el triunfo del proceso investigativo por el crimen cometido contra la vida de Lucas, en una visita que hizo a Pereira, tiempo después. Y que usted le hizo un fuerte reclamo que, incluso, fue registrado en la prensa…
Sí. Cuando se produjo la captura del primer sospechoso de estar involucrado en el asesinato de mi hermano, Barbosa manifestó que el caso ya estaba resuelto. Después, ese capturado fue dejado en libertad, como dije, por falta de pruebas en su contra. Cuando vino a Pereira, después del crimen, le reclamé al fiscal general que dijera que el caso estaba resuelto. Cuando le grité que no había justicia para Lucas, su esquema de seguridad lo sacó del evento y no me respondió nada. Mi reclamo, evidentemente, tenía el fin de obtener justicia para mi hermano porque temía, y continúo temiendo, que la fiscalía involucre a personas que no tengan ninguna relación con los hechos; y que, mientras tanto, los autores intelectuales y materiales sigan libres y sin ser llevados ante la justicia. Mi lucha, en memoria de Lucas, es contra de la impunidad.
La actual fiscalía en cabeza de Luz Adriana Camargo en Bogotá, y sus fiscales de Pereira, ¿han avanzado o tampoco se han interesado en reunir las evidencias para lograr la condena de los asesinos de Lucas?
A pesar de que las organizaciones de derechos humanos de la ciudad han tenido la oportunidad de entablar conversación con la fiscal Camargo, y de manifestarle, en mi nombre, que requerimos atención en los ataques a los líderes estudiantiles ocurridos durante el “estallido social” y, en especial, el proceso de investigación por el asesinato de mi hermano, no ha habido ningún pronunciamiento ni interés en que la investigación avance. En este momento, falta que se resuelva la apelación que la fiscalía presentó en contra de la sentencia de primera instancia.
El crimen en contra de Lucas, ¿fue enmarcado, judicialmente, en los numerosos casos de ataques policiales dirigidos – en el periodo del gobierno Duque – contra de los líderes sociales y estudiantiles para, al parecer, debilitar o desestimular la asistencia a las protestas?
No. En el escrito de acusación de la fiscalía, el caso contra la vida de mi hermano fue calificado como producto de un delito ordinario. La fiscalía no quiso vincular el asesinato de Lucas a la situación de ataques a los manifestantes en las protestas sociales. Por el contrario, el enfoque que le dio, fue el de un asesinato más de los ordenados por la banda “La Cordillera” de manera autónoma, con lo cual desmarcó el proceso investigativo de su verdadero contexto.
Entonces, el asesinato de Lucas se encuentra en absoluta impunidad.
En efecto, la impunidad total impera en el caso de mi hermano. Los indicios que hubo sobre la presunta complicidad de la Policía Metropolitana de Pereira, fueron omitidos. La noche del crimen, por ejemplo, no hubo uniformados para acompañar la manifestación. Los agentes del CTI de la fiscalía solo llegaron al lugar más de doce horas después, hacia las 9 de la mañana del día siguiente. Se presentaron cuando ya las pruebas habían sido contaminadas o habían desaparecido. En la minuta de esa noche, se lee que el mayor de la Policía contactado por el CAI de la Libertad para reportarle los hechos, manifestó que el despeje del viaducto (después del ataque) era “un milagro”, en lugar de preocuparse por acordonar la zona como corresponde hacerlo cuando se comete un crimen. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Aníbal Villamizar, no hizo nada para proteger a los manifestantes, como era su deber constitucional, a pesar de que un contingente bajo su mando se encontraba a pocas cuadras de distancia. Por el contrario, después se estableció que se les dio la orden a los cuadrantes de no acercarse al sitio. Villamizar fue el mismo oficial denunciado por el montaje de una olla del microtráfico que vino a celebrar el ministro de Defensa del gobierno Duque, Diego Molano, y que resultó ser solo la casa en ruinas de una anciana.
En principio también se dijo que las autoridades civiles podrían tener algún grado de responsabilidad por acción o por omisión ¿Qué recuerda usted?
Para nosotros, los primeros indicios podían conducir a la posible complicidad de las autoridades locales. Tres días antes del ataque, el alcalde de la ciudad, Carlos Maya declaró que había que conformar frentes de defensa civil para proteger a los “verdaderos” ciudadanos, o sea, a “los pereiranos de bien”. Esa declaración fue, para nosotros, una señal de la permisividad de las autoridades con los civiles que quisieran actuar por su cuenta. La ausencia de patrullas en el viaducto; el intento de un agente de policía de quedarse con los documentos de mi hermano cuando este estaba gravemente herido en la clínica; las exigencias de otros agentes para que les entregaran sus pertenencias; las extrañas comunicaciones de la clínica con el papá de Lucas que vivía en Neiva y que nunca había tenido contacto con mi hermano, para consultarle si lo desconectaban y si permitía la donación de sus órganos, en lugar de hablar con mi mamá que había vivido siempre con él; el “apagón” de la energía y de las cámaras del sector; todo lo anterior nos llena de dudas y conduce, para nosotros, al ocultamiento de posibles responsabilidades oficiales.
“La juez señaló la necesidad de reencauzar los hechos haciendo un llamado a la fiscalía para que la investigación se enmarque “estallido social” y en el liderazgo de Lucas”
Otras instituciones estatales, por ejemplo, la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo, ¿han mostrado interés o voluntad para que la investigación avance?
Entre todas las instituciones, agradezco a la juez que ha atendido el proceso porque fue ella quien evidenció los errores de sesgo y la falta de pruebas en la acusación en contra de los primeros capturados, y la débil incriminación fabricada en contra, solamente, de una estructura criminal. La juez, también, señaló la necesidad de reencauzar los hechos criminales haciendo un llamado a que la investigación se enmarcara en el clima del “estallido social” y en el carácter de liderazgo social de Lucas en las manifestaciones. Sin embargo, mantenemos la incertidumbre sobre la verdadera voluntad que tienen las entidades en querer resolver el caso.
¿Es cierto que el condenado senador Mario Castaño, quien ya falleció y fue condenado por el llamado “escándalo de las marionetas” (red de corrupción con contratos públicos en el gobierno Duque) se comunicó con usted pocas horas después del asesinato?
Días después del atentado y del deceso de mi hermano, recibí la llamada de una persona que me dijo que me hablaba en nombre del senador Mario Castaño. Me comunicó que él quería ayudarme. Yo no lo conocía. Poco después escuché la voz el senador. Recuerdo que fue una conversación muy corta en que repitió que deseaba ayudarme. Y me pidió que si aceptaba una entrevista con la W Radio. Me pareció raro. No volvimos a comunicarnos.
También se ha publicado que usted y su esposo han sufrido amenazas y seguimientos ¿Es cierto?
Sí. En la clínica, antes del anuncio del fallecimiento de mi hermano, cuando tuvimos la impresión de que querían apartarnos a mí, a mi esposo, a mis otros hermanos y a mi mamá, de las decisiones sobre el soporte vital que se le estaba suministrando a Lucas, y sobre la suspensión del mismo, nos llegaron las primeras amenazas. Nos llamaron y el mensaje que nos dejaron fue: “paran o los paramos, hp…” Después, notamos cómo nos seguían motos sin placas, u ocurrían otras cosas extrañas, además de las amenazas en redes en una de las cuales decían: “si sigue así, le va a pasar lo mismo que a su hermano”.
¿Ustedes tienen apoyo de abogados que los representen y defiendan los derechos de su familia?
Afortunadamente contamos con el acompañamiento de la Corporación Jurídica Libertad. Tenemos esa tranquilidad. Sin embargo, nos queda una gran incertidumbre sobre la voluntad de la justicia colombiana sobre la búsqueda seria de los responsables del crimen que le arrebató la vida a Lucas. Y también, sobre los hechos que siguieron a su asesinato cuando a otros líderes estudiantiles les hicieron llegar mensajes, de nuevo, por WhatsApp, en donde les advertían que lo que le pasó a mi hermano, les podía suceder a ellos. La fiscalía determinó que la ubicación del aparato del que salieron esas amenazas, está en el lugar de residencia de un oficial. Se abrió una investigación, pero tampoco ha avanzado nada. Así, ¿cómo podemos creer que se sabrá la verdad y se castigará a los culpables?
Conoce más