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De los 86 votos con los que se aprobó la reforma a la salud el pasado 6 de diciembre, 20 fueron del Partido Liberal. Un bloque disidente a su director, al expresidente César Gaviria, ha logrado mantener a la colectividad en la coalición petrista y ha brindado apoyo y quórum casi que sin reservas a las iniciativas gubernamentales, a pesar de la evidente fragmentación interna.
Algunos representantes se han mostrado convencidos del proyecto político del “cambio”; sin embargo, otras voces en el Congreso, incluyendo miembros del mismo partido, afirmaron que unos de ellos han sido persuadidos con la estrategia del menudeo político. Según contaron, en una reunión en la Casa de Nariño a mediados de junio, a la que asistió la actual directora del DPS, Laura Sarabia, habrían acordado el apoyo necesario para las reformas con ese sector, si obtenían representación en la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter).
Juan Carlos Muñiz, quien fue secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla en la alcaldía de Jaime Pumarejo, se posesionó en julio como el director de Findeter, presuntamente por gestión de la representante liberal por el Atlántico, Jezmi Barraza, quien sería cercana al funcionario a través de su padre, el diputado Sergio Barraza (Cambio Radical). Y según congresistas liberales, con esa cuota un grupo de 10 representantes, entre las que están Barraza, Sandra Aristizabal, entre otras, estarían logrando recursos para sus regiones. Findeter es la entidad encargada de girar recursos para financiar proyectos territoriales. Este diario consultó a las representantes y dijeron que “no es verdad”.
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No obstante, ese no es el único hilo que las une con el gobierno de Gustavo Petro. Una de ellas sería la representante María Eugenia Lopera, cercana al sector político del excongresista Julián Bedoya y quien apoyó a Petro en Antioquia. Ese grupo logró ubicar en junio al exrepresentante liberal Luciano Grisales Londoño en la dirección de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP). Además, quien fue el gerente de campaña de Bedoya al Congreso en 2022 tiene una contrato en el Ministerio del Interior desde el 27 de marzo de este año por $22.000.000 para “prestar sus servicios, con plena autonomía técnica, a la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha Contra la Trata”.
En el Mininterior no solo habría cercanos al grupo político de Bedoya, pues en esa cartera también está contratado el hermano del representante por el Putumayo, Carlos Ardila. En julio, el ciudadano Cesar Manuel Ardila Espinosa firmó un convenio por $59.333.333 para prestar servicios apoyando a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, cofinanciados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (FONSECON). El congresista dijo a El Espectador que su hermano “trabaja desde el Gobierno Santos” en esa cartera. “Salió un tiempo y regresó hace algunos meses” y negó haber intervenido.
En agosto, en Mininterior también llegó un cercano del representante Jhoany Palacios Mosquera, en donde uno de los donantes a su campaña, Yaison Tamayo Mosquera, recibió dos contratos para prestar sus servicios en asuntos para comunidades negras y afrocolombianas y adelantar acciones ante las Agencia Nacional de Tierras (ANT). Además, en esa agencia está contratada desde julio de 2023 la ciudadana María Macea Vergara, una de las donantes a la campaña de Karyme Cotes, por $30.680.000 en la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, para brindar apoyo jurídico a los procesos y procedimientos.
Hay que decir que la reforma a la salud fue aprobada por los liberales Álvaro Monedero, Andrés Calle, Aníbal Hoyos, Carlos Ardila, Diego Patiño Amariles, Dolcey Torres, Germán Rozo, Héctor Chaparro, Hugo Archila, Silvio Jose Carrasquilla y el grupo de 10 mujeres, conformado por Gilma Díaz, Elizabeth Jay-Pang Díaz, Flora Perdomo, Jezmi Barraza, Karyme Cotes, Kelyn Johana González, María Eugenia Lopera, Mónica Karina Bocanegra, Olga Beatriz González y Sandra Aristizabal, quienes se han autoproclamado como las “liberales sin piedad (Correal)”, según contaron.
Por su parte, tres de los aportantes a la campaña del representante David Chaparro también estarían contratados en el Gobierno. El ciudadano Daniel Valderrama contrató en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por $28.350.000 en junio; Yeison Alfonso Sarmiento adquirió un convenio en el Instituto Nacional de Vías (Invias) por $32.980.000 también en junio; y Deicy Melo Serrato, gerente de la campaña de Chaparro en 2022, contrató en Minsalud por $62.500.000 el 27 de marzo de 2023 para “apoyar a la Dirección de Epidemiología y Demografía en Salud Pública”.
Convenios con el Estado
El Espectador no solo encontró contratos de congresistas liberales en el Gobierno, también en entidades del Estado como en la Defensoría y en la Contraloría, que se encuentra en medio de una disputa política luego de que en mayo se anulara la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez -cercano al Gobierno-. En la Contraloría están contratados cercanos a Andrés Calle, como una de las donantes a su campaña en 2022, por $15.000.000. Y el asesor de imagen en 2018 de Flora Perdomo recibió dos convenios, uno en junio y otro en octubre, por $34.450.000 y por $9.983.334 para apoyar al despacho del contralor delegado para el sector defensa. También una de las donantes a la campaña de Sandra Aristizabal recibió un contrato por $16,000,000.
Además, los congresistas liberales también tendrían representación en la Defensoría. La esposa del representante Germán Rozo es funcionaria de la entidad y por lo menos dos de sus cercanos tienen contratos. Una de las donantes en 2022, Laura Castellanos obtuvo un contrato por $15.000.000 y su gerente de campaña, Luis Oliveros, contrató por $54.901.575 como abogado.
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Por otro lado, uno de los mayores donantes a la campaña de la representante Kelyn González, también firmó con la Defensoría por $59.719.500 desde el 2 de febrero. Por su parte, Andrés Calle tiene por lo menos dos de sus donantes en la Defensoría.
En en Partido Liberal se mantiene una notoria fragmentación, y el sector gavirista señala a sus copartidarios de apoyar los proyectos de Petro por las cuotas, si bien, como partido oficialista, tendrían derecho a esa burocracia. Algunos de sus miembros también reconocen a los ministros de Justicia, Néstor Osuna; de Vivienda, Catalina Velasco; y de Interior, Luis Fernando Velasco como parte de su representación.
Por ahora, hay liberales que quieren aproximarse aun más al Gobierno, mientras otros proponen hasta abandonar la coalición. Todo, ad portas de que el partido tome la decisión en mayo de 2024 -en su Convención Nacional- sobre si mantener a Gaviria en la dirección o sacarlo. Los ánimos ya indicarían que el expresidente se extendería su periodo como jefe de la colectividad.
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Por Laura Duarte Sandoval
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